La secretaria general del Partido Popular y presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha desarrallado parte de su programa de Gobierno en su discurso de investidura, pronunciado en la mañana de hoy en las Cortes Regionales. “Mi Gobierno va a poner en marcha de forma inmediata un arsenal de políticas de creación de empleo, crecimiento y austeridad, con el fin de transformarlas en bienestar social para todos los castellano manchegos”, ha asegurado Cospedal. Fomento del empleo, reducción de cargos, supresión de ciertos organismos y control del gasto serán las principales claves de su gestión.
La presidenta electa de Castilla-La Mancha reiteró su compromiso de presidir un Gobierno «ejemplar, austero, transparente y eficaz» y recordó que su objetivo fundamental será la creación de empleo: “mi Gobierno creará un marco abierto a las iniciativas de los ciudadanos, donde reinará la libertad, la confianza, la seguridad jurídica, el estímulo a la inversión y a la creación de empresas”.
Ley para el fomento y consolidación de autónomos y PYMES
Cospedal advirtió que propondrá en el primer período de sesiones “aprobar una ley para el fomento y consolidación del trabajo autónomo y de las pymes, una Ley basada en la eliminación de trabas burocráticas que dificultan el normal funcionamiento de la economía y las empresas, y la aplicación de incentivos fiscales y sociales para el fomento del autoempleo y la creación de empleo».
Asimismo, para facilitar la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas aprobará «un amplio abanico de medidas que favorezcan todos los ámbitos de su actividad: laboral, fiscal, administrativo y financiero, estableciendo un calendario de pago de las deudas y las ayudas de la administración; impulsando una cuenta de compensación fiscal para que los acreedores de la administración puedan amortizar sus facturas pendientes de pago por impuestos de la Junta; y agilizando los trámites de creación empresarial; y simplificando el sistema de licencias administrativas».
En su discurso, Cospedal aseguró que “estableceremos estímulos fiscales como la moratoria en el pago de aquellos impuestos vinculados al inicio de la actividad económica; simplificaremos y agilizaremos los procesos de desarrollo de suelo industrial en las zonas con mayor potencial de crecimiento, a través de modificaciones en la ley de ordenación del territorio y de actuación urbanística (LOTAU) y en la normativa fiscal”, una medida que tiene como objetivo facilitar la dotación de suelo a un precio competitivo que permita la instalación de nuevas industrias generadoras de empleo.
Cospedal explicó que, llegado el momento, su Gobierno aprobará también una reducción selectiva de un punto del tipo impositivo en los tramos de la tarifa autonómica del IRPF; elevará al 99% la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones; y fijará tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para adquisición de vivienda para jóvenes y familias en situación de necesidad, manteniendo las deducciones por compra de vivienda habitual.
También en cuanto a la creación de empleo, declaró que pondrá en marcha «un programa de empleo para colectivos que más están sufriendo con la crisis: los jóvenes, las mujeres, los trabajadores con menor capacitación, y desempleados de larga duración”. Igualmente, llevará a cabo “un verdadero saneamiento del sector financiero para que el crédito vuelva a fluir a las empresas y las familias” y “que los autónomos y emprendedores no tengan que pagar el IVA hasta que lo hayan cobrado”.
Reducción de cargos
Cospedal, que destacó su compromiso con el estado de las Autonomías, aclaró que “descentralizar no significa multiplicar por 17 toda la estructura del Estado”, con “17 defensores del pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 organismos de la competencia, 17 Consejos Consultivos, 17 Consejos Económicos y Sociales o 17 grupos empresariales públicos, todos ellos provistos de personal, altos cargos, coches oficiales y gastos de representación, es la muestra palpable de los excesos en los que ha derivado nuestro modelo autonómico”.
“Excesos irracionales” con los que pretende acabar la presidenta regional del PP, que anunció que va a “suprimir el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social. Y a solicitar a los mismos organismos del Estado el ejercicio de sus funciones en relación con Castilla-La Mancha”, además de “analizar la viabilidad futura de la Sindicatura de Cuentas, en relación con el servicio que presta a los intereses generales y a su eficacia y eficiencia».
Se refirió asimismo a la existencia de “52 Direcciones generales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 35 Delegados provinciales de la Junta o de las consejerías”. En este sentido recordó su compromiso de dejar un delegado de la Junta por provincia, pasando de 35 a 5; unido a la reducción de direcciones generales de al menos 22, lo que supondrá una supresión de, como mínimo, 52 altos cargos de la Junta; la supresión del 50% de los puestos de libre designación, y el saneamiento y posterior privatización de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.
Techo de gasto y endeudamiento y Oficina de Control Presupuestario
Para Cospedal “la estabilidad presupuestaria es el primer cimiento del crecimiento económico y de la calidad de los servicios públicos”, por lo que anunció que su Gobierno “operará bajo el techo de gasto y endeudamiento que fijarán anualmente las Cortes de Castilla-La Mancha”, algo para lo que será necesario previamente “conocer en detalle la situación real de las finanzas autonómicas”.
En este sentido, explicó que su Gobierno “verificará la situación de tesorería en el momento de cambio de gobierno, comprobará la realidad de estimación de los ingresos del presupuesto, analizará el grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones previstas en 2011, y realizará un mapa del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones, consorcios y otros organismos o entidades de derecho público, determinando su nivel exacto de endeudamiento y compromisos para el futuro”.
“La gestión del presupuesto será fiscalizada por una oficina de control presupuestario, dependiente de la Presidencia del Gobierno”, continuó la líder del PP castellano manchego, quien aclaró que “esta oficina garantizará la asignación de recursos públicos con criterios exclusivamente técnicos y en condiciones de igualdad, en íntima coordinación con el área de Hacienda”. Esta oficina “tendrá una visión completa de los contratos, gastos y adjudicaciones efectuadas por la Junta de Comunidades, en cumplimiento con la exigencia de transparencia que nos reclaman los ciudadanos”.
Por otro lado, manifestó que acometerá “el saneamiento de las cuentas públicas a través de una tajante reducción del gasto corriente y de una contundente racionalización del sector público, con el objetivo de hacerlo verdaderamente eficiente”, a través de “una verdadera reforma del gasto, no de un recorte cosmético del gasto”.
Conferencia de Presidentes
Además de todas estas propuestas, Cospedal solicitó la celebración inmediata de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como que despeje las dudas respecto al cumplimiento del modelo de financiación autonómica. Así, anunció que una de las primeras medidas del Gobierno del Partido Popular será «presentar un verdadero plan de reequilibrio presupuestario ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Al tiempo, manifestó que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha estará en movimiento esta misma semana.
Las políticas de Mujer, desde la Presidencia del Gobierno
Otra de las grandes apuestas de la presidenta electa fue que el órgano encargado de las políticas de Mujer, con independencia de su carácter transversal, dependa directamente de la Presidencia del Gobierno. En cuanto al apoyo al campo, manifestó que el futuro de la agricultura pasa por la innovación, la productividad, el desarrollo de una potente industria transformadora y agroalimentaria y la mejora de los canales de comercialización, por lo que “vamos a poner en marcha actuaciones orientadas a la creación de empleo y la mejora de la financiación de las empresas del sector”, a través de “créditos blandos, pago puntual de las ayudas, supresión del canon del fondo de promoción vitivinícola, y ayudas al cooperativismo”.
La presidenta electa de Castilla-La Mancha, hizo especial hincapié en la «necesidad de infraestructuras hidráulicas que garanticen el agua en toda Castilla-La Mancha y en el resto de España”.
Por otro lado, se comprometió a reformar el marco normativo «para garantizar la independencia de las entidades financieras de la región y para favorecer una mayor involucración del conjunto de bancos y cajas en el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha”.
En cuanto a las comunicaciones de la región, recalcó su preocupación por “la mejora las comunicaciones intrarregionales de personas y mercancías, aunque habrá que supeditar las actuaciones al análisis de la situación económica, a las posibilidades económicas de colaboración público-privada y al estudio del estado de los proyectos y de su grado de ejecución efectiva”. En este sentido, aclaró que se suscribirán convenios de colaboración con las Comunidades vecinas en cuanto al transporte terrestre por carretera, se trabajará para el desarrollo de nudos logísticos intermodales en los puntos estratégicos de la región, y se completará la red ferroviaria del AVE, “como un foco de empleo y desarrollo en toda la región”.
En lo que se refiere a las políticas de protección social, recordó el compromiso de su Gobierno con “unos servicios públicos sanitarios, educativos y de bienestar social universales y de calidad es un compromiso irrevocable”, “la calidad en la prestación de los servicios públicos es la consecuencia directa de la gestión eficaz de los recursos públicos. Por esta razón, las prestaciones sociales estarán regidas por los principios de la calidad y la eficacia”, recordó.
Sanidad
En materia sanitaria, Cospedal anunció que va a abrir conversaciones durante el mes de julio para la firma de acuerdos de colaboración real con las comunidades autónomas limítrofes, así como analizar el estado de ejecución de los hospitales de Cuenca y Toledo. «Asimismo, estudiaremos el estado de ejecución de todas las ampliaciones de la cartera de servicios y plantilla, prometidas en otros hospitales». Por ello, incidió en que “mi Gobierno será el mayor baluarte de la gratuidad, de la universalidad y de la calidad de los servicios públicos de Castilla-La Mancha”, con el objetivo futuro de la libre elección de médico y hospital.
Cospedal se comprometió igualmente con las personas con discapacidad, que representan el 8% de la población de Castilla-La Mancha; apostando por una Castilla-La Mancha de oportunidades, «en la que se impulse de veras una educación pública de calidad». De esta forma, mostró su compromiso «con una escuela pública de calidad, con la posibilidad de que los padres tengan la libertad para elegir el modelo público, concertado o privado en el que deseen educar a sus hijos».
Así, la dirigente popular prometió la elaboración de una ley de calidad educativa que contendrá un plan de choque contra el fracaso escolar, la enseñanza bilingüe en todos los niveles educativos, el reconocimiento del profesor como autoridad pública en las aulas y un impulso a la carrera docente y evaluaciones externas para que los padres tengan información del nivel académico y de gestión de los centros educativos.
Cospedal, que prometió actualizar la ley de patrimonio histórico, elaborar una ley de museos y dar un impulso a la red de parques arqueológicos regionales como centro de investigación permanente, se refirió a los actos conmemorativos del IV centenario de la muerte del Greco en 2014 y a la propuesta de la fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural.
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Izquierda Unida, 
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