CCOO interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra la sentencia emitida por la magistrada titular del juzgado de Lo Social número 2 denegando la aplicación de los derechos mínimos necesarios del VIII Convenio Colectivo Marco Estatal de Dependencia a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real.
CCOO Hábitat considera que hay muy fundadas razones jurídicas para reclamar la rectificación por el TSJCM del fallo judicial de instancia. Así lo entiende también la asesoría jurídica del sindicato, que ya ha anunciado ante el juzgado que presentará el correspondiente recurso de suplicación y que confía plenamente en obtener una decisión favorable, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
Están también convencidos de que incluso los juristas de Fecir «se palparon la ropa tras leer la recurrible sentencia, lo que no fue óbice para que los dirigentes patronales emitieran una nota de prensa de celebración, nota que, una vez más, pone en evidencia que piensa el ladrón que todos son de su condición».
CCOO señala que Fecir les acusa de «espigueo» porque el sindicato reclama trasladar al convenio de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real «los derechos mínimos necesarios explícitamente designados como tales en el convenio marco estatal de la Dependencia» y sin perjuicio de someter a negociación el resto de los contenidos del convenio provincial.
«No vemos espigueo por ningún sitio, solo reclamación del cumplimiento de una norma con rango de ley, el convenio marco estatal de Dependencia; y de exigencia de negociación de otra, el convenio provincial de Ayuda a Domicilio. Pero sí vemos que quien cosecha a espuertas es la patronal Fecir, que por un lado se niega a reconocer a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia los derechos mínimos necesarios del convenio estatal y, por otro, mantiene bloqueada la negociación del convenio provincial, de forma que las trabajadoras siguen cobrando a julio de 2024 los mismos salarios que en enero de 2022», critican.
CCOO ha ironizado señalando que «esto tampoco es espigueo, esto es segar con cosechadora, esto es una burla y un atraco».
Por ello, consideran que, en coherencia con la sentencia no firme del juzgado número 2 de lo Social de Ciudad Real, «que tan precipitadamente celebró la patronal y que da por sentado que el convenio colectivo provincial de Ayuda a Domicilio 2021-2023 está prorrogado y ultraactividad», han instado a Fecir «a cumplir de inmediato su artículo 5, que establece que, en este supuesto de prórroga, «se aplicará a todos los contenidos de carácter económico un incremento igual al establecido por el Gobierno para los empleados públicos».
«Recordamos a la Fecir que, durante 2023, se aplicó en el sector público una subida del 3,5%, con efectos desde el 1 de enero de ese año. Respecto a 2024, los empleados públicos han tenido ya una subida del 2%, que podrá incrementarse en medio punto más si la suma de los IPC de 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años».
Así pues, señalan, las empresas beneficiarias de las contratas públicas del servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Ciudad Real adeudan a sus trabajadoras una subida del 3,5% desde enero de 2023. A estos diecinueve meses «metiendo la mano en los bolsillos de las trabajadoras para quitarles un 3,5% de sus salarios» se añade la subida pendiente desde el 1 de enero de 2024, «otro 2% más que se han embuchado las empresas durante lo que va de año».
«De no liquidar de inmediato estas deudas todas las empresas del sector con todas sus trabajadoras, CCOO se lo demandará judicialmente. De hecho, ya hemos solicitado mediación previa a la interposición del correspondiente conflicto colectivo», afirman.
Todo ello, añaden, sin menoscabo de lo que pueda derivarse de la futura resolución por parte del TSJCM del recurso que presentará en sindicato contra la sentencia del juzgado de Lo Social número 2 de Ciudad Real.
«No vamos a tolerar que la Fecir mantenga al sector de la Ayuda a Domicilio al margen de cualquier regulación. Ni admiten los derechos mínimos necesarios del Convenio Marco Estatal ni aplican las subidas que establece el convenio colectivo provincial. Y todavía acusan a las trabajadoras y a CCOO de ‘interesarse únicamente por el dinero’. Son, por el contrario, las empresas beneficiarias de las contratas públicas de la Ayuda a Domicilio las que se limitan a poner el cazo y llevárselo crudo».
«Seguimos preguntándonos qué aportan a cambio. Quienes prestan el servicio son exclusivamente las trabajadoras a las que, para más inri, las empresas les niegan hasta sus derechos mínimos necesarios y, por añadidura, les mantienen a julio de 2024 los mismos salarios que en enero de 2022», han concluido desde CCOO.
