Comunicado. –Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, 22 de octubre, la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y tramitada por el procedimiento de urgencia. La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha advierte de que el Gobierno regional presenta esta norma como su respuesta al problema de la vivienda, cuando en realidad se trata de un nuevo “parche” legal —una reforma puntual de la ley que regula las viviendas de protección pública y de la legislación urbanística vigente— que elude la necesidad de una verdadera Ley de Vivienda integral, competencia exclusiva de la Junta de Comunidades.
La Plataforma valora positivamente que la norma persiga incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la posibilidad de destinar edificios y parcelas públicas en desuso a vivienda protegida. Pero denuncia que la protección permanente y la duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler que incorpora solo se aplican a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, dejando fuera a buena parte del parque público autonómico, que sigue sin ese blindaje. Y que, en su redacción actual, la norma desprotege gravemente a las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos: la regulación de la resolución de contratos de arrendamiento y cesión de uso de vivienda pública ignora el perfil de vulnerabilidad económica y social de quienes las habitan, hasta el punto de que el mero impago de una cuota puede bastar para justificar el desalojo, sin que en ningún momento se valore la situación personal, económica o familiar de las personas afectadas —tampoco la presencia de menores—.
La moratoria que contempla la ley para casos “excepcionales de marcado carácter social” resulta excesivamente vaga, discrecional e insuficiente. Los procedimientos de desalojo de vivienda pública deben incorporar siempre un análisis individualizado de proporcionalidad, con mecanismos de detección temprana, mediación y acompañamiento antes de que un conflicto habitacional desemboque en un desahucio, protocolos eficaces de coordinación entre administraciones y garantías de alternativas habitacionales reales ante cualquier lanzamiento.
Además, la norma prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a fórmulas más ágiles, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto. La Plataforma reclama, en cambio, un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial las viviendas desocupadas —especialmente las susceptibles de alquiler social o asequible—, junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente.
Esta desprotección, además, ignora que la crisis de la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Golpea especialmente a las mujeres, porque las desigualdades económicas y sociales también se reflejan en el acceso a un hogar digno: la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más bajas y la mayor carga de cuidados hacen que muchas mujeres tengan más dificultades para pagar un alquiler o acceder a una vivienda propia. Esta situación golpea especialmente a las familias monomarentales y a las mujeres víctimas de violencia de género, para las que tener una vivienda segura es fundamental para alcanzar la autonomía y romper con la dependencia. No hay igualdad real si llegar a fin de mes es un privilegio: la justicia social tiene que ser feminista. La Plataforma exige que cualquier política de vivienda incorpore esta perspectiva.
Una ley que confirma el desequilibrio de fondo de la política autonómica de vivienda
Esta ley no es un hecho aislado: confirma el desequilibrio que ya mostraba la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 de la Junta frente a las tres demandas centrales de esta Plataforma —regular el mercado del alquiler, ampliar la oferta de vivienda social y garantizar una alternativa habitacional ante los desahucios—.
En regulación del alquiler, el balance es nulo: la Agenda no incorpora zonas tensionadas ni limitación de precios, y el Gobierno regional prioriza incrementar la oferta antes que intervenir en el mercado, escudándose en que ningún municipio ha solicitado formalmente esa declaración, cuando es la propia Junta quien debería facilitar y promover el uso de esta herramienta que la Ley por el Derecho a la Vivienda pone a disposición de las zonas con mayores dificultades de acceso.
En ampliación del parque social, el alineamiento es mayor sobre el papel —nuevas viviendas protegidas en alquiler, adquisición de inmuebles, movilización de vivienda vacía, una convocatoria de 68 millones para alquiler asequible y 280 millones adicionales del nuevo Plan Estatal—, pero el parque de vivienda social apenas alcanza el 1,66% del total, muy lejos de la media europea, y exige un incremento sostenido y estructural, no solo anuncios de visados de obra nueva.
Y la propia definición de “asequible” que maneja la Junta se aleja de la realidad económica de la región: las viviendas calificadas como alquiler asequible no bajan de 600 euros al mes. Según el último informe FOESSA/EAPN sobre Castilla-La Mancha, un 34% de la población regional —732.443 personas— está en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 14,4% ya acumula retrasos en el pago de su vivienda principal. Para esas personas, 600 euros no es una renta asequible: es, sencillamente, inalcanzable.
Y en garantía de alternativa habitacional ante los desahucios, la Agenda vuelve a fallar: no prevé protocolos de realojo, mecanismos de coordinación ante lanzamientos judiciales ni garantías expresas de acceso a una vivienda alternativa, la misma carencia que arrastra la ley aprobada ayer.
PP y Vox: enmiendas que evidencian su posición sobre la vivienda
El debate parlamentario también dejó clara la posición de PP y Vox, que se abstuvieron en la toma en consideración de la ley pero presentaron 58 y 50 enmiendas respectivamente, rechazadas en comisión y reeditadas sin éxito en el Pleno.
El PP pidió rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre la vivienda del 9% al 6% con carácter general, y del 5% al 3% para empresas que compren vivienda para su reventa —con efectos retroactivos desde enero de 2026 y devolución con intereses a quienes ya hubieran pagado—, además de ampliar los motivos de desahucio administrativo en el parque público. Se trata de beneficios fiscales a grandes compradores y fondos de inversión, y de más facilidades para desalojar, justo lo contrario de lo que la crisis de vivienda exige.
Vox, por su parte, planteó dar prioridad a la población española en el acceso a la vivienda protegida, al parque público de alquiler y a las ayudas autonómicas, exigiendo hasta diez años de arraigo para comprar y cinco para alquilar. La Plataforma rechaza este modelo de “prioridad nacional”: disfrazar la discriminación de requisito de arraigo no deja de ser discriminación, vulnera derechos humanos reconocidos y alimenta el racismo y la xenofobia, desviando la atención de la verdadera causa de la crisis: la especulación y la falta de vivienda pública.
Ambos partidos dejan así clara su posición de fondo: mientras la Plataforma exige frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda para toda la población, PP y Vox proponen bajar impuestos a quien compra vivienda para el mercado y restringir el acceso por origen o nacionalidad.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha reitera su exigencia de una Ley de Vivienda integral para la región, que regule el alquiler, garantice una alternativa habitacional ante cualquier desahucio y reconozca este derecho humano con todas sus garantías, y seguirá vigilante ante el desarrollo reglamentario de la norma aprobada.
Esta ley confirma, además, por qué es necesario secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre: mientras la Junta sigue sin asumir su responsabilidad en la crisis de vivienda, la Plataforma recuerda su llamamiento a sumarse a esta jornada y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a ella.
