La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha pedido una pena de seis años de prisión para R.S.O. y E.A., el matrimonio considerado cabecilla del grupo criminal que blanqueaba dinero procedente de la venta de droga en Puertollano, detenidos por la Policía Nacional en la operación Carbonel iniciada en 2016. Para otros nueve acusados considera que procede imponer una pena de cinco años y seis meses, y para el último de ellos, dos años de prisión.
Dependiendo de cada caso, a los acusados se les imputan delito de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas o delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas.
El fiscal ha interesado el sobreseimiento del caso para otros 18 investigados, al entender que no existen indicios suficientes como para enervar el principio de presunción de inocencia.
La vista tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Ciudad real los días 13 y 14 de octubre a las 10.00 horas.
El pasado mes de enero, otros cinco acusados ya acordaron seis meses de prisión y multas que oscilan de los 6.000 a los 15.000 euros, pero el matrimonio hispano-paraguayo formado por los acusados R.S.O. y E.A., a los que se les acusaba antes de la negociación de ser los cabecillas del supuesto grupo criminal, no se presentaron en la Audiencia, por lo que ordenó su detención e ingreso en prisión.
Según consta en el escrito de la Fiscalía, este procedimiento constituye una pieza separada de las diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano que concluyó con sentencia condenatoria firme, de 19 de octubre de 2017, dictada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, de R.S.O. a tres años de prisión.
La operación Carbonel se inició en 2016 y culminó con la detención de 39 personas tras conocerse que vecinos de Puertollano podrían estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína.
A partir del momento en el que se detectó el tráfico de drogas, se empezó la investigación, centrada en una conocida familia, y la Policía Nacional comprobó que se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes.
Según informó la policía, tras varios meses de gestiones de investigación, se constató que los miembros de esta familia actuaban como un grupo criminal especializado en el tráfico de drogas «tomando múltiples medidas de seguridad, tales como cambios constantes de móviles, utilizar diferentes trayectos para ver si son seguidos, dar cobertura a sus viviendas, cuando entraban o salían, para detectar si estaban vigiladas, etc.».
La operación constó de cuatro fases. Las dos primeras se centraron en la represión del tráfico de sustancias estupefacientes y organización criminal, y las restantes en el blanqueo de capitales.
La primera fase se inició a finales de marzo de 2016. Se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios, la detención de seis personas y la incautación de 750 gramos de cocaína, 421 gramos de marihuana, 11.565 euros y un vehículo turismo. Esta fase se desarrolló entre las localidades de Puertollano y Argamasilla de Calatrava.
La segunda fase dio comienzo en enero de 2017, continuándose la investigación por tráfico de drogas e iniciándose una investigación patrimonial a los detenidos en la fase anterior, que terminó con el resultado de seis personas detenidas y la incautación de 753 gramos de cocaína, 163 gramos de marihuana, 13.140 euros y un vehículo de alta gama. Esta fase se centró en las localidades de Puertollano, Manzanares y Tomelloso, donde también se practicaron cinco registros domiciliarios.
La tercera y cuarta fase se centraron en el blanqueo de capitales, al haberse detectado, entre la documentación incautada en los registros anteriores, que se estaba enviando cantidades de dinero a Paraguay.
La investigación permitió documentar el envió a Paraguay, desde diferentes puntos de España, de más de 330.000 euros entre los años 2013 al 2016, dinero que servía para pagar, entre otras cosas, la cocaína que se estaba introduciendo en España y que la organización criminal distribuía por diferentes regiones del territorio nacional.
En la ramificación existente en esta zona, se detectó que los cabecillas son un conocido matrimonio con una clara distribución de roles: el varón se encarga de la distribución de la cocaína a medianos y pequeños traficantes y su mujer hace de enlace para el envío de dinero a la organización.
Durante todo el desarrollo de la operación Carbonell, se incautaron 37.231,00 euros, 1,5 kilos de cocaína, 8 kilos de marihuana, 20 gramos de hachís, se han intervenido 6 vehículos ( 5 turismos y 1 furgoneta) y se detuvo a 39 personas.
La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Puertollano (Ciudad Real), que contó con el apoyo de la UPR de Albacete, de guías caninos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Madrid) y de las Brigadas de Policía Judicial y Extranjería y Fronteras de Ciudad Real.
Por su parte, el escrito de acusación explica que entre los años 2012 y 2016 el matrimonio hispano-paraguayo formado por los acusados R.S.O. y E.A., presentaba un alto nivel de vida que no se correspondía con actividad laboral alguna ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros, a cambio de dinero u otros efectos tales como móviles.
El matrimonio, «con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», según el escrito del fiscal, lideraba en España un grupo de personas con idéntico ánimo, «debidamente estructuradas» que se dedicaban a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay en la localidad de Puertollano constituyendo esta actividad el medio de vida para todos ellos y cuyo entramado se gestiona por un mínimo de once personas todos con algún parentesco entre ellas.
Como medio de pago de la droga proporcionada desde Paraguay, así como para repartir con ellos los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, el matrimonio utilizó envíos de dinero a Paraguay, a través de las oficinas de correos u otras compañías. Explica el escrito que así le otorgaban al dinero obtenido de dicha actividad ilícita apariencia legal. También asegura el escrito que con este método llegaron a blanquear durante los años 2012 a 2016 hasta 333.439,76 euros.
Un método que también siguieron el resto de integrantes del grupo, unas veces por sí mismos o a través de terceros. Los destinatarios, a su vez, eran por un lado personas sin vínculo aparente con los miembros de la organización y en otras ocasiones se trataba de familiares de una de las acusadas.
Por otro lado, el blanqueo también se hacía efectivo, según la teoría de la Fiscalía, mediante la adquisición por parte de cuatro de los acusados de bienes muebles e inmuebles utilizando a otros integrantes del grupo como testaferros u otras personas no vinculadas con el entramado para ocultar la procedencia ilícita del dinero.
España sigue siendo uno de los países benévolos con el lavado de dinero…..
Aquí lo suelta el Charles y no dice en qué consiste la benevolencia. ¿Querrá decir que está poco castigado?, ¿que se hace la «vista gorda» con estos delitos?…»vaya usted a saber». Pero bueno, Charles, es sabio, y los demás, no lo somos.
Te recuerdo las maletas llenas de billetes en barajas de tus homólogos, o lo dejamos para otro post?
Como aquí en puertoquinqui,vivimos en dictadura boliviana Habana o na na