Tras publicarse en el BOE el Real Decreto que facilita el despido colectivo del personal laboral de la Administración, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) recuerda el compromiso alcanzado con la presidenta de Castilla-La Mancha para no realizar ningún Expediente de Regulación de Empleo con el personal laboral fijo de la JCCM, lo que supone la estabilidad laboral de más de 5.800 empleados públicos de toda la región.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado hoy la presentación de la enmienda a la totalidad y de 95 enmiendas parciales a la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha que ha calificado como “un nuevo engaño de Cospedal, que se sigue empeñando en decir una cosa y hacer la contraria”, dado que, decía, “aseguró en septiembre que no subiría impuestos y ayer mismo que no habría nuevos recortes y hoy tenemos una Ley de Tasas que crea 320 nuevos impuestos que son 320 nuevos recortes”. El incremento de recaudación previsto por el Gobierno asciende a los 10 millones de euros.

Guijarro se pronunciaba así en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que detallaba los más importantes de entre los nuevos impuestos creados y criticaba que “muchos sectores económicos de la región van a estar en seria desventaja con empresas de otras comunidad autónomas al ver cómo la creación de estas nuevas tasas repercute de manera muy importante en sus costes”.

Entre los sectores más afectados, el portavoz socialista citaba al “transporte de mercancías y viajeros, las cooperativas, la industria cárnica, el sector turístico, el sector agrario y ganadero, el sector sanitario o farmacéutico o el cinegético”. Y es que, además de crear 320 nuevos impuestos “sin sacar a información pública la Ley y sin negociar nada con ninguno de los sectores afectados”, actualiza otras 50 tasas más, y en algunos casos, esas actualizaciones suponen multiplicar por 26 el precio de las tasas.

Pero si el perjuicio económico para las empresas es evidente, la afectación sobre las personas que peor lo están pasando tampoco es baladí. Para evitarlo, las enmiendas parciales del PSOE ponen el énfasis en la supresión de tasas nuevas que se crean y que afectan “a discapacitados, dependientes, familiares de dependientes y desempleados”, para quienes los socialistas piden la exención en el cobro de las nuevas tarifas, como resumía la portavoz de Economía del Grupo parlamentario, Delfina Carrasco.

Cospedal está maquillando el déficit a 30 de Septiembre
En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios de comunicación, Guijarro se ha referido a las declaraciones, ayer, de María Dolores de Cospedal, en las que expresaba su convencimiento de que Castilla-La Mancha cumpliría a 31 de diciembre el objetivo de déficit del 1,5 por ciento del PIB, cuando a 30 de junio, y una vez descontados los adelantos a cuenta del Ministerio, esa cifra se situaba ya en el 1,32 por ciento.

Lo ha hecho el dirigente socialista para volver a denunciar que Cospedal está maquillando esas cifras “para poder estar nueve o diez meses diciendo que va bien y que está cumpliendo antes de que lleguen los datos definitivos a 31 de diciembre”. Y es que, según Guijarro, el Gobierno regional está difiriendo en el tiempo la contabilización de facturas y la certificación de subvenciones que ya por servicios que ya se están prestando.

El portavoz del PSOE en el Parlamento regional cifraba en “1 punto de PIB de déficit, con datos de la ejecución presupuestaria remitida por el Gobierno a las Cortes a 30 de septiembre, el que habría que haber sumado y que se está aplazando”.

Y daba más datos: ”Hay 150 millones de euros de convenios y subvenciones a ayuntamientos por servicios como la ayuda a domicilio o las guarderías municipales que no han contabilizado. Esos 150 millones son el 0.5 por ciento del PIB. Hay 100 millones de euros en servicios de proveedores no contabilizados tampoco, como por ejemplo los pagos a las residencias de mayores concertadas por la Junta, que suman 60 millones. Esos 100 millones son el 0.3 por ciento del PIB. Y hay 80 millones de euros más en subvenciones a empresas y otras entidades a las que no están dejando certificar lo que ya tienen aprobado”.