A su vez, la sesión plenaria acordó la solicitud de un crédito a la Caja Rural de Ciudad Real por montante de 1.131.000 euros destinado al pago de las nóminas, seguros sociales y proveedores esenciales, tal y como expuso el Concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero. Todos los puntos del orden del día, salvo la moción de Educación, fueron aprobados con amplio consenso.
Maratoniana sesión plenaria correspondiente al mes de octubre la que tuvo lugar en el Salón de Plenos. Casi cuatro horas de debate, y eso que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento se cumplió casi a rajatabla tal y como avanzaba en los micrófonos de Radio Daimiel el propio alcalde, Leopoldo Sierra. Eso sí, hubo algunos minutos más de cortesía en algunas intervenciones de los respectivos portavoces.
Casi cuatro horas de Sesión que tuvo un tono y ambiente mucho menos crispado que en anteriores ocasiones. Este hecho lo demuestra el consenso amplio que hubo en casi todos los puntos debatidos. Así, dos de las cinco mociones presentadas se aprobaron por unanimidad, si bien tres de ellas eran del mismo tema, la Educación. Aquí salió adelante la presentada por el Equipo de Gobierno con sus diez votos a favor, por seis en contra, los de PSOE e IU.
En la misma se pide una Ley de Calidad de la Educación que cuente con el consenso de toda la comunidad educativa, un plan de choque contra el fracaso escolar, un nuevo modelo de formación para el profesorado y el impulso de la Ley de Autoridad del profesorado, entre otras cuestiones.
Las otras dos mociones aprobadas las presentaba IU. Una de ellas hacía referencia a la creación de un Consejo Audiovisual Municipal, cuestión largamente demandada por la formación rojiverde y que siempre había contado con el apoyo del PP cuando estaba en la oposición. Según la moción aprobada por unanimidad, se trataría de un «Consejo consultivo, con una composición que garantice la diversidad y pluralidad política». Este Consejo deberá sustanciarse con la aprobación previa del Reglamento de Funcionamiento, algo que los tres grupos desearon se haga lo más pronto posible así como con el mayor consenso entre los partidos.
En este sentido el portavoz de IU, Galo Sánchez-Bermejo entendía que la aprobación de la creación del Consejo sin la aprobación del reglamento «no era nada».
Cristina Maestre, portavoz del Partido Socialista puso el acento en la imparcialidad de los medios de comunicación locales ya que el procedimiento por libre designación del director de los medios municipales les «guardaba reservas» en que en un determinado momento pudiera faltar objetividad.
Por su parte la Portavoz del Equipo de Gobierno expresaba que le hubiera gustado que la oposición hubiera tenido más margen de confianza «puesto que hoy mismo ha comenzado la nueva programación de Radio Daimiel, que es plural y participativa», dijo, mientras que incidía en que el Consejo no debe ser un órgano intervencionista.
En este sentido Leopoldo Sierra indicaba que se había presentado una nueva programación en Radio Daimiel y que se había realizado desde la pluralidad y la participación.
Otros dos puntos fueron aprobados por unanimidad. El primero la Cuenta General del ejercicio de 2010 y el segundo que en el ejercicio de 2011 no se aplique la revisión de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio a aquellos usuarios que esto les suponga un incremento en la cuantía de la misma. En este sentido la encargada de defender la propuesta por parte del Equipo de Gobierno, Carmen Torija, indicaba que «no se había realizado la revisión de las tasas en su momento, a primeros de año, y que a los usuarios del servicio no se les había pasado el cobro de los recibos». Según Torija eso se debió a «que había elecciones», ya que poco después de acceder al Equipo de Gobierno se encontraron con «unas cartas donde se exponía que los usuarios debían pagar desde enero los servicios prestados y, además, con un incremento en las tasas».
La portavoz socialista, por su parte, indicaba que no fueron motivos «electoralistas» sino que «se pretendía que a los usuarios del servicio no les afectara más el incremento de las tasas».
La moción de IU con respecto a organizar actos conmemorativos del 125 aniversario de la concesión a Daimiel del título de Ciudad también recibió el decidido respaldo de los tres grupos que componen el Pleno del Ayuntamiento. Se decidió la creación de una comisión que estudie las posibles actividades a realizar.
Otros acuerdos aprobados por amplia mayoría, con los votos favorables del Equipo de Gobierno y PSOE, pero con la abstención de IU, fueron la contratación de una póliza de crédito con Caja Rural de Ciudad Real, por valor de 1.131.000 euros que garantice, en palabras del Concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero «el pago de las nóminas de los funcionarios, seguros sociales y proveedores fundamentales». Gómez-Cambronero justificó esta nueva petición de crédito ante la «crítica situación del Ayuntamiento» y su «nula liquidez». El Concejal indicaba que Daimiel es el municipio con la deuda viva a 31 de diciembre de 2010 «más alta de Castilla-La Mancha, con un 85% de endeudamiento». Según el Concejal si a ese dato se le suma los 35 millones de deuda de EMUMASA «el Ayuntamiento de Daimiel es la quinta población de Castilla-La Mancha que más debe».
Ante esto justificaba el préstamo para «poder pagar nóminas, seguros sociales y proveedores básicos».
El Partido socialista votó a favor de la petición del crédito «por coherencia» pero pidió que se realizara un Plan de ajuste de Gastos «tal y como se ha hecho en otros ayuntamientos», mientras que IU se abstuvo porque según su portavoz Juan Julián Rodríguez de la Rubia «si la Junta no paga lo que debe, lo vamos a pasar muy mal».
En este punto el alcalde, Leopoldo Sierra, indicó que «no era el préstamo que nos hubiera gustado pedir, sino el único que nos pueden dar» dada la «nefasta» situación económica del consistorio.
Misma votación se dio para la aprobación convenios de colaboración para la promoción del suelo industrial y en el punto correspondiente a la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En este caso Izquierda Unida se abstuvo porque no apreciaban con claridad que «las bonificaciones aprobadas fueran a generar realmente empleo en la localidad».
IU sí apoyó la propuesta del Equipo de Gobierno de que Daimiel deje de pertenecer a Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino, propuesta que, en este caso, no contó con el apoyo del PSOE. Para su portavoz, Cristina Maestre, esta propuesta supone «borrar el esfuerzo de poner a Daimiel en el mapa», mientras que la portavoz del equipo de Gobierno María Dolores Martín de Almagro argumentaba que Daimiel «no recibe nada desde hace 7 años de esta asociación».
En el turno de ruegos y preguntas, más corto de lo normal por haberse sobrepasado el límite reglamentario de las doce de la noche, destacó el ruego sobre el deteriorado estado de los servicios del Colegio San Isidro y la pregunta acerca de la prestación del servicio de cocina de la Escuela Infantil Virgen de las Cruces. En el primero de los casos, el alcalde recogía el ruego de IU, mientras que en el segundo, contestaba a la portavoz del PSOE que no se debería haber recepcionado la obra de la Escuela Infantil «porque la cocina no tenía la instalación trifásica, ni la acometida de gas».
El pleno terminaba con la intervención de un ciudadano que reprochó a Cristina Maestre que ésta pidiera amparo al alcalde porque «su gente» le interrumpía. Maestre, que ya se había disculpado con anterioridad por utilizar esos términos, indicó que había sido interrumpida en varias ocasiones, pedía el mismo respeto para ella que el que ella tiene para los demás y volvió a disculparse por su expresión. Por su parte, el alcalde, que a lo largo del Pleno tuvo que llamar al orden al público hasta en tres ocasiones, le retiró la palabra al ciudadano y dijo que las disculpas de Cristina Maestre habían sido suficientes.
El secretario general del PSOE, Nemesio de Lara, ha advertido de que la situación económica de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real «es insostenible y de extrema gravedad». Según el dirigente socialista, «de continuar así serán muchos los consistorios que tendrán que cerrar las puertas, puesto que estamos hablando de una cuestión de poder o no poder, de un problema de subsistencia que conduce a una situación crítica e inabordable», por lo que apela al Gobierno regional para que pague la deuda, estimada en 126 millones de euros.
Los sindicatos FETE UGT y CCOO anuncian movilizaciones a finales de este mes de octubre si persiste el impago de las ayudas a las fundaciones y asociaciones de discapacitados de la región, que provocan que unos 3.500 trabajadores del sector aculen retrasos de hasta cuatro mensualidades en el cobro de sus nóminas. Además, trabajadores con discapacidad de la región, que trabajan en centros especiales de empleo, pueden perder su puesto de trabajo, por la deuda de la Administración regional.