Escribía en estas mismas páginas el 18 de febrero de 2025, la pieza Hogar, casa, vivienda. Donde analizaba dos de las actuaciones edificatorias en curso que habían obtenido la llamativa nominación –por diferentes razones que se exponían en el texto– como Hogar del empleado –la Ciudad administrativa, en el remodelado Hospital del Carmen– y como Casa, la Casa sacerdotal –junto la histórico Seminario Diocesano–. Para contraponer las facilidades inversoras, públicas y privadas, en ambos campos edilicios, cuando en paralelo enflaquece –¡y cómo lo hace! – el gasto en vivienda social. Gastos cuestionables producidos en tiempos que demandan otras prioridades.
Ahora la aprobación del Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en pleno del 15 de septiembre, deja al descubierto algunos agujeros que ya se sabía existían. No sólo el beneficio del ahorro verificado con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que la información verificada fija en 9,2 millones al año (¿…?). En aquel texto referido de primeros del año, ser avisaba del problema que planteaba el desplazamiento de 1.500 funcionarios –al comienzo de la propuesta incluida en el Plan Modernizador 2025 (PM25), la cantidad era de 1.000 empleados públicos– que arrastraban otra cantidad similar de usuarios, uno de los comentarios de los lectores hacía constar: “1.500 puestos de funcionario para ir a trabajar a diario sin una sola plaza de aparcamiento. Más la necesidad de aparcamiento de los usuarios y administrados que se desplacen diariamente. Para otorgar la licencia de adaptación el Ayuntamiento debía de haber exigido plazas de aparcamiento y como mínimo que con el edificio [reformado] se hubiese aportado suelo del Viejo Hospital (colindante) propiedad también de la Diputación para estos usos”. Es decir, que, al otorgamiento de la preceptiva licencia municipal de cambio de uso del suelo, se debieran de haber fijado las plazas exigibles de aparcamiento a tenor de la nueva ocupación que se perseguía; y ello, dada la limitada oferta que la parcela ofrecía a tal fín.
Un problema constante y reiterado, en el diseño (¿…?) de la ciudad y en el dimensionado de las plazas de aparcamiento, que incumplen tanto el Reglamento de Planeamiento urbano como las Ordenanzas Municipales. Cuando en ambos supuestos se establecen criterios para el dimensionado de las plazas de aparcamiento en función de la actividad/uso perseguido con los procesos edificatorios o su transformación. Evitándose las situaciones que, ciertamente, dificultan la perseguida accesibilidad que proclama el PMUS. Con un poco de memoria podríamos revisar los grandes equipamientos levantados en los últimos años que han resultado deficitarios en plazas de aparcamientos: desde el Campus Universitario al Hospital General Universitario, desde los Centros Comerciales del este urbano al oeste al previsto Museo del Folklore –en el antiguo grupo escolar de la Ferroviaria–, desde el IFEDI al Quijote Arena. Todos cortados por el patrón del déficit de aparcamientos –que a la postre es un requisito de más suelo exigible, pero no edificable, en un sociedad –lo queramos o no–, más motorizada. Y con una fiscalidad excesiva en torno a los medios de locomoción.
Ahora, en el tramo final de las obras referidas de la Ciudad administrativa, publicitada como la Obra García Page-Zamora-Caballero, que nación con escasos estudios preliminares, con prioridades difusas y con una celeridad poco recomendable. Se nos hace saber que “La Ciudad Administrativa necesita un eje peatonal y la segunda ronda” (La Tribuna, 17 septiembre). Pero más aún, se producen nuevos incrementos contables, no sólo los referidos los incrementos económicos de la obra misma. Ahora –en los datos del PMUS– los trabajadores estimados ya ascienden a 2.258, con 1.600 visitantes, lo “que implica un millar de vehículos circulando por esta zona”. Una estimación optimista al considerar una carga de automóviles circulantes en el entorno referido, del 38% del total de ocupantes, y que tendrán enormes problemas de movilidad y de accesibilidad. Al no contar con ningún dispositivo que cumpla las necesidades exigibles y reglamentarias de aparcamiento en la zona. Cuestión esta no tenida en cuenta, en momento alguno, por el tan cacareado como periclitado Plan Modernizador PM25 –¿qué dicen sus promotores del año 2018, ahora, ante la evidencia del colapso? –. Teniendo presente que la zona afectada cuenta ya con las sedes de otras dependencias administrativas carentes todas ellas de dotación de aparcamiento, pese a la concurrencia de visitantes y usuarios: desde las dependencias de la administración del Estado –en el solar ocupado en su día por el Banco de España, la Delegación Provincial de Tráfico o la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Por ello el referido PMUS, formula alternativas al caos previsto y no planificado, alternativas que, a todas luces, penden de un hilo leve. Alternativas que, obviamente, llegaran tarde si es que llegan. Mas aún si contabilizamos el tiempo necesario en su correcta aprobación, tramitación y ejecución. Desde el eje peatonal a través de la calle Reyes; al planteamiento –más a largo plazo– de acometer la Segunda Ronda que evite el colapso del tramo intermedio; o la cuestión de incrementar la zona azul entre Rondas y la calle Amanecer, todo indica en la misma dirección. Improvisación, falta de planificación urbana. Y rebajas considerables en los estándares. No solo de los aparcamientos, sino de la calidad de vida.
