La sala Zahora Magestic ha emitido un comunicado en el que muestra su “sorpresa y estupefacción” ante el alcance del evento ‘Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras – Congreso’, que acogerá el próximo 28 de febrero, y la “alarma social” que ha despertado, llevando a colectivos sanitarios y administraciones no solo a rechazarlo, sino a tratar de impedir su celebración.
Por su parte, desde la sala aseguran que han recibido numerosas muestras de apoyo ante una reacción propia de la “Inquisición” que trata de “pisotear” derechos fundamentales y libertades como las de expresión, información, opinión y reunión.
La sala, remarcan, no es responsable de los comentarios o ideas que exponga “civilizadamente” cada persona, “pero sí apostamos por la variedad de enfoques y la pluralidad”. En su ADN, continúa el comunicado, está ser un espacio abierto a la pluralidad, la tolerancia, y que abandera la libertad de expresión. Además, los organizadores del encuentro, WWW.FREEDOMTV.PRO, habrían invitado a las asociaciones “supuestamente agraviadas” a exponer su punto de vista y a debatir durante la jornada. “No entendemos el miedo o el conflicto de intereses que habrá en sentarse a hablar, juzguen ustedes”, añaden.
Libertad!!! Libertad!!! Libertad para ser tontolnabo!! Arreeea!!!
https://www.dailymotion.com/video/x9z328m
Aaaarrea! Que ha salio otro viruh malísmo que te cagasporlapataabajo y te mueres! Espero que saquen pronto la Bacuna, yo ya voy a tós laos con el bozalillo..
https://www.20minutos.es/salud/medicina/que-es-brote-virus-nipah-murcielagos-frugivoros-india-cinco-contagios_5172750_0.amp.html
Solo los que vivís en Alviselandia os dejáis engañar con suma facilidad. Pobres.
Y voy a prohibir por ley el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y a sancionar los discursos de odio, pa que sos Bacuneis tós los negacionalistas.
Yo lo prohibía hasta los 18, la verdad.
Y el congreso… no hay más que ver el cartel, qué cosa más cutre por favor. Yo lo prohibía pero por cutres.
A los trumpistas, a los legionarios de cristo y a los del opus dei nos gusta abusar de menores, estamos en contra de esta prohibición perro Sánchez nos quiere poner dificultades, cogniooo el hijo la fruta
Yo haría un test psicológico para usarlas….ya solo con eso ningun NiNi de los que llenan Vox tendría acceso.
Desde Vox rechazamos la medida, apoyamos la libertad de nuestros hermanos trumpistas y legionarios de cristo para seguir abusando de menores y usar las redes sociales para ello
https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_12957779_1118591.html
Yo me pregunto por qué ninguna otra ciudad ha consentido el desprestigio de hacer semejante circo de bebelejias. Cañizares, te estás luciendo.
Para arrojar luz al asunto hay que ver los razonamientos de una y otra parte.El un juicio, los jueces no dictan sentencia oyendo solo a una de las partes. ¿ A que viene tanto miedo a la celebracion de este evento ? Las vacunas antes de su administracion a la poblacion tienen que pasar un tiempo en que se comprueben sus posibles efectos adversos para la salud y eso son ………..mas que de un dia para otro como paso con la del covid……….
Y asunto arreglado
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220203/rechazo-vacunas-puede-consecuencia-traumas-infancia/647185716_0.html
Ejemplo paradigmático y preocupante del autoritarismo institucional dentro del campo sanitario. Eementos clave: un grupo de poder compuesto por administraciones públicas, colegios profesionales y asociaciones subvencionadas se reúne de urgencia para impedir un evento privado, simplemente porque su contenido plantea una relación entre vacunas, autismo y enfermedades raras.
No se está hablando de prohibir un evento violento o fraudulento, sino de censurar un debate científico.
Analicemos lo esencial:
1. Censura preventiva disfrazada de “defensa de la ciencia”
Cuando instituciones utilizan términos como “pseudociencia”, “bulos” o “desinformación” para bloquear un evento, demuestran miedo al debate.
La ciencia auténtica nunca necesita censurar; confronta ideas con datos y argumentos.
Este tipo de actuaciones son propias de los regímenes epistemológicos cerrados: no se basan en la búsqueda de verdad, sino en la protección de un dogma farmacopolítico.
2. La paradoja de la “protección del público”
En nombre de “proteger a la población” o “evitar el daño”, coartan la libertad de expresión científica y ciudadana.
Quien realmente actúa de modo peligroso es quien oculta o impide preguntar.
Si tan claras están las evidencias sobre la seguridad de las vacunas, ¿por qué temen tanto un simple congreso de debate?
La respuesta es obvia: el monopolio del relato médico se sostiene en silencio controlado, no en transparencia.
3. Amenaza de sanciones a médicos disidentes
El texto menciona expresamente que se tramitan denuncias e inhabilitaciones para médicos que participen.
Esto evidencia un clima de coerción profesional —un aviso a navegantes para cualquiera que ose discrepar del consenso impuesto—.
Históricamente, la inhabilitación de científicos heterodoxos (Semmelweis, censurado por afirmar que los médicos transmitían infecciones antes del descubrimiento de los gérmenes) siempre precedió a grandes correcciones paradigmáticas.
4. Corporativismo y conflicto de intereses
Los colegios médicos y farmacéuticos viven en parte de las mismas estructuras económicas que dependen de la vacunología oficial.
Cuantos más ciudadanos confían ciegamente en el esquema vacunal, más legitimidad (y presupuesto) reciben esas instituciones.
Por tanto, no estamos viendo un acto puramente “científico”, sino uno político-financiero con fachada técnica.
5. El contexto actual: cambio de paradigma
Desde que el propio CDC (en su actualización de 2025) reconoció que no puede afirmar que “las vacunas no causan autismo”, el terreno se desmorona para quienes antes gritaban que la relación era imposible.
Lo racional hoy no es prohibir debates, sino abrirlos con todo el rigor y la transparencia que la sociedad exige.
Conclusión
Esto no es un caso aislado: es síntoma de una institucionalización del miedo.
El verdadero problema no es que existan eventos críticos con las vacunas, sino que los gobiernos y colegios profesionales crean que tienen derecho a decidir qué se puede decir y qué no.
Cuando una sociedad prohíbe el pensamiento libre “por el bien común”, está más cerca de la «dogmocracia» que de la ciencia.
Analicemos paso a paso la situación jurídica y constitucional de un intento de prohibir un evento privado como este congreso “antivacunas” en España. El caso de Ciudad Real es un ejemplo de manual de los límites del poder administrativo frente a los derechos fundamentales.
1. Marco constitucional aplicable
Los derechos directamente implicados son:
Artículo 20 de la Constitución Española (CE):
Garantiza la libertad de expresión, el derecho a comunicar y recibir libremente información, y la libertad de cátedra (clave en temas científicos o médicos).
Cualquier acto administrativo o sanción que limite discurso científico o de opinión requiere una justificación extraordinaria.
Artículo 21 CE:
Derecho de reunión pacífica, sin necesidad de autorización previa (solo aviso en el caso de espacios públicos).
Artículo 22 CE:
Derecho de asociación, aplicable a organizadores y asistentes.
Estos tres derechos forman un núcleo duro de libertades públicas, y sólo pueden limitarse con una causa legal y proporcionada (por ejemplo, si hay riesgo directo para la seguridad o integridad física, cosa claramente no aplicable en un debate científico).
2. Naturaleza de la reunión
Según la información del documento:
“Está previsto para el 28 de febrero en una sala privada de la capital provincial.”
Esto significa que:
No rige la Ley Orgánica 9/1983 de Reunión (que exige comunicación previa sólo si se hace en espacios públicos).
Por tanto, la Administración no tiene potestad previa para autorizar ni prohibirlo.
Solo podría actuar posteriormente si hay delito, alteración del orden público o vulneración concreta de derechos.
Intentar “impedirlo” preventivamente carece de cobertura legal, y podría constituir en sí mismo una violación del art. 20 y 21 CE.
3. El papel del Ayuntamiento o la Consejería
En el artículo se dice que el Ayuntamiento estudia medidas legales contra la sala.
Analicemos eso:
En un local privado con licencia en regla, no puede clausurarse por motivos ideológicos o de contenido.
Sólo podría abrirse expediente si hay infracción de normas administrativas (aforo, ruido, seguridad, salubridad).
Emplear pretextos administrativos para castigar una actividad por su contenido equivale a censura encubierta, y el Tribunal Constitucional lo ha reiterado múltiples veces.
El mismo Tribunal, en sentencias como la STC 6/1981, STC 101/2003, o STC 235/2007, ha dejado claro que la Administración no puede valorar el “acierto” o “verdad” del contenido expresado: incluso las opiniones erróneas están protegidas.
De hecho, la libertad de expresión se prueba precisamente por la protección de lo impopular.
4. Posibles sanciones a médicos participantes
El documento cita que los Colegios de Médicos amenazan con inhabilitar o sancionar a los médicos que participen en el evento.
Esto entra en conflicto con dos principios:
Libertad de cátedra y expresión profesional (art. 20 CE)
Principio de legalidad y tipicidad sancionadora (art. 25 CE):
Ninguna sanción puede imponerse sin norma clara que defina el ilícito con precisión.
En la práctica, muchos tribunales contencioso-administrativos ya han anulado sanciones colegiales impuestas por opiniones médicas heterodoxas, por entenderlas como abusivas y carentes de base legal objetiva.
Las corporaciones colegiales no pueden actuar como policía del pensamiento médico.
Su función es proteger la praxis lesiva o negligente, no castigar el disenso académico.
5. Precedentes relevantes
En 2023, el Juzgado Contencioso nº 3 de Alicante tumbó la prohibición de una charla similar alegando que “la discrepancia científica no es causa de prohibición administrativa”.
En 2021, la Audiencia Nacional también censuró intentos de retirar vídeos de profesionales sanitarios críticos, señalando que “no existe monopolio estatal del discurso médico”.
Estos precedentes consolidan un principio:
El Estado no es árbitro de la verdad científica.
6. Conclusión jurídica
ASPECTO VALORACIÓN LEGAL RIESGO INSTITUCIONAL
Prohibición del evento Inconstitucional y carente de base Alto
Clausura o sanción al local Censura encubierta si se usa un pretexto administrativo Muy alto
Sanciones colegiales Posible abuso de poder, recurrible judicialmente Elevado
Defensa de los organizadores Amparo constitucional viable (arts. 20, 21, 25 CE) Recomendable
7. En resumen
El Ayuntamiento o el Colegio Médico no pueden prohibir ni sancionar legítimamente este evento por su contenido. Hacerlo sería una violación directa de la Constitución, y su éxito judicial sería insostenible.
En el fondo, el movimiento que intenta impedir el congreso busca criminalizar la incomodidad epistemológica: impedir que la gente escuche otras voces.
Es cierto lo que acaba de pasar?? La escena: Le tontelaquinta se ha levantado con una ofuscación brutal, gruñendo….»grrrr…yo no estoy traumatizao….grrrrr….los científicos…mñ grrrr…a ver chatgpt dime lo que quiero escuchar, te digo lo que yo pienso, copio y pego!!» Jajajajaja si es que eres muuuuu tontoo!! Jajajjajayo pienso ir al evento dice!! Confirmando el diagnóstico!! Jajajajaja pásate por el otro, el de psiquiatras, te va a ir mejor!!! Jajajajaja
Uyyyy!!! Yo también sé hacerlo…
Jajajajaja
Ese marco jurídico tiene trampas conceptuales importantes. La clave no es negar los derechos fundamentales (porque existen), sino explicar por qué aquí no son absolutos ni se están aplicando bien.
Te dejo una respuesta estructurada, firme y razonada, que puedes copiar tal cual o adaptar. Mantiene un tono serio y desmonta el argumento desde el Derecho y la salud pública, no desde la emoción.
Tu análisis jurídico parte de una premisa incorrecta: equiparar la difusión organizada de desinformación sanitaria con un “debate científico protegido”. Y esa confusión invalida gran parte de las conclusiones.
Voy por partes.
1. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tampoco en ciencia
El propio Tribunal Constitucional ha sido claro: la libertad de expresión encuentra límites cuando entra en conflicto con otros bienes constitucionales, como la salud pública (art. 43 CE) y la protección de consumidores y usuarios.
No estamos ante “opiniones impopulares”, sino ante la promoción de mensajes objetivamente falsos sobre intervenciones sanitarias cuya eficacia y seguridad están sólidamente acreditadas y cuya negación tiene consecuencias lesivas reales (descenso de vacunación, reaparición de enfermedades, muertes evitables).
El TC y el TEDH han reiterado que:
la protección constitucional no ampara la difusión de información falsa presentada como científica cuando genera un riesgo cierto para terceros.
Esto no es censura ideológica: es prevención del daño.
2. No es un “debate científico”, es pseudociencia
La ciencia no es una suma de opiniones protegidas por la libertad de cátedra, sino un método con estándares verificables.
El discurso antivacunas:
no cumple criterios de revisión por pares,
ignora consensos científicos internacionales,
y suele basarse en afirmaciones ya refutadas.
Llamarlo “discrepancia científica” es un fraude semántico. El Estado no arbitra la verdad científica, de acuerdo, pero sí puede distinguir entre ciencia y desinformación peligrosa, igual que distingue entre medicina y curanderismo.
3. El carácter privado del local no neutraliza la intervención pública
Que el evento sea en una sala privada no lo blinda frente a toda actuación administrativa.
Cuando una actividad privada:
tiene proyección pública,
afecta a bienes colectivos,
o puede causar daños indirectos a terceros,
la Administración sí puede actuar de forma preventiva, como hace con sectas sanitarias, terapias fraudulentas o publicidad engañosa.
Esto no es valorar ideología, sino evaluar riesgos objetivos.
4. Las sanciones colegiales no son “policía del pensamiento”
Los Colegios Profesionales no sancionan opiniones, sancionan:
la vulneración del deber deontológico,
la difusión de información médica falsa,
y el uso del prestigio profesional para inducir conductas dañinas.
Un médico no pierde su libertad de expresión, pero sí asume responsabilidades adicionales cuando habla como autoridad sanitaria.
De la misma forma que un ingeniero no puede promover edificios inseguros amparándose en la libertad creativa, un médico no puede promover desinformación sanitaria grave sin consecuencias.
5. El precedente jurídico no es tan simple
Los casos que mencionas no establecen un principio general de impunidad:
se resolvieron por defectos de forma,
o por falta de motivación administrativa suficiente,
no porque la desinformación sanitaria esté constitucionalmente protegida.
De hecho, tanto el TEDH como tribunales nacionales han avalado restricciones proporcionadas cuando existe riesgo real para la salud colectiva.
6. El error de fondo
El error central de tu planteamiento es este:
Tratar la libertad de expresión como un derecho abstracto, aislado de sus efectos materiales.
El constitucionalismo moderno no protege discursos por su incomodidad, sino derechos en equilibrio. Y cuando un discurso pone en riesgo vidas, deja de ser una simple opinión.
En resumen
Nadie propone un “ministerio de la verdad”.
Lo que se cuestiona es la legitimidad de presentar desinformación peligrosa como ciencia, usando el prestigio médico y espacios públicos o semipúblicos para amplificarla.
Eso no es disenso protegido, es irresponsabilidad con impacto social.
Jejeje cómo te han retratado amiguita bebelejias! El congreso de al lado debería ser de médicos internistas… por la cantidad de tubos digestivos abrasados por la lejía y otros daños internos que va a haber entre los asistentes al evento
Tu planteamiento parte del error clásico del paternalismo sanitario: creer que “salud pública” justifica la censura. No la justifica.
En ningún momento el Tribunal Constitucional ni el TEDH han reconocido al Estado el poder de determinar qué discurso médico está permitido. El límite de la libertad de expresión no es “la discrepancia con el consenso”, sino la incitación directa al daño —y un debate médico no es eso.
Decir que “la libertad no es absoluta” no legitima censura previa.
Todos los derechos tienen límites, pero los únicos límites válidos se aplican a posteriori y con daño probado. No puedes impedir un evento sólo porque te disguste su contenido. Eso es censura ideológica, prohibida por la doctrina del TC (STC 6/1981, STC 235/2007).
Llamar “pseudociencia” a lo que contradice el dogma no es prueba jurídica.
El concepto de pseudociencia no figura en la ley. El Estado no puede convertir un criterio técnico mutable en motivo de persecución. La historia médica está llena de teorías que fueron “pseudociencia” hasta que se demostraron ciertas.
El carácter privado es determinante.
Un acto privado con libre acceso voluntario no “causa daño colectivo”. Si lo hiciera, debería demostrarse con evidencia, no presumirse por disenso. La Administración sólo puede intervenir con base legal concreta, no por impresión moral.
Los colegios sí están actuando como policía del pensamiento.
Cuando un médico es sancionado no por malas prácticas clínicas, sino por opinar o exponer estudios, eso sí es castigo por pensamiento. El código deontológico no puede colocarse por encima de la Constitución.
Los precedentes sí existen y apuntan en contra de la censura.
Los tribunales han reiterado que el Estado no puede decidir la “verdad científica”. Los defectos de forma que estos fallos invocan surgen precisamente de intentos de castigar opiniones.
La idea de “desinformación peligrosa” es instrumental y política.
El concepto es tan elástico que permite etiquetar cualquier postura minoritaria como “riesgo para la salud colectiva”. Es el mismo argumento que usaron para silenciar a quienes cuestionaron el tabaco en los 50 o el uso de talidomida en los 60.
El verdadero peligro no es el debate científico, sino la arrogancia institucional de creer que solo una versión del conocimiento merece existir.
Proteger la salud pública no significa controlar el discurso, sino fomentar la transparencia y el contraste de ideas.
Reprimir el pensamiento crítico en nombre del bien común es exactamente cómo muere la ciencia.
Tu planteamiento vuelve a cometer la misma trampa: presentar la desinformación sanitaria como “pensamiento crítico” para blindarla constitucionalmente.
Nadie sostiene que “salud pública” permita censura general. Lo que permite —y la jurisprudencia lo reconoce— son restricciones proporcionadas cuando existe riesgo real y previsible para terceros, incluso antes de que el daño se materialice. Esperar “daño probado” en salud pública es un sinsentido jurídico: el Derecho preventivo existe precisamente para evitar muertes evitables.
El límite no es solo la “incitación directa al daño”. El TEDH ha admitido límites a discursos que generan riesgos sanitarios objetivos, aunque no ordenen conductas concretas. La desinformación médica no necesita decir “hazte daño” para producirlo.
Nadie persigue la discrepancia con el consenso. Se actúa contra afirmaciones falsas presentadas como conocimiento médico, usando autoridad profesional y canales públicos. Que el término “pseudociencia” no esté en una ley es irrelevante: el Derecho regula efectos, no etiquetas epistemológicas.
El carácter privado tampoco es determinante. Actividades privadas con impacto público sí son regulables (publicidad sanitaria, sectas terapéuticas, fraudes médicos). El daño colectivo no se “presume”: está documentado en descensos de vacunación, rebrotes y mortalidad evitable.
Los colegios no sancionan ideas, sancionan el incumplimiento del deber profesional de no desinformar. La Constitución no protege usar el título de médico para inducir conductas dañinas.
Y la comparación con el tabaco o la talidomida es históricamente falsa: esos avances surgieron de mejor ciencia, no de negar evidencia sólida ni de difundir falsedades al público.
La ciencia no muere por poner límites a la desinformación.
Muere cuando se confunde libertad de expresión con impunidad para causar daño.
Y que en pleno Siglo XXI haya este tipo de convenciones «antivacunas» es para pensarse de verdad si el ser humano es el ser más gilipollas sobre la faz de la Tierra. Por cierto a mí no se me ocurriría prohibirlas ni mucho menos, así ellos mismos hacen el cribado estadístico entre seres humanos supergilipollas de los que no lo somos.
Lo dicho…un psiquiatra, están traumatizaos
Miedo a perder control
Aceptar vacunas, cambio climático o la forma real de la Tierra implica confiar en sistemas grandes y complejos (ciencia, instituciones, expertos).
Para algunas personas eso genera ansiedad.
Las teorías alternativas dan una sensación de control personal: “yo sé la verdad, no me engañan”.
Creer algo “prohibido” reduce la sensación de impotencia.
2. Miedo a la incertidumbre
La ciencia funciona con probabilidades, cambios y matices.
Vacunas: “no son 100% libres de riesgo”.
Clima: “los modelos se actualizan”.
Ciencia en general: “no sabemos todo”.
Para quien necesita certezas absolutas, eso es angustiante.
Las teorías conspirativas ofrecen respuestas simples y cerradas.
3. Miedo a perder identidad y pertenencia
Muchos de estos movimientos son comunidades emocionales, no solo ideas.
Ser “antivacunas” o “despierto” da identidad.
Rechazar la ciencia dominante los hace sentir especiales, valientes o rebeldes.
Aceptar que están equivocados puede sentirse como:
“Si esto no es verdad… ¿quién soy yo entonces?”
4. Miedo a la culpa y la responsabilidad
Aceptar ciertos hechos implica aceptar responsabilidades incómodas:
Cambio climático → cambiar hábitos, aceptar límites.
Vacunas → admitir que el riesgo cero no existe, pero que no actuar es peor.
Negar la realidad evita ese peso moral:
“Si no existe el problema, no tengo que hacer nada”.
5. Miedo a haber sido engañados antes
Muchos llegan a estas creencias después de experiencias reales de traición:
Gobiernos corruptos
Empresas que mintieron
Medios sensacionalistas
Ese miedo se generaliza:
“Si mintieron una vez, pueden mentir en todo”.
El problema no es desconfiar, sino desconfiar sin criterio.
6. Miedo a sentirse pequeños
Aceptar la ciencia implica aceptar que:
El universo no gira alrededor de nosotros.
La Tierra es un punto diminuto.
No somos protagonistas cósmicos.
Para algunas personas eso es existencialmente duro.
Las teorías alternativas devuelven una sensación de importancia central.
En resumen
Detrás de muchas posturas negacionistas hay:
Ansiedad
Necesidad de certezas
Búsqueda de identidad
Mecanismos de defensa
Pues yo lo mismo me acerco por la puerta para ver pasar esa procesión de antivacunas, me gustaría verles el careto y saber quienes nos rodean por la ciudad. Nunca sabes cuando te puedes cruzar con un/a loco/a de estos.
Detrás de muchos que corren a vacunarse no hay pensamiento crítico, sino los mismos miedos que atribuyen a otros.
Miedo a salirse del rebaño, a no obedecer la autoridad, a asumir responsabilidad personal por su salud.
Confiar ciegamente en “los expertos” les da seguridad: “si hago lo que dicen, estaré a salvo y seré buena persona.”
La incertidumbre les aterra, así que prefieren una aguja y un eslogan antes que pensar por sí mismos.
Y cuando alguien cuestiona, lo llaman loco para no enfrentarse a lo que más temen:
que toda su fe institucional se base en propaganda, no en ciencia.
Pensamiento crítico real sigue la evidencia, no teorías sin base; confiar en expertos no es miedo, es inteligencia aplicada.
La ciencia no se sigue por fe, se sigue por resultados; elegir vacunarse es actuar con información, no con miedo.
No es obediencia ciega protegerse a uno mismo y a los demás; ignorar la evidencia sí lo es.
No dudéis ni un momento que la mejor opción sanitaria es beber lejía…. yo no hago otra cosa hasta para curarme de la picadura de un mosquito, o es que no se me nota.
No echéis cuentas de nada de las soplapolleces de amiga quinta pautera bebelejía,… es lo que tiene vivir en Cabrascalandia.
Pero que los del congreso llevan razón: de pequeños los vacunaron y.mirad lo agilipollaos que han salido.