La Senadora socialista, Carmen Mínguez, afirma que el Gobierno de España trabaja para no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y económica, adaptando las ayudas económicas a trabajadores, autónomos y empresas, a las medidas que se toman para controlar el COVID-19.
La rápida evolución de la pandemia, -indica Mínguez- ha requerido de una rápida adopción de medidas “inmediatas y eficaces”, por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Por todos son conocidas las acciones dirigidas a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, pero a la vez, se han ido poniendo en marcha otras de carácter económico y social “para garantizar la protección de las familias, de los trabajadores y de los colectivos vulnerables, para sostener el tejido productivo y social, minimizar el impacto y facilitar la reactivación de la actividad económica”, explica la parlamentaria socialista.
La Senadora del PSOE, destaca cómo hace escasos días, en la provincia de Ciudad Real a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se han pagado más de 15 millones de euros de nómina, a más de 30.000 personas. Concretamente 3.900 ciudadrealeños y ciudadrealeñas han sido perceptores de ERTES, por valor de casi 3 millones de euros. Hay que recordar, indica Mínguez, que en el mes de mayo había más de 22.000 personas acogidas a un ERTE.
Sin duda, la “sensibilidad” del Gobierno de España con las empresas y autónomos, se traduce además en el subsidio especial para los parados que han agotado todas las prestaciones de desempleo durante los meses de confinamiento. La cuantía de la ayuda será el 80% del IPREM, durante 3 meses, y es resultado del proceso de diálogo social, entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas.
Por otro lado, es necesario resaltar la reciente ampliación de las ayudas para autónomos del sector de la hostelería, tanto si realizan actividad a domicilio como si no, siempre que hayan registrado una caída de la facturación del 75%, respecto al último trimestre del año pasado, o del 50% en relación con el primer trimestre de 2020.
