El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de la autorización, por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, de un conjunto de ayudas para los agricultores y ganaderos de la región. En total 232,7 millones de euros entre agricultura y ganadería ecológicas y diversas medidas ambientales, de los cuales 67,5 millones de euros se convocan para el año 2023.
En primer lugar, se destinan 160 millones de euros del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2023-2027 al fomento de la producción ecológica y supone un 17 por ciento del presupuesto del PDR para los próximos cinco años.
En este periodo la ganadería ecológica por primera vez se diferencia de la agricultura ecológica, para tener “más ganaderos ecológicos en Castilla-La Mancha”, ha puntualizado el consejero, que ha manifestado que, además, se promoverá la certificación de pastos comunales de titularidad pública, para que los animales puedan pastar en ellos manteniendo la calificación de ecológico. Se dará un incremento “muy importante en la superficie de producción ecológica de Castilla-La Mancha”, ha señalado, “que pasará, cuando acabemos esa certificación, de 412.000 hectáreas a 712.000, 300.000 hectáreas más de lo que tenemos en este momento”.
En la nueva programación del PDR se prioriza también a los agricultores y ganaderos que tengan el 100 por cien de su producción en ecológico, es decir, “a los más comprometidos con este modelo de producción”, ha indicado Martínez Arroyo, añadiendo que “también hemos priorizado la conversión, es decir, el cambio de modelo de agricultura o ganadería convencional, a agricultura o ganadería ecológica, para que entren más agricultores y ganaderos en ecológico en Castilla-La Mancha”.
Esta segunda iniciativa, se dirige sobre todo a los nuevos incorporados y así “que entren jóvenes en el sector ecológico”, ha afirmado el responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, “para tener cada vez más operadores, agricultores y ganaderos, ecológicos”. Según ha valorado, “es una forma de ayudar a los jóvenes y a las explotaciones familiares agrarias” de la región a pasar a “un modelo de producción fundamental”, ya que Castilla-La Mancha es “la región de referencia en Europa en el apoyo a la producción ecológica”.
Medidas agroambientales
Además de las ayudas a la producción ecológica, se ha autorizado un paquete de medidas agroambientales, que contempla distintas líneas, dos de ellas, nuevas: una para viñedo tradicional, de secano y en vaso, y otra para favorecer la convivencia de los agricultores con la avifauna en las zonas de humedales.
Respecto a las ayudas al viñedo de secano, se dirigen a aquellos plantados en vaso y con más de 50 años de antigüedad, un cultivo que debemos mantener por su importancia “desde el punto de vista del paisaje y para evitar la erosión del suelo”, ha comentado Francisco Martínez Arroyo. Actualmente, en Castilla-La Mancha hay 84.000 hectáreas, con el intento de llegar con las ayudas “a 50.000”, que recibirán 100 euros por hectárea. La convocatoria, para cinco años, correspondientes al periodo 2023-2027, asciende a 26,7 millones de euros.
La otra línea nueva, de gestión de la agricultura extensiva para la protección de la grulla común, busca favorecer la convivencia con estas aves, en las parcelas de cereales y leguminosas ubicadas alrededor de humedales en las provincias de Cuenca y Guadalajara. La convocatoria, también a cinco años, supone 1,6 millones de euros.
También, y en el marco del Consejo de Gobierno, otra de las ayudas agroambientales se dirige a la apicultura para la mejora de la biodiversidad. También para los cinco años de 2023 a 2027, está dotada con 13,5 millones de euros. “Es el mayor importe convocado nunca para la apicultura en Castilla-La Mancha”, ha dicho el consejero, que ha detallado que se concederán 24,5 euros por colmena.
En cuarto lugar, habrá una ayuda específica para las razas autóctonas amenazadas por riesgo de erosión genética. En este caso, se destinan 4,2 millones de euros para las convocatorias 2023-2027.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha repasado, además, las ayudas agroambientales que son de carácter anual, y de las que también ha informado al Consejo de Gobierno: respecto a las dirigidas a zonas agrícolas de la RED NATURA 2000, conocidas como zonas ZEPA, contarán con nueve millones de euros; para pagos a zonas de montaña, se destinan 6,5 millones de euros; las plantas aromáticas contarán con 600.000 euros; y las ayudas al bienestar animal sumarán 4,3 millones de euros.
Tanto las ayudas a la producción ecológica como todas las medidas agroambientales, se deben pedir en la solicitud única de la PAC, cuyo plazo comenzó el 1 de marzo y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo. Según ha explicado el consejero, se trata de “medidas, todas ellas, que van enfocadas a los agricultores y ganaderos profesionales, a las explotaciones familiares de Castilla-La Mancha, que cumplen, además, con el medio ambiente en nuestra región”.
Para finalizar, y a preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha aclarado que “no baja ni una sola de las ayudas ecológicas” existentes en Castilla-La Mancha, sino que se incrementan las relativas a viñedo, olivar y pastos a la ganadería.
Discrepancia en materia de agua
Cuestionado por la decisión de la Diputación de Alicante de presentar un recurso contra el decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo, Martínez Arroyo ha apuntado que discrepa «totalmente» de este planteamiento y se ha mostrado «convencido» de que Castilla-La Mancha tiene «la razón» en este tema.
Lo que está haciendo el Gobierno de España, ha aseverado el consejero, “con los caudales ecológicos es, nada más y nada menos, que aplicar cinco sentencias del Tribunal Supremo, que son sentencias firmes, y que obligan a poner en marcha caudales ecológicos en la Planificación Hidrológica del río Tajo”.
A su vez, ha querido “recalcar la importancia de que en la Planificación Hidrológica se hayan tenido en cuenta los intereses de la España interior, de Castilla-La Mancha, de los municipios ribereños, de las personas que viven en Toledo, en Talavera de la Reina, en toda la cuenca”, algo que ocurre “por primera vez”. A su juicio, “la cuenca cedente ha sido verdaderamente prioritaria y, por primera vez, se han antepuesto los intereses de la España interior en la planificación, allí por dónde pasa el agua”.
