Ecologistas en Acción ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que se asuman responsabilidad políticas tras la anulación del Reglamento de Caza y por una situación –asegura– que él mismo ha generado y que «no ha querido solucionar antes aun sabiendo de la ilegalidad de sus actuaciones».
En una nota de prensa, Ecologistas en Acción señala que esas responsabilidades se debieran plasmar al menos en «una disculpa pública» a la ciudadanía, en un replanteamiento de la política cinegética y en una apertura sincera a que el conjunto de la sociedad pueda participar en igualdad de condiciones en la tramitación de las normas con repercusiones ambientales.
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha abierto un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.
Con esta resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición del 19 de septiembre, y recogida por Europa Press, la Junta comienza el proceso de establecimiento de un nuevo Reglamento de Caza, tras la sentencia del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que anula el Reglamento aprobado en marzo de 2022.
Según una de las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible que publica el DOCM, «el reglamento de caza de 2022 se anula con plenos efectos jurídicos debido a la firmeza de la sentencia, por lo que el Gobierno regional se ve obligado a mantener en vigor el anterior y desfasado reglamente datado en 1993».
Por otra resolución, según recuerda la organización ecologista, la Consejería da inicio a un procedimiento para la aprobación de un nuevo reglamento, cuyo periodo de participación e información pública dispone de un periodo de veinte días que vence el 17 de octubre, esto es, una vez iniciada la temporada de caza 2025-26.
Ecologistas en Acción considera que esta firmeza de la sentencia revela el «desprecio» de la Consejería y del Gobierno regional por la participación pública y «el trato de favor que se está dando al lobby cinegético» aceptando todas sus propuestas sin pasar por el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, y «evitando igualmente el debate de las mismas en el CAMA y la correcta información pública».
«Esta ilegalidad en el procedimiento que ha permitido la vigencia durante tres años y medio del reglamento anulado, está dando lugar a daños ambientales, a las propias poblaciones cinegéticas y al uso público del medio natural en Castilla-La Mancha, que se perpetuarán si el nuevo borrador se aprueba en los mismos términos que el que ha sido objetado por los tribunales», subraya la organización.
En este sentido, Ecologistas en Acción reclama de la Consejería que reformule el texto del borrador para evitar mayores perjuicios, crispación e inseguridad jurídica. «La publicación de las resoluciones en el DOCM supone el pleno reconocimiento más allá de la sentencia de que la demanda de Ecologistas en Acción estaba bien fundamentada y que el Gobierno de Castilla-La Mancha actuó al margen de la legalidad y en manifiesto desprecio a la participación pública».
