El hombre acusado de abusar de su nieta de ocho años en un pueblo de la provincia de Ciudad Real ha negado los hechos, mientras que las psicólogas encargadas de realizar el informe psicosocial han considerado creíble el relato de la menor tras conocerse los hechos.
Así lo han señalado las partes durante el juicio que se ha celebrado este jueves, a puerta cerrada, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y en el que se ha juzgado a J.M.M.C. como presunto autor de un delito de agresión sexual hacia su nieta.
En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, la abogada Concha Marín, que ejerce la acusación en la causa junto al Ministerio Fiscal, ha explicado que solicitan 11 años de prisión para el acusado, además de medidas de protección complementarias.
En concreto, ha señalado que pide 15 años de libertad vigilada y otros 15 años de alejamiento, junto a la correspondiente responsabilidad civil, aunque ha subrayado que ninguna compensación económica puede reparar el daño moral causado a la menor y a su familia.
Marín ha destacado la «especial gravedad del caso» al tratarse de una presunta agresión sexual a una menor y atribuida al abuelo paterno de la niña.
Según ha explicado, la menor dio la voz de alarma más de tres años después de los hechos, cuando comenzó a presentar cambios de comportamiento, rebeldía y dificultades en la relación con sus padres.
Fue entonces cuando, tras ser preguntada por su madre por lo que le ocurría, rompió a llorar y verbalizó lo sucedido.
Por la parte de la defensa, el letrado ha preferido no hacer declaraciones antes del inicio del juicio, aunque ha avanzado que su cliente negará los hechos.
UNOS HECHOS OCURRIDOS EN 2019
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en septiembre de 2019 y afectaron a la menor, que entonces tenía 8 años. La Fiscalía sostiene que el acusado, que cuenta con antecedentes penales al haber sido condenado a más de dos años de prisión por un delito contra la salud pública en 2017, se habría valido de su relación familiar con la menor para cometer los hechos por los que ahora se sienta en el banquillo.
La menor no relató lo ocurrido hasta el 18 de octubre de 2023, más de cuatro años después, cuando se lo contó a su madre. Ese mismo día, la progenitora presentó denuncia.
El Ministerio Fiscal recoge que, a raíz de estos hechos, la niña ha sufrido una importante afectación emocional y sintomatología psicológica significativa.
Dos días después de la denuncia, el 20 de octubre de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Real acordó imponer al procesado la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, a su colegio o a cualquier otro lugar en el que se encontrara a menos de 200 metros, además de prohibirle comunicarse con ella por cualquier medio.
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