El sindicato Solidaridad Obrera secundará la huelga general del 15 de octubre convocada en apoyo al pueblo palestino

El sindicato Solidaridad Obrera secundará la huelga general del 15 de octubre convocada en apoyo al pueblo palestino y para que el Gobierno invierta los recursos públicos en las personas y no en armamento. El sindicato Solidaridad Obrera en Ciudad Real y Puertollano se adherirá a la concentración convocada por “Ciudad Real por Palestina” que dará comienzo a las 19.00 horas en el Parque de Gasset en Ciudad Real el día 15 de octubre.

Comunicado con los motivos:

PRIMERO. EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO ESPAÑOL A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES Y LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PAIS, EN EL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO.

El Gobierno desde el inicio de este año 2025 ha seguido en la senda del aumento del gasto militar, perjudicando las partidas presupuestarias de otros ministerios que podrían incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras del país y de todos los ciudadanos y ciudadanas.

En abril de 2025, el Gobierno anunció un aumento del gasto militar de más de 10.000 millones de euros, con el objetivo de alcanzar del gasto en Defensa del 2% del PIB.

Este inédito aumento del gasto militar no se realiza sin una consecuencia directa en el bienestar de la clase trabajadora del país. La principal fuente de financiación del Estado por la vía de los impuestos proviene de la recaudación por IRPF, casi el 45% de toda la recaudación. De esta recaudación, el 85% proviene de las rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena. La recaudación del IRPF no ha hecho más que aumentar en el último periodo, alcanzando máximos históricos en el año 2024 que, seguramente sean superados en el año 2025.
Sin embargo, no vemos que esto derive en un aumento del gasto en los servicios públicos, en la atención a la ciudadanía en materias como sanidad, educación pública, pensiones, servicios sociales o muchas más áreas que tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida.

SEGUNDO. SOBRE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO ISRAELÍ EN GAZA, VIOLACIÓN DE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DE TERCEROS ESTADOS

Desde el 9 de octubre de 2023, el mundo es testigo de cómo el Estado de Israel ha desatado un asedio sin precedentes sobre el territorio palestino, principalmente en Gaza, bajo un pretexto falso de defenderse del terrorismo. Desde esa fecha, bombardean zonas residenciales, hospitales, escuelas, centros de refugiados y corredores humanitarios, así como impide el acceso de la población gazatí a suministros eléctricos, agua, comida, ayuda humanitaria y atención médica.

Más de 2 años después desde el comienzo de esta agresión sin precedentes, el gobierno israelí no solo no ha cejado en su castigo a toda la población palestina, sino que se han acrecentado los horrores. Tal es la magnitud de los crímenes que se ejecutan a diario en Gaza que la ONU, a través de la comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos, ha concluido que lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año constituye un genocidio. El estado de Israel, a esta fecha, es el responsable del asesinato de 67.000 palestinos y de entre ellos, 18.000 niños y niñas.

TERCERO. EXIGENCIAS AL GOBIERNO Y A LAS EMPRESAS DE MEDIDAS CONCRETAS Y EFECTIVAS

Expuestos los anteriores motivos, se proponen algunas medidas destinadas a la redistribución del gasto público en favor de las trabajadoras y a la minoración de partidas presupuestarias en materia militar.

Medidas de aumento de las pensiones de jubilación contributiva y no contributiva, aumento de las cuantías de prestación por incapacidad permanente, de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, de la pensión de viudedad, de la prestación y subsidio por desempleo o de la cuantía del ingreso mínimo vital, de las lesiones permanentes no invalidantes, prestación por nacimiento y cuidado del menor, por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y las prestaciones por muerte y supervivencia, como la de viudedad. medidas que regularizaran la situación administrativa de estas trabajadoras, haciendo más accesibles los permisos de residencia, trabajo y las concesiones de nacionalidad española. Igualmente, el aumento presupuestario para el cumplimiento del Real Decreto 1698/2011 sobre la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en sectores y profesiones de riesgo.

Medidas y programas destinados al fomento del empleo, a la inserción laboral y ayudas a la dependencia, así como a aumentar las ofertas de empleo público para trabajadores/as con discapacidad, así como posibles incentivos fiscales y de cotización para las empresas que empleen a personas con diversidad funcional así como el aumento del personal público de organismos como SEPE, ITSS para vigilar el cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores/as y especialmente para aquellos con diversidad funcional y/o discapacidad, con especial atención a la creación de la figura del Inspector/a de Trabajo Urgente (ITU).

Aumento de ofertas de empleo público para sanidad y servicios sociales y seguridad social de la Administración Pública y aumento de presupuesto para los procesos de estabilización de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores públicos que se encuentran todavía en abuso de temporalidad en estos sectores, recurriendo, en su caso, a los fondos europeos de reconstrucción o recuperación tras la pandemia.

Aumento de las partidas autonómicas destinadas al alquiler y el aumento del presupuesto destinado al parque de vivienda pública o ayudas para la financiación de la vivienda de los y las trabajadoras.

Aumento de medidas para el fomento de la economía social y recuperación del entorno rural, inversiones en materia de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica y cambio climático y medidas y programas efectivos de reinserción laboral en el marco del proceso de transición justa.