Castilla-La Mancha ha reiterado este jueves su voluntad de colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, pero ha rechazado frontalmente el modelo ‘low cost’ que plantea el Gobierno de España por considerar que pone en riesgo la calidad del sistema de protección de la región y no garantiza los cuidados adecuados para estos niños y niñas.
Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a la salida del Ministerio de Juventud e Infancia, tras confirmarse que no se podía celebrar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia al no alcanzarse el quórum necesario y a la que no han acudido las comunidades gobernadas por el Partido Popular. “Es lamentable que no se haya podido celebrar una Conferencia clave para afrontar una situación de emergencia como ésta, que exige coordinación, diálogo y recursos”, ha afirmado.
Pese a la suspensión de la sesión formal, la ministra ha trasladado a las comunidades los próximos pasos del Gobierno: la aprobación del Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 26 de agosto y su inmediata aplicación. En este contexto, García Torijano ha querido dejar clara la postura de Castilla-La Mancha, que ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto “por no haber sido consensuado con las comunidades”.
Un recorte de casi el 80 por ciento y plazas a 35 euros: es “inviable”
Según los documentos enviados por el Ministerio, a Castilla-La Mancha se le asignarían 320 menores, con una financiación total ligeramente superior a los cuatro millones de euros. Eso supone un precio por plaza y día de 35,75 euros, según ha señalado García Torijano, muy inferior al modelo anterior de contingencias, que se financiaba a razón de 145 euros por plaza y día, recuerda.
“Estamos hablando de una rebaja del 80 por ciento que hace inviable abrir nuevos recursos y atender a estos menores como merecen. No se puede hacer política de infancia al mínimo coste”, ha denunciado la consejera.
“Atender y poder acoger a los casi 4.000 menores que se quieren sacar de Canarias y Ceuta cuesta alrededor de unos 250 millones de euros. Eso hoy la ministra y el secretario de Estado lo han reconocido y han dicho que efectivamente así se lo han pedido a la ministra de Hacienda y, por tanto, al Gobierno de España. Pero que la obtención han sido 100 millones de euros y que hay que afrontar esta situación con esos 100 millones. En Castilla-La Mancha entendemos que no se puede hacer un ‘low cost’ con un tema tan sensible de menores”.
Solidaridad sí, pero con garantías
García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha mantiene su posición de solidaridad y voluntad de ayuda, como ha hecho siempre, “pero no a costa de tensionar un sistema de protección que ya tiene el 98 por ciento de sus 560 plazas ocupadas”. La región recuerda que ya presentó en febrero una propuesta planificada y seria para participar en la acogida de menores, que no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio.
Además, ha advertido de la desigualdad en el trato entre menores migrantes gestionados por asilo (que reciben mayor financiación) y los que se derivan a las comunidades autónomas: “Todos los niños son iguales y necesitan los mismos cuidados”, ha señalado.
Defensa del modelo de Castilla-La Mancha
La región ha vuelto a reivindicar su modelo de atención a la infancia basado en pequeñas unidades de convivencia (de máximo 10 plazas), sin grandes centros de acogida, que prioriza una atención personalizada y de calidad, en línea con las recomendaciones internacionales y el nuevo enfoque de cuidados promovido por el propio Gobierno de España.
“Este modelo supone mayor inversión, sí, pero también más dignidad, más garantías y mejores resultados. Por eso lo defendemos y no vamos a renunciar a él”, ha indicado la consejera.
