La tensión crece por momentos en Manzanares. El Ayuntamiento de localidad (17.745 habitantes) gobernado con mayoría absoluta por el PSOE y presidido por el alcalde Julián Nieva, pretende imponer la instalación de una controvertida planta de biogás en el término municipal, con los riesgos sanitarios y medioambientales que comportaría, sin autorizar, previamente, una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos, en contra de la solicitud del Partido Popular, y sin disponer tampoco de un informe externo independiente, tal y como ha quedado de manifiesto en el pleno extraordinario celebrado hoy viernes 29 de agosto a partir de las 08:30 horas de la mañana, con el cartel de aforo completo. Mientras tanto, la campaña » ¡STOP a la planta de biogás en Manzanares! Protejamos nuestro pueblo”, puesta en marcha en el portal www.change.org el pasado día 4 de agosto, ya ha superado las 700 firmas, lo que significa que recibe, de promedio, más de un nuevo apoyo cada hora.


Hasta el momento, la defensa de las supuestas bondades del proyecto por parte del máximo regidor y también senador socialista se fundamenta expresamente en el informe entregado al Ayuntamiento por la propia empresa promotora, lo que ha aumentado las suspicacias e indignación entre la ciudadanía, máxime teniendo en cuenta que el mismo jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorio de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, ha criticado duramente el Plan de Biometanización 2024-2030. Una estrategia política que prevé autorizar entre 113 y 280 plantas en toda la comunidad autónoma, incluidas las que pudieran instalarse en Manzanares. Cebrián llega a calificar el “documento inicial estratégico como «un mero documento vacío e inservible » y hace hincapié en que el plan regional no hace ni «una mera insinuación a aspectos sanitarios», ya que «no se incluyen las afecciones o condiciones relativas a la salud de las personas».
Plataformas vecinales de protesta y respuesta de la oposición
Es tal el rechazo que la iniciativa del Ejecutivo presidido por Emiliano García Page está generando entre la población que las plataformas vecinales están proliferando por toda la región, un movimiento que se ha traducido en la presentación de 13.288 alegaciones ante la Consejería de Desarrollo Sostenible que dirige Mª Mercedes Gómez Rodríguez, la exconsejera de Agricultura y expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que, actualmente, se encuentra en el ojo del huracán.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el equipo de gobierno del PSOE, que cuenta con una representación de 10 concejales frente a los seis del Partido Popular y un único edil de VOX, sostiene que sólo está tramitando una planta de biometano en el término municipal, a nueve kilómetros del núcleo urbano, para dar respuesta a las necesidades de gestión de residuos de las empresas agroalimentarias de la localidad, sin comprometer ni el medioambiente ni la salud de sus habitantes. Por su parte, el Partido Popular niega la mayor y afirma que, en realidad, existen dos proyectos tramitándose ya ante la administración regional, con una capacidad conjunta de 300.000 toneladas, lo que excedería notablemente la dimensión media de las explotaciones existentes en Alemania y Francia y, al mismo tiempo, las necesidades de las industrias agroalimentarias de la población y la presunta justificación de la “economía circular” esgrimida, los dos principales argumentos del equipo de gobierno, ya que ese tamaño “desproporcionado” implicaría la gestión de multitud de residuos de distintas partes de España, muchos de ellos, para mayor gravedad, de origen animal, como son los temidos purines. La portavoz del PP, Rebeca Sánchez-Maroto, blandió durante su intervención en el pleno extraordinario los dos proyectos presentados, en los que se refleja, según aseguró, el tratamiento y gestión de residuos animales, un hecho que, según criticó, han negado el alcalde Nieva y el portavoz socialista Pablo Camacho. Pese a ello, Sánchez-Maroto defendió la posible instalación de plantas de biometano en Manzanares siempre que se lleven a cabo con el tamaño adecuado, dentro de un verdadero concepto de economía circular, con todas las condiciones de seguridad debidas -”aunque no existe el riesgo cero”, puntualizó, con el respaldo de los ciudadanos- y sin asumir, de ningún modo, residuos de otras zonas del país que Manzanares no tiene por qué asumir.
Asimismo, José María Molina, portavoz de VOX en la Corporación municipal, se opuso firmemente a la instalación de las plantas de biogás porque, desde su punto de vista, perjudicarían los intereses de Manzanares y lanzó una catarata de preguntas al equipo de Gobierno, cuestionando quién o quiénes se harán responsables de los riesgos y posibles accidentes derivados de la actividad que promueve el Partido Socialista.
El precedente del hotel para inmigrantes
La polémica en torno a la instalación de una o varias macroplantas de biometano en la ciudad ha estallado apenas unos meses después de que el Ayuntamiento tuviera que paralizar la llegada de 116 inmigrantes de Mali y Senegal, de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, para su alojamiento y manutención en el Hotel Manzanares entre el 17 de abril al 31 de diciembre, debido a la profunda preocupación y creciente malestar generados entre la población.
Ante la ausencia de información pública, se produjo una movilización ciudadana en redes sociales, durante los últimos días del mes de marzo, que obligó, inmediatamente, al alcalde a convocar una rueda de prensa, el 31 de marzo, para reconocer que no se daban “las condiciones idóneas» para la llegada de inmigrantes y excusarse argumentando que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de los hechos. Una versión que contradijo la del gerente del establecimiento hotelero, quien aseguró, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real, que había informado al alcalde en febrero, de manera informal, “de la posible llegada del grupo”. “Según relató a La Tribuna”, señala la noticia, “le comentó al propio Nieva que posiblemente en abril sí vendrían”.
El PSOE de Campo de Criptana da marcha atrás frente a la postura de Manzanares
Ahora, la pretendida instalación de plantas de biogás y biometano ha generado, de nuevo, un importante rechazo entre los manzanareños, muchos de los cuales no entienden por qué mientras que otros ayuntamientos de cualquier signo político, incluido el de Campo de Criptana gobernado por el PSOE, han dado marcha atrás a la iniciativa, en Manzanares pretenden sacarlo adelante sin consultar a los principales afectados y sin disponer de ningún informe técnico externo independiente. “Sería conveniente”, manifiesta el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Fernando Cebrián, en sus alegaciones a la Consejería de Desarrollo Sostenible, “conocer previamente a la instalación la opinión de esos ciudadanos que se puedan ver afectados por vivir cerca de una planta de producción de biometano”.
A este respecto, hace hincapié en que la consideración de que «la puesta en marcha de esta regulación sobre el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, va a suponer más beneficios que costes a la ciudadanía de Castilla-La Mancha” es, en realidad, un «aspecto totalmente subjetivo».
Hay que recordar que el alcalde de Manzanares aceptó la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre la posible instalación de plantas de biometano en la ciudad mucho tiempo después de que el Partido Popular lo requiriera y ha aceptado convocarlo en un día laborable del mes de agosto a las 08:30 de la mañana para, finalmente, rechazar la consulta ciudadana, sin atender tampoco a las indicaciones y sugerencias del jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Fernando Cebrián.
Inmigración, trabajo, productividad y desigualdad en España
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