Juan José Rubio Guerrero y José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta.- Mantener abierto un consultorio en un pueblo de la Serranía de Cuenca, trasladar a un paciente desde la comarca de La Jara hasta un hospital o llevar cada mañana a los niños de varias pedanías a su colegio no cuesta lo mismo que prestar esos servicios en una gran ciudad. Lo sabe cualquier gestor sanitario o educativo, y lo confirman los datos: en la provincia de Guadalajara, el coste de la atención primaria por habitante fue en 2017 de 432 euros fuera del Corredor del Henares, frente a 168 euros dentro de él. Sin embargo, el sistema con el que el Estado reparte los recursos entre las comunidades autónomas apenas lo tiene en cuenta.
Ese reparto se basa en la llamada población ajustada, un indicador que pondera a los habitantes de cada comunidad según su edad y algunos factores territoriales para aproximar lo que cuesta atender su sanidad, su educación y sus servicios sociales. La fórmula se fijó en 2009 y no se ha revisado desde entonces. En ella, la superficie pesa un 1,8 %, aunque Castilla-La Mancha ocupa casi una sexta parte del territorio de las comunidades de régimen común. El resultado es conocido: nuestra región está entre las peor financiadas de España. En 2024 recibió por habitante ajustado casi un 3 % menos que la media, y entre 2009 y 2023, en los once años en que quedó por debajo de ella, dejó de percibir 1.142 millones de euros respecto a la financiación media.
Conviene subrayarlo, porque con frecuencia se atribuye la infrafinanciación a problemas de gestión. Los datos apuntan a otra explicación: una capacidad tributaria por habitante ajustado más de veinte puntos inferior a la media, que el sistema no compensa del todo, y una medición deficiente de las necesidades. La investigación que hemos desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha aplica a la fórmula las recomendaciones de la Comisión de Expertos que en 2017 estudió la reforma del sistema, entre ellas reconocer el coste del territorio dentro del gasto sanitario. Castilla-La Mancha es la comunidad que más saldría ganando: su población ajustada aumentaría en unos 94.000 habitantes, lo que con el sistema vigente supondría unos 263 millones de euros más al año, sin que el Estado tuviera que aportar un euro adicional.
¿Corrige esta situación la reforma en curso? Solo en parte. El Ministerio de Hacienda presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo modelo que incorpora recursos adicionales. Según nuestras estimaciones, con datos de 2024 habría aportado a Castilla-La Mancha unos 784 millones más. Es una mejora real, pero la región seguiría siendo la segunda peor financiada de las quince comunidades de régimen común. Una parte de los nuevos recursos se reparte con criterios ajenos al coste de los servicios: el mecanismo vinculado al IVA de las pymes beneficiaría sobre todo a Cataluña, que recibiría unos 1.500 de sus casi 2.000 millones; el Fondo Climático se destina principalmente a las comunidades mediterráneas; y una cláusula de garantía protege a comunidades que ya están mejor financiadas que la media. La propuesta, además, mantiene la fórmula de 2009 e incluso reduce el peso de la superficie.
¿Qué debería esperar Castilla-La Mancha de la negociación? A nuestro juicio, un buen acuerdo no se mide solo por los millones adicionales, porque cualquier reforma que aumente los recursos del sistema los traerá. Se mide por tres cosas. La primera, que la región deje de estar a la cola y su financiación por habitante ajustado se aproxime a la media, porque sus ciudadanos tienen derecho a unos servicios equiparables a los de cualquier otro territorio. La segunda, que el sistema reconozca por fin lo que cuesta prestar servicios en una región extensa y poco poblada. La tercera, que el dinero nuevo se reparta según las necesidades de cada comunidad y no mediante fondos que favorecen a las que ya están mejor financiadas.
Que es posible lo demuestran los propios números de la reforma. Si esos mismos recursos se distribuyeran a través de un único fondo que repartiera todos los ingresos tributarios autonómicos según las necesidades de cada comunidad, y con una población ajustada actualizada, Castilla-La Mancha obtendría alrededor de 1.474 millones de euros más al año que con el sistema actual, unos 690 millones más que con la propuesta del Ministerio. Y sin un coste adicional para el Estado, porque se trata de recursos que el diseño de la reforma asigna a otras comunidades. Incluso con un reparto algo menos ambicioso, que nivelara el 90 % de los ingresos tributarios, la ganancia superaría los 1.250 millones.
No se trata de pedir un privilegio ni de enfrentar a unas regiones con otras. La Constitución recoge la garantía de un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio, y es ese principio el que está en juego. El debate suele plantearse como una pugna entre territorios, pero es también una cuestión técnica sobre cuánto cuesta un mismo servicio en lugares distintos, y en ella Castilla-La Mancha tiene buenos argumentos. Cuando se conozca el acuerdo, la pregunta que deberíamos hacernos los castellanomanchegos no es solo cuánto dinero llega, sino si, por fin, el sistema nos trata como a los demás.
Juan José Rubio Guerrero es catedrático de Hacienda Pública y José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta es investigador y profesor del Área de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las cifras son estimaciones de los autores con datos de la liquidación del sistema de financiación de 2024 y deben entenderse como órdenes de magnitud.
