Terminado el plazo previsto –más los imprevistos propios de toda programación temporal– de la ejecución del denominado Plan Modernizador 2025, convendría haber realizado el oportuno balance de sus metas y logros, como resultado de la voluntad planificadora de los proponentes (Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamiento de Ciudad Real), cuyo silencio contrasta con la algarabía desplegada en el año de 2018, en el momento de retratarse ufanos algunos de los protagonistas y otros invitados de rondón. Parte del cambio de tono, es posible que tenga que ver con la alteración de los colores de las dos últimas instituciones: en el 2018 todo era de color rojo (PSOE) y ahora en 2026, domina el color azul (PP). Como la puesta de largo se realizó manteniendo la exclusividad del protagonismo del PSOE en el evento del Plan Modernizador 2025, se entienden las reticencias y silencios de los que no participaron en el nacimiento del PM25, en ponderar y valorar lo conseguido, cuando en el horizonte apuntan nuevas elecciones para el año 2027.
Otra de las razones de estas omisiones, tienen que ver con alcance desigual de las obras desarrolladas en el PM25 y, por tanto, con un éxito programador discutible en las obras previstas: unas concluidas –la reforma del palacete de Cruz Roja o la pasarela peatonal-ciclista a Miguelturra–; otras en curso de finalización –Ciudad administrativa, Museo del folclore– y otras pospuestas sine die –la segunda ronda, la sustitución del antiguo hospital de Alarcos o el Museo de la Caza y Naturaleza–. Ya en 2024 (Lanza, 19 de febrero) el vicepresidente Caballero Serrano –auténtico hombre fuerte en la conformación del PM25, como presidente de la Diputación provincial; junto a García Page, como presidente regional y Zamora Bastante como alcaldesa– fijaba un ritmo de ejecución cercano al 50%. Al señalar una ejecución estimada de 45 millones de euros, frente a los 102 millones previstos. Ahora, debería de haber señalado, para cumplir objetivos, el grado de ejecución alcanzada al 31 de diciembre de 2025. Obsérvese de todas formas, que el grueso inversor se centra en la Ciudad administrativa, pendiente de conclusión: 40 millones estimados –a falta de las revisiones de precios, liquidación, traslado y amueblamiento– que, agregados a los muy discutidos 8 millones de la pasarela peatonal-ciclista Ciudad Real-Miguelturra, se aproximan al 50% del gasto total del PM25. Es decir, solo dos obras han concentrado el 50% del gasto programado. Gasto el de la ciudad administrativa que ya fuera cuestionado en la entrega 34 de mi serial Urbanismo en Ciudad Real: 40 años de extravío (Miciudadreal, 20 agosto 2024)., dando cuenta del escrito anterior Planes y parábolas (Miciudadreal 28 enero de 2018). “Marzo, crucial, denominé una pieza del 21 de febrero de 2021, par a dar cuenta de la afirmación enigmática, vertida por el presidente regional García Page a propósito de las venturas y desventuras de la ciudad. Eso sostenía el presidente regional García Page, el pasado día 19, a propósito de la reunión del comité de seguimiento del Plan Modernizador 2025. Donde se daban cuenta de un cúmulo de previsiones y de firmas de convenios varios, en el emprendimiento de las finalidades previstas en los objetivos del mencionado Plan Modernizador 2025… Y esta es parte de la cuestión que viene moviéndose en redes sociales, al menos, desde septiembre de 2019. El traslado de todas las dependencias administrativas de la Junta de Comunidades a la Ronda del Carmen –antiguo Hospital Provincial del Carmen– comportará el consiguiente vaciamiento de las actuales dependencias actualmente ocupadas. Y consecuentemente, el abandono de los edificios, que se sumaran a los actualmente en entredicho; sin haber se establecido un posible uso o destino de estos. Y ya sabemos a dónde conducen los vaciamiento de uso. Por más que el presidente de la Diputación Provincial –y otro factótum junto a García Page de tal modelo planificador– afirmara tan solemne como arbitrario y prepotente: “que las sedes que dejara vacante la Junta de Comunidades, sería asumidas por la Diputación Provincial para sus propias instalaciones… Los promotores del debate en contra de ese traslado señalan ya los problemas de decadencia comercial del centro ciudadano, para añadirle ahora, la decadencia de funciones administrativas. En un gesto que contradice las actuales inversiones municipales. centradas en peatonalizar el centro y hacerlo accesible, cuando se está trazando la rúbrica de cierto vacío funcional y económico. Baste ver como nota de actualidad la entrevista de Pedro Pintado, con el alcalde Cañizares (Ciudad Real. Capital de la Mancha, agosto 2024). Donde deja claro la falta de idoneidad de la Ciudad administrativa. “No encontrábamos nada positivo en ello y se lo dijimos a la Junta”, al margen de la ubicación de una área administrativa en un enclave residencial, sin haber mediado el cambio de uso urbanístico, de Hospitalario a Administrativo. Para concluir: “Tenemos las mismas instalaciones de la Junta que teníamos antes, pero gastando 40 millones más, No vemos la apuesta de futuro por la ciudad” … Podrá objetarse que todo ello –todas esas decisiones y todas esas trasformaciones propuestas– estaba contenidas en el repetidoPlan Modernizador 2025, por lo que no debería de haber sorpresas en la ciudadanía. Lo que no queda claro es el valor normativo del Plan Modernizador 2025, en la medida en que este recogía un conjunto de decisiones inversoras de un acuerdo interadministrativo. De eso escribí en 2018, cuando nació a la luz elPlan Modernizador 2025 (Planes y parábolas, Miciudadreal, 28 enero 2028). “Visto desde hoy la historia de planificación local, cuenta ya con un importante recorrido histórico constatable. Otra cuestión que considerar será la presunta eficacia de tales instrumentos de ordenación urbana y su grado de cumplimiento y eficacia final… Algún día habrá que hacer ese balance histórico del Planeamiento urbano local y provincial, por no hablar de otras instancias superiores que viajan desde los Planes Provinciales de Servicios Técnicos de los años sesenta y setenta, a Normas Subsidiarias Provinciales (1980), pasando a los Planes Provinciales de Cooperación Municipal de la misma década; hasta los más recientes Planes Territoriales y del Medio Físico, producidos ya al amparo de la pretensiones de las diferentes legislaciones autonómicas, de la mano de las variadas LOTAU que han existido… Sólo en el caso de Ciudad Real capital hemos contado con hasta seis instrumentos planificadores, desde el temprano PGOU de 1963 al PPCR de 1968, desde el PGOU de 1976 (adaptación a la nueva Ley del Suelo de 1975), hasta su revisiones y modificaciones de 1987 y 1997. Incluyendo el no nato, pero si iniciado y redactado el Avance, POM de 2010, recientemente decapitado. Junto a ellos, habría que citar el Plan estratégico 2005-2015 o la iniciativa EDUSI 2017-2022. Para completar el bucle melancólico de las Planificaciones Prometidas, el pasado día 26 asistimos al nacimiento de otra realidad nueva, denominada sutilmente Plan Modernizador 2025. Plan que ni es un Plan Urbanístico y Territorial, ni es un Plan Económico de las administraciones concertadas … Y de aquí la derivada consecuente. Si un Plan Modernizador, un Plan Urbanístico o un mero Plan de Obras Globales, no captura ni representa la idea de la ciudad necesaria –en sus transformaciones y en sus consolidaciones–; si se elabora de espalda a los diferentes colectivos ciudadanos y se confecciona con procedimientos técnicos poco transparentes; no estaremos en presencia de un verdadero Plan de la Comunidad, sino ante un Plan Personalista del gobernante de turno. Por más que esos gobernantes no se sienten en la silla municipal de la Alcaldía y hayan asumido –casos de García Page y de Caballero Serrano– un protagonismo que no les corresponde, más allá de las aportaciones financieras que hayan podido otorgar en la definición de las inversiones. La tentación de dejar huella del paso mortal por la tierra es un asunto común de todo el pasado de reyes, papas y gobernante diversos. Y así lo han afirmado múltiples obras y decisiones en la historia. Y por ello hablamos de la Roma de Julio II, del Madrid de Carlos III o del Paris de Hausmann. En otra escala menor –y escasamente comparable en lo formal y en lo cualitativo– cuando un Alcalde adopta decisiones controvertidas –que acabarán rebotando en el tiempo posterior, y siendo padecidas por los paciente ciudadanos– se dice con ironía, que está queriendo dejar su firma en piedra o en argumentos administrativos muy discutibles. Y así el Madrid de García Lomas, la Barcelona de Porcioles o el Ciudad Real de Martínez Gutiérrez.
No sé si el resultado formal final de la ciudad derivada del Plan Modernizador 2025, será la Ciudad de Zamora y Page o será otra cosa. Lo que sí parece cierto es la repetición de la secuencia del protagonismo personal o del excesivo personalismo con que se conjuga la política. Hubo ya imágenes que hablaban de la Ciudad de Lorenzo Selas, de la Ciudad de Gil Ortega y de la Ciudad de Rosa Romero. Por ahora sólo sabemos que Marzo será un mes crucial, de igual forma que Abril es el mes más cruel, según citaba Thomas S. Eliot. Pues eso, crueldad en la ciudad una vez más”.
Tales titubeos programáticos, como puede observarse, se desprenden, de forma tardía ya, de la noticia del 20 de octubre de 2025 (La Tribuna) –con el calendario programador bien avanzado o en trance de cierre del PM25–: “La Junta impulsará 200 viviendas de alquiler en los edificios públicos vacíos”. Más aún, el vicepresidente Caballero y actor protagonista destacado en este desarrollo del PM25, ampliaba el título a la totalidad de inmuebles. “El siguiente paso será realizar un estudio técnico de los edificios para conocer sus patología y las necesidades que presentan para cambiar su uso a viviendas”. Sabedores, todos los protagonistas programadores, de varias cosas, como el elevado número de inmuebles públicos (titularidad de la Junta de Comunidades) que quedarían vacíos con la obra de la Ciudad administrativa, parecía oportuno realizar una oferta –tan tardía como oblicua– al gran problema real de la ciudadanía en el momento presente: el problema de la vivienda. Cuya competencia es regional, casi de forma exclusiva. Visto desde lejos, la urgencia de gastar 40 millones de euros en solucionar un problema inexistente, el de la funcionalidad administrativa y su ubicación concentrada, con una fuerte inversión, bien habría merecido otras direcciones preferentes de gasto. Esos 40 millones de inversión en la Ciudad administrativa, casi igualan el gasto del Campus bio sanitario (41.607.130) que compone una evidente inversión productiva, frente a la improductiva de la Ciudad Administrativa. Y habrían sido capaces de crear un mínimo de 400 nuevas viviendas.
Titubeos que se prolongan en otra dirección, como el asentamiento del comprometido Centro de Saluod de Pio XII (número 1). Baste ver en este sentido titubeante, las declaraciones recientes de la delegada de la JJCC, Blanca Fernández, al advertir que “la futura ubicación del Centro de salud número 1, se decidirá por consenso” (La Tribuna, 11 febrero 2026). Cambiando las propuestas de transformar el antiguo hospital de Alarcos en zona verde y trasladando, tanto el Centro de Salud como el Centro de Atención continuada, a emplazamientos cambiantes y por ahora desconocidos. Como ha resultado –otro desvío programador– el gatillazo del fallido emplazamiento del MUCANA, quedaba libre el edificio de la antigua delegación de Sanidad. Se optó por ese emplazamiento –otra reforma sin valorar suficientemente–, que ahora se cuestiona y se decidirá por consenso. Cuando todos nos preguntamos, si ese método de trabajo ‘por consenso’ no habría sido deseable aplicarse desde 2018. Desde el principio.
