Puertollano: La caída a los infiernos de la empresa de reciclaje animal culmina en concurso de acreedores

La caída a los infiernos de Animal by Products (ABP Solutions), la empresa dedicada al reciclaje de residuos animales en Puertollano clausurada en el verano de 2024 por muy graves irregularidades biosanitarias y medioambientales, ha culminado en su declaración voluntaria de concurso de acreedores. Tras la declaración en firme del procedimiento concursal en un juzgado de Salamanca, la jueza dictó auto el pasado mes de febrero acordando la intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado, nombrando al mismo tiempo al administrador concursal que dirima el proceso para saldar las deudas de la sociedad contra la masa.

Es el último capítulo de un sórdido drama. Animal by Products fue vendida como una empresa ejemplar, única en Europa, abanderada de la economía circular y ejemplo de proyecto de emprendimiento. Pasó todos los filtros administrativos y declaraciones de impacto medioambiental (pese a las alegaciones y oposición de las organizaciones ecologistas) y se cameló a la poderosa Ana Botín con su Banco Santander detrás.

Pero a la postre todo se reveló en pura fachada: la planta de procesamiento de residuos animales que los hermanos Luisa y Francisco Barrueco promovieron en las antiguas instalaciones de Encasur, en Puertollano, fue clausurada en el verano de 2024 y sus responsables investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de delitos de riesgo catastrófico contra los recursos naturales, contra los derechos de los trabajadores, y por falsedad documental tras un cúmulo de graves irregularidades biosanitarias y medioambientales.

Las horripilantes fotos de cadáveres putrefactos de animales abandonados secándose al sol en las instalaciones, y de sus sórdidos y tenebrosos almacenes, impactaron en una población que pedía explicaciones entre arcadas, y que contrastaban con un idílico preámbulo: la visita a la empresa, en enero de 2021, de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, quien anunciaba que la entidad se implicaba en la financiación de ABP desde mayo de 2020.

Tras la clausura, la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, Mercedes Gómez, desveló que la empresa acumulaba cuatro expedientes sancionadores desde finales de 2023 tras inspecciones que constataron deficiencias que contravenían la autorización medioambiental integrada, así como incumplimientos en materia de seguridad industrial. Esos expedientes sancionadores derivaron en la suspensión cautelar de la autorización medioambiental integrada de esta industria, que pese a ello huyó hacia adelante dando continuidad a su actividad.