La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha asegurado, tras más de un año y medio en el cargo, que la situación actual del pueblo y su comarca pasan por elevar el tono a la hora de exigir el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito en octubre de 2005 entre el Ayuntamiento, Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En entrevista con Europa Press, Jurado se ha remontado al año 2005 para citar el convenio suscrito entre las partes, un acuerdo que «permanece incumplido» 20 años después, una reivindicación que se colocó en los primeros puntos de su programa electoral.
Por tanto, lo que hará Almadén ahora será «reclamar al Gobierno de España cumplir el convenio y que la empresa Minas de Almadén, donde se invirtió un dinero importante para convertir la explotación en un parque temático», emplee el terreno adquirido para desarrollar «todo su potencial» en beneficio del pueblo.
Almadén «es un pueblo que durante 2.000 años ha dado muchísimo a este país» y ahora «no vale» que la empresa que gestiona su principal capital solo quiera «salvar sus cuentas».
Ha recordado en este punto su visita al Congreso de los Diputados del último trimestre de 2024 en la que plantearon varias preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez, ante las que ya han recibido respuestas.
Unas respuestas que «no satisfacen» y que ahora trasladarán a los vecinos con una intensa campaña informativa. «Vamos a dar cuenta al pueblo de Almadén».
Y es que «un convenio firmado y que está vigente» merece acciones para exigir su cumplimiento, y por ello, tras la visita al Congreso, no descarta judicializar el asunto.
«Por supuesto que se puede judicializar. No lo descartamos», asegura, indicando que la decisión dependerá «de la respuesta que dé el Gobierno» a partir de ahora.
Todo ello porque la primera de las respuestas «no satisface», y aunque el Gobierno se escuda en que «desde hace siete años tiene previsto que Minas de Almadén ponga en marcha un plan estratégico que tendría que haberse hecho por consenso», ese plan debería ir encaminado «a dar beneficios al pueblo».
Sin embargo, nos encontramos en Almadén que desde los actuales gestores no sólo no se camina poniendo el interés del pueblo en primer lugar de sus objetivos, sino que se están dedicando a tratar de restar derechos a los vecinos.
Se refiere la alcaldesa al cuestionamiento del uso público de caminos que recorren la Dehesa de Castilseras, propiedad de Mayasa, empresa pública que ha llevado al Ayuntamiento a los juzgados con el consiguiente gasto en representación legal que esto va a suponer para todo el pueblo, tal y como señala.
LAMENTA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
La reivindicación que abandera la alcaldesa de Almadén no decaerá en el caso de que haya un cambio de gobierno, toda vez que se trata de un acuerdo con puntos importantes como la instalación de un parque empresarial en la Dehesa de Castilseras «que no se hizo».
La respuesta del Gobierno, tal y como adelanta la alcaldesa, es rechazar la puesta en marcha de ese parque empresarial escudándose en que «ya hay un polígono industrial en Almadén que no está ocupado al cien por cien».
«Se olvidan los señores del Gobiero de España de que en ese compromiso no solo estaba urbanizar ese polígono, sino también atraer empresas. No se puede firmar un documento y que se quede en papel mojado. Nosotros exigimos el cumplimiento, que se traigan empresas, porque en ningún momento hemos renunciado al cumplimiento de este comprimiso».
Asegura la regidora que en el caso de llamar a filas al pueblo para manifestarse contra el Gobierno encontraría todo el respaldo. «A lo mejor la gente lo está esperando. El pueblo de Almadén me votó para esto, y vamos a exigir ese plan estratégico incluso por vía judicial. Tiene que cumplirse el convenio y el plan estratégico, queremos que se ponga en marcha ya y que repercuta en revertir la situación de pérfdida de puestos de trabajo».
Las respuestas del Gobierno a las que aludía la alcaldesa cogerán forma de un documento que el Ayuntamiento entregará buzón por buzón para que «sepan los vecinos» la postura del Ejecutivo. «El pueblo de Almadén ya no está para que le den dos capotazos y hasta la próxima. El pueblo respondería, porque nos votó precisamente para esto».
Jurado, que saltó a la política desde el movimiento vecinal como independiente tras la llamada del PP para arrasar en las elecciones de 2023, ha puesto de manifiesto que estando al frente del Ayuntamiento le gustaría conseguir «esa movilización» que le dé respaldo a sus propuestas. «Sería la fuerza con la que podría ir a pedir cualquier cosa».
Una vez que se ponga en conocimiento de la ciudadanía la respuesta del Gobierno, quiere explicar a los vecinos por qué hay «motivos para el enfado», y a partir de ahí «habrá que tratar de movilizar otra vez a la sociedad de Almadén» porque «el motivo del descontento no ha desaparecido, todo lo contrario».
EL AYUNTAMIENTO, EN ESTADO DE «DEMOLICIÓN» A SU LLEGADA
El actual es el primer mandato de la historia democrática en el que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta tras recabar ocho de los trece concejales del arco municipal, algo que «refleja la ilusión» del pueblo «por un nuevo equipo de Gobierno», ilusión reflejada en el equipo de gente que ella misma como independiente conformó en su candidatura.
Al llegar al despacho de Alcaldía, tal y como asegura, se encontró una situación «mucho más compleja» de la que había previsto. Una situación «muy complicada» y no solo en lo económico, sino además en lo que al engranaje de trabajo municipal se refiere, una máquina que «no estaba lo suficientemente engrasada» para acometer todos los retos propeustos en campaña.
Tras más de un año de mandato «se han hecho muchas cosas» pero con la necesidad de hacer un esfuerzo por normalizar la situación interna del Consistorio que hace dedicar más tiempo del deseado a lo que ocurre de puertas para adentro.
La deuda arrastrada por las arcas municipales obligaron a «un plan de ajuste financiero» que obligó, por ejemplo, a subir el IBI a los vecinos, algo que no fue su gestión la que tuvo que decidir «porque venía ya impuesto» por la firma de préstamos en la legislatura de 2019.
Y es que, según relata, además de los préstamos que ya se estaban devolviendo, antes de rematar el pasado mandato la anterior gestión «suscribió dos préstamos» por casi 6 millones de euros.
A todo esto suma la gran cantidad de «expedientes administrativos de asuntos que estaban judicializados» que están requiriendo de «un esfuerzo ingente para poner un poco de orden» en la casa. «Con todo eso no contábamos hasta que no estuvimos dentro del Ayuntamiento, y nos dimos cuenta de que estaba en estado de demolición, nos va a costar mucho ponerlo al día».
Eso sí, «a pesar de la dificultad», ella al frente de su equipo intenta trabajar en todo lo propuesto en el programa electoral, como facilitar el día a día al tejido asociativo de la localidad. Con todo, confía en sacar adelante todas las promesas con las que pidió el voto.
«Pero nos hemos encontrado una dificultad muy grande, con miles de cosas que el ciudadano de a pie no ve pero que requiere para nosotros muchas horas de trabajo y esfuerzo que son necesarias para que esto empiece a funcionar», ha afirmado.
