El juzgado de Puertollano archiva provisionalmente las diligencias por la consolidación de 200 trabajadores del Ayuntamiento

Santos G. Monroy.– El juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano dictaminó el pasado mes de mayo el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones por la consolidación de 200 trabajadores realizada en el Ayuntamiento de la ciudad minera entre los años 2006 y 2010, si bien esta decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real por la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP),

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa los portavoces de FIDAP, Juan Francisco Valbuena y Facundo Real, que han explicado que un auto del juzgado decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias al considerar que no queda acreditada la ilegalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, tomando como referencia un informe de la Diputación de Ciudad Real.

Valbuena ha puntualizado que el colectivo recurrió esta resolución judicial, y sigue esperando el dictamen de la Audiencia, al considerar que fue tomada con la base de un informe «engañoso e inexacto» que podría estar presuntamente «dirigido» por la relación de determinados funcionarios de la Diputación con el Ayuntamiento de Puertollano y el anterior equipo de Gobierno.

El procedimiento que sí sigue en curso es el que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano por el caso de la aprobación en pleno de la amortización de 12 plazas de ayudante de matarife en 2010, también vinculado al proceso de consolidaciones de la época.

En este sentido los representantes de la plataforma han lamentado la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano, que en providencia de 30 de agosto de 2019 ha comunicado al colectivo que ya no puede seguir como acusación particular y deberá hacerlo como acusación popular.

Una fianza de 6.000 euros

Valbuena ha mostrado su sorpresa ante una decisión judicial que admite la recusación presentada por la defensa del Consistorio e implica que, como acusación popular, los miembros de FIDAP deban aportar una fianza de 6.000 euros, «algo que no se puede permitir un grupo de personas en desempleo».

En este sentido ha puntualizado que un auto del día anterior, de 29 de agosto de 2019, la jueza había dictaminado que la recusación debía desestimarse, por lo que «no entiende» el cambio de postura judicial en 24 horas y por qué FIDAP no puede seguir como acusación particular, en su calidad de «colectivo afectado», según defienden, después de cuatro años de litigio.

En el auto de 30 de agosto, que ha sido recurrido por la plataforma de interinos despedidos, el juzgado considera que FIDAP debe personarse como acusación popular al no reunir los requisitos necesarios tras la fragmentación de la causa por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

En diciembre de 2018, a petición de la Fiscalía el juzgado citó en condición de investigadas a 23 personas, incluidos concejales de PSOE, PP e IU, secretario e interventora accidental, que intervinieron en el acuerdo plenario de amortización de las 12 plazas de ayudante de matarife, en las diligencias de la causa judicial interpuesta contra el Ayuntamiento por presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de consolidación de estas plazas en el año 2010.

Los representantes de la plataforma FIDAP ha insistido este miércoles en que se crearon puestos de trabajo «con nombres y apellidos», sin oferta pública de empleo, para unos puestos de trabajo que a día de hoy siguen sin desempañarse, y para ello se tuvieron en cuenta unos méritos que jamás se llegaron a producir porque en el matadero hacía más de tres años que no se sacrificaban animales, dicen. «Tanto es así que IU, en una comisión informativa de 24 de noviembre de 2009, llegó a afirmar que todo este proceso era una prueba de clientelismo político», han remachado.

El origen del caso fue la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano por 18 de los 69 exfuncionarios interinos que fueron despedidos en diciembre del 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero, durante el mandato de Joaquín Hermoso Murillo. Por el momento, la denuncia del fiscal va dirigida exclusivamente contra Josefa Amaro, quien fuera concejala de Personal en la época en que se produjeron los hechos investigados.

La iniciativa del colectivo cristalizó en una acusación de la Fiscalía por la consolidación de las controvertidas plazas del matadero municipal, al entender que se crearon, mediante concurso oposición, “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo» tras el cierre definitivo de las instalaciones de sacrificio de animales.

FIDAP pretendía ampliar la instrucción de posibles irregularidades a la totalidad del proceso de consolidación de 200 trabajadores realizado entre los años 2006 y 2010. La Audiencia Provincial de Ciudad Real, concedió, en diversos autos, la posibilidad de abrir piezas separadas por otros hechos relacionados que pudieran revestir caracteres de delito.