El Ayuntamiento de Puertollano extingue la concesión del Burger King del Paseo e incauta la garantía a la empresa por «incumplimiento culposo»

El Pleno de la Corporación municipal de Puertollano ha aprobado este viernes por unanimidad la desestimación de las alegaciones presentadas por la empresa Kasba Internacional, concesionaria del gran edificio que albergara las franquicias de Burger King y Domino’s Pizza en el centro del Paseo del Bosque de Puertollano, contra el inicio de expediente de resolución y extinción del contrato de concesión de estas instalaciones por incumplimiento culposo. Además, ha acordado incautar la garantía prestada por la mercantil, abrir un periodo de aportación de pruebas por diez días y trasladar el expediente al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para que emita el informe preceptivo, según ha explicado el concejal de Hacienda, Andrés Gómez.

El Ayuntamiento de Puertollano inició la resolución del contrato por incumplimiento culposo al considerar que la empresa procedió a la paralización de la actividad de manera «unilateral» en julio de 2023, cuando cerró los restaurantes en plena parálisis de las obras de remodelación integral del Paseo del Bosque.

La empresa se opone a este inicio de expediente, pero al mismo tiempo comunicó al consistorio su intención de pedir tres indemnizaciones por valor de más de siete millones de euros: una por los daños ocasionados con motivo del inicio de las obras de remodelación del paseo, otra por el lucro cesante correspondiente hasta el año 2032 (ya que sostiene que el inicio, desarrollo y paralización prolongada de las obras no permitió desarrollar la actividad), y otra cantidad por lucro cesante hasta el año 2052 porque considera que solicitó una prórroga de la concesión hasta ese año concedida por silencio administrativo.

El equipo de Gobierno municipal se opone a estas pretensiones, ya que considera que el edificio permaneció en explotación durante los primeros meses de las obras y que fue una decisión «exclusivamente empresarial» abandonar las instalaciones. En este sentido ha recordado que el concesionario lleva sin pagar el canon desde el año 2024, y que tampoco cabe lugar a la indemnización pedida por lucro cesante hasta el año 2052, al entender que el Ayuntamiento procedió con silencio administrativo a la petición de renovación del contrato, desestimando de esta manera el requerimiento de la mercantil. El ya vetusto contrato se inició en julio de 2002.

Al margen de este procedimiento administrativo, la empresa ha anunciado su intención de acudir a un contencioso para hacer valer sus derechos. El gran edificio permanece cerrado desde julio de 2023, en el contexto de un importante descenso de actividad y volumen de negocio registrado desde el inicio de las polémicas obras de remodelación que rodean al inmueble.

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