Al igual que durante todo el año pasado en los primeros días de este 2011 los robos continúan produciéndose en fincas y explotaciones agrícolas de la provincia, según denuncia la organización agraria Asaja en un comunicado.

Ante esta situación Asaja Ciudad Real denuncia que la reiteración de estos actos delictivos está generando una gran inseguridad ciudadana en el ámbito rural, fruto de que el sistema actual de seguridad y judicial está fracasando.

Como viene haciendo en los últimos meses, Asaja sigue exigiendo un endurecimiento del Código Penal para este tipo de delitos, para que estos delincuentes ingresen en prisión tras cometer sus robos, y no se den casos “preocupantes” como el de ladrones detenidos por los cuerpos de seguridad el Estado en decenas de ocasiones que permanecen en libertad a la espera de juicio.

La organización insta a los diputados nacionales a que “no hagan dejación de funciones” en este asunto y den una respuesta a la situación iniciando las acciones pertinentes para el endurecimiento del Código Penal.

Además, Asaja continúa solicitando el incremento de efectivos y medios para luchar contra la inseguridad en el campo, que combatan esta lacra, que está llevando a la ruina a numerosos agricultores, incapaces de hacer frente a los numerosos daños ocasionados y a las pérdidas económicas producidas por estos actos.

Otra de las intervenciones demandadas por la Organización es el control de la compra-venta de cable de cobre y la inspección periódica de los establecimientos que se dedican a esta actividad.

PP y PSOE han andado hoy a la greña en Ciudad Real en torno a los «recortes sociales» que se producirán en la región, según los populares, y que jamás se llevarán a cabo, según los socialistas.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Carmen Casero aseguró hoy en Ciudad Real que “el Plan de Recortes Sociales” que ha presentado Araújo va a ser “peor que el primero”, que se aprobó en marzo de 2010, y advirtió de que “podríamos estar ante un pacto oculto entre Barreda y Zapatero para que sobre el papel no se ponga la realidad de esos recortes que nos van a afectar a todos los ciudadanos”.

Casero informó de que esos recortes sociales se van a percibir en la vida de todos los castellano manchegos: “en nuestros hospitales, nuestros centros escolares y en las prestaciones para la dependencia”. En este sentido, recordó que todavía no hemos oído a Barreda desmentir esa “barbaridad” que dijo de renunciar a la Ley de Dependencia. “Hay que tener poca vergüenza para decir que el déficit se debe a las políticas de Bienestar Social”, aseveró.

“Nadie cree a Barreda, no tiene credibilidad ni liderazgo político para liderar la complicada situación que hay en Castilla-La Mancha”, aseguró la diputada manchega, que recordó que “Barreda es el rey de los recortes sociales, el presidente más antisocial que ha tenido Castilla-La Mancha y de todas las comunidades autónomas” y, como ejemplo de ello, apeló a los recortes en Sanidad, Bienestar Social y Educación de 275 millones de euros a los que hay que sumar los 235 millones del primer plan de recortes sociales –Plan de Equilibrio Económico y Financiero de marzo de 2010-.

Para Casero, Barreda viene a confirmar que, con la aprobación de los Presupuestos, “se ha hecho una representación teatral fracasada”, en la que tampoco ha aparecido la austeridad puesto que, a su juicio, se podrían haber ahorrado los Plenos del día 21 y 22 de diciembre, con los costes que conlleva, a juzgar por el plan que van a presentar esta tarde.

“Unos presupuestos aprobados a sabiendas de que las cuentas eran falsas y con unas magnitudes económicas que reflejan la hipocresía de Barreda y sus constantes maquillajes a las cuentas públicas y  las mentiras presupuestarias a las que Barreda nos tiene acostumbrados y que, ahora, nuevamente le afea su jefe Zapatero en una entrevista a un diario económico internacional”, recordó la parlamentaria manchega, quien recalcó que “los Presupuestos para 2011 plasman, en un documento, la gran mentira económica que Araújo y Barreda intentan esconder y que existe en Castilla-La Mancha”.

“2010, el año más negro para nuestra región”

La diputada tomellosera señaló que “Barreda es el presidente que ha arruinado a Castilla-La Mancha, que nos ha llevado a los límites de una asfixia financiera sin precedentes en ninguna comunidad autónoma y que se ha convertido en el peor gestor de toda España”.

En este sentido, Casero explicó que 2010 ha sido el año más negro para nuestra región y, como ejemplo de ello, apuntó algunos de los “escalofriantes datos que ponen la piel de gallina a todos los ciudadanos que estamos sufriendo el azote de la crisis del Gobierno socialista”: el PIB por habitante ha caído en la región en 858 euros y el paro ha subido el doble que la media nacional -el 9 frente al 4,5 por ciento-.

Del mismo modo, la dirigente política se refirió a ese “récord vergonzoso” que en Ciudad Real se traslada a 53.215 ciudadrealeños de los que 8.850 son jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar y no pueden hacerlo en una provincia en la que a diario cierran 15 autónomo. “Estas son las medallas que Barreda se puede colgar en la chaqueta”, apostilló.

Casero destacó, igualmente, que el pasado domingo en la Comisión regional de Economía se volvieron a poner de relieve las propuestas de Gobierno que ha presentado el PP a la sociedad de Castilla-La Mancha. “Propuestas de austeridad que en ningún caso detraen políticas sociales a los castellano manchegos y vienen a certificar que otra forma de hacer las cosas es posible, como va a demostrar el PP con Cospedal a partir de mayo de 2011”, explicó.

Finalmente, la parlamentaria manchega indicó que “no podemos permitirnos, ni un segundo más, al Gobierno de Barreda que ha arruinado a Castilla-La Mancha, que nos ha concedido el dudoso honor de ser los primeros en los indicadores más negativos de este país y que es el campeón de la pobreza, del paro, de la deuda y del déficit”.

PSOE: «La región hará un nuevo esfuerzo sin que se toque un solo euro que afecte a los servicios públicos, al empleo público y a las retribuciones de los funcionarios”
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, ha destacado, en una rueda de prensa en Ciudad Real, que el Gobierno de Castilla-La Mancha acometerá un “esfuerzo importante” a través del Plan de Consolidación de las Cuentas Públicas, aprobado esta misma mañana por el Consejo de Gobierno.

Un nuevo esfuerzo que, como ha manifestado Molina, se realiza para responder a las demandas solicitadas por la Unión Europea a todos los países miembros para consolidar las cuentas públicas.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, Molina ha destacado que se llevará a cabo mediante un triple compromiso defendido por el presidente de la Región, José María Barreda. “Se va a hacer sin que se toque un solo euro que afecte a los servicios públicos fundamentales y que tienen que ver con las personas; sin que afecte al empleo público y sin que afecte a las retribuciones de los empleados de la Administración pública”.

En este sentido, el portavoz de los socialistas en las Cortes Regionales ha dejado claro “de qué manera no vamos a hacer estas actuaciones”, al insistir en que Castilla-La Mancha no se llevarán a cabo los recortes que, por el contrario, sí se están acometiendo en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Así, Molina ha recordado cómo en Galicia, por ejemplo, se ha producido un recorte de 220 millones en los servicios sanitarios o las ayudas de las pensiones mínimas han sufrido un tijeretazo de 200 euros. De igual modo, el parlamentario regional ha recordado cómo la Comunidad Valenciana ha eliminado las ayudas del programa de gratuidad de libros de texto.

Como contraposición a la forma de entender y aplicar la política, José Molina ha subrayado “el esfuerzo y el compromiso firme y decidido de Barreda” para garantizar todos aquellos servicios socio-sanitarios que inciden directamente sobre los castellano-manchegos. De hecho, el dirigente socialista ha valorado el crecimiento en un 80% de las partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales desde que la región asumió las competencias, un dato completado con otra cifra contundente, como son los 26.600 millones de euros invertidos en estas materia (más de 10 millones al día).

Merced a este esfuerzo económico, Molina ha indicado que 200.000 castellano-manchegos se benefician diariamente de las prestaciones que se ofrecen desde la red social y sanitaria de Castilla-La Mancha, en parte, gracias a los 200 centros y recursos sociales de nueva creación solo en esta última legislatura.

Junto a estas políticas, Molina ha manifestado que las diferencias entre las que se aplican en Castilla-La Mancha y las que se aplican en regionales gobernadas por el Partido Popular se pueden ver de forma clara en la aplicación de la Ley de Dependencia, apartado en el que, según un organismo independiente, Castilla-La Mancha obtiene un 9 sobre 10, mientras que a Madrid y Valencia le dan un 2 de nota.

Además, y de acuerdo a los últimos datos del IMSERSO y de la Tesorería General de la Seguridad Social, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mejor ratio total de prestaciones por persona atendida por teleasistencia y ayuda a domicilio.

Y como indicador definitivo del progreso y del compromiso de Barreda con las políticas del bienestar, Molina ha recordado que Castilla-La Mancha es la región que más ha avanzado en cohesión social en los últimos 25 años, al promover de manera sostenible la igualdad entre los castellano-manchegos.

“Sin autonomía no tendríamos los servicios que tenemos”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido finalmente al debate sobre el Estado de las Autonomías, al afirmar que “es evidente que las autonomías han sido beneficiosas para el conjunto de España, y especialmente para Castilla-La Mancha”. Y es que, según ha apuntado Molina, “sin autonomía no habría Universidad ni tendríamos los servicios que tenemos en sanidad, en educación o en infraestructuras”.

Por ello, y en medio de este debate, José Molina ha emplazado a la secretaria general del PP y presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a que deje a un lado el “oportunismo” y diga claramente “qué quiere decir cuando dice que es insostenible. ¿Está hablando de una nueva centralización? ¿Está proponiendo que se elimine la universidad o se dejen de prestar los servicios que ahora tenemos? Que nos diga qué es insostenible”.

La profesora Nuria Garrido Cuenca ha tomado posesión hoy como secretaria general de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en sustitución de Cándida Gutiérrez García, quien cierra su vida laboral después de dos décadas al servicio de la Universidad regional. La nueva secretaria general es profesora titular de Derecho Público y de la Empresa y subdirectora del departamento homónimo.

La Secretaría General de la Universidad de Castilla-La Mancha estará dirigida desde hoy por la profesora de Derecho Público y de la Empresa Nuria Garrido Cuenca, quien sucede en esta responsabilidad a su colega Cándida Gutiérrez. Garrido Cuenca es subdirectora del Departamento de Derecho Público y de la Empresa y desarrolla su actividad docente en la Facultad de Derecho de Albacete. La nueva secretaria general realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que se incorporó como profesora en el año 1999. Cuenta con dos sexenios de investigación reconocidos y está especializada en Derecho Administrativo, justicia administrativa, Derecho Público Comunitario, política común de transportes y redes transeuropeas, Derecho Medioambiental y derecho autonómico.

Nuria Garrido Cuenca accede a la Secretaría General de la UCLM en sustitución de Cándida Gutiérrez García, quien ha desempeñado diversas responsabilidades en la gestión de la Universidad regional, compatibilizando esta actividad con su dedicación docente e investigadora. Su biografía es la de una profesora, investigadora y gestora vocacional. Cándida Gutiérrez abandonó sus estudios preuniversitarios para dedicarse a su familia, al cuidado y educación de sus cinco hijos. Después de esta etapa vital,  volvió a la universidad para completar la carrera de Derecho y, posteriormente, dedicarse a la docencia. Tras varios años en la Universidad de Alicante, en 1992 se incorporó a la UCLM como profesora titular de Derecho Romano, un ejercicio que ha conciliado con las funciones de vicerrectora de Alumnos (1997-2003), Defensora del Universitario (mayo 2004-abril 2009) o secretaria general (desde abril de 2009 hasta ahora).

Tras veinte años de servicio a la UCLM, Cándida Gutiérrez se jubila. Entre otros premios, Cándida Gutiérrez recibió en 2009 la Placa al Mérito Regional y ha recibido el reconocimiento del Consejo Municipal para la Discapacidad de Albacete, por su labor a favor de la integración de los estudiantes discapacitados en la UCLM; así como el de la Asociación de Mujeres Progresistas.

Información elaborada con nota de prensa municipal.- El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado por mayoría el Presupuesto General Municipal para 2011, que asciende a 79.172.000 euros. Con los votos a favor del grupo popular y los votos en contra del grupo socialista, ha salido adelante un presupuesto, “realista y austero pero eficaz en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales “, en palabras del Concejal de Hacienda, Miguel Ángel Rodríguez. Por su parte, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la totalidad.

Para Rodríguez, “pese a las dificultades económicas actuales por las que atraviesa el Consistorio, el equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo por incrementarlo un 1,36% más con respecto al de 2010 y en reducir el gasto”. Rodríguez ha destacado igualmente que “en un año especialmente complicado, hemos sido capaces de sacar adelante un presupuesto que sienta las bases de la recuperación económica del Ayuntamiento”.

Como ha defendido el Concejal de Hacienda, las principales características del  presupuesto para este año es que «sigue la senda ya iniciada en el del 2009 de recorte de gastos superfluos o innecesarios pero sigue apoyando a los que más lo necesitan, como lo demuestra la partida de 880.000 euros de ayuda a domicilio». Según el edil, las cuentas «tienen un compromiso claro con la reducción de deuda, pese a que este Ayuntamiento, por hacer bien los deberes, aún tiene capacidad legal de endeudamiento, cosa que no pueden decir otros”.

Ahondando en este tema, el responsable municipal del área de Economía y Hacienda ha reiterado que  este año se  reduce la deuda a largo plazo del Ayuntamiento en casi 5 millones de euros, «demostrando que cumplimos nuestros compromisos financieros y que cuando finalice 2011 el Consistorio tendrá esa cantidad menos de deuda de la que tiene actualmente”.

1,2 millones para inversiones

Por lo que respecta a uno de los capítulos más importantes, el de las inversiones, la partida de 2011 será de algo más de 1.200.000 euros, cantidad inferior a la de otros años. «Por culpa de la crisis nos hemos visto obligados a rebajar con respecto a otros ejercicios”, ha indicado el Concejal de Hacienda, subrayando que que el 80% de esta partida la acometerá el Ayuntamiento con fondos propios y que casi la totalidad de la misma, 1 millón de euros, se va a destinar a obras de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

El edil de Hacienda ha recordado a los concejales del PSOE “que al Ayuntamiento de Ciudad Real le deben cantides ingentes de euros el resto de administraciones socialistas “ , por lo que les ha recomendado que se “quiten la venda de los ojos” y reconozcan que «el partido socialista es el culpable de los recortes sociales tales como la congelación de las pensiones y los salarios de los funcionarios, de la subida del IVA y de la inflación».

Rodríguez ha finalizado su intervención, recalcando que el presupuesto para 2011 del Ayuntamiento de Ciudad Real “es infinitamente mejor de lo que podríamos esperar dadas las circunstancias”.

El PSOE presentó una enmienda a la totalidad

Por su parte, el grupo municipal socialista ha presentado una enmienda a la totalidad del Presupuesto General, que el concejal de Hacienda ha calificado de “contradictoria y poco trabajada, porque enmmiendan el presupuesto en su totalidad porque dicen no les gusta nada del mismo, pero a la vez, aluden en su escrito a determinadas partidas del presupuesto proponiendo en qué y cómo gastarlas”. Así, les ha preguntado si es que «no están de acuerdo con las propuestas del equipo de gobierno de amortizar préstamos por casi 6 millones de euros y rebajar considerablemente, por tanto, la deuda municipal a largo plazo o en dedicar al servicio de ayuda a domicilio más de 880.000 euros».

Además a juicio del edil popular, tampoco tiene sentido que hablen de ajustes para equilibrar gastos con ingresos, “cuando el presupuesto se presenta equilibrado y con reducciones importantes en las principales partidas de gastos, como personal, que a pesar el capítulo más importante bajo un 1,21% ”. El Pleno, con los votos de los concejales populares, ha rechazado la enmienda del grupo socialista al presupuesto municipal para 2011.

No habrá problema: aun en el caso de que el actual director de Caja Rural de Ciudad Real y principal cerebro de la fusión de cajas regionales GlobalCaja, Miguel Ángel Calama, fuera inhabilitado en su cargo por el Tribunal Supremo, sería recuperado automáticamente cuando cumpla su pena. Así lo aseguraba ayer, en declaraciones a RNE, el presidente de la entidad crediticia, Luis Díaz-Zarco.

Díaz-Zarco hacía estas declaraciones tras conocerse que el actual consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáez, ha sido inhabilitado por el Supremo por el mismo delito de acusación falsa por el que fue condenado Calama durante su etapa en Banesto.

En declaraciones a RNE recogidas por diversas agencias, Díaz-Zarco asegura que cumplirá con la decisión del Tribunal, si se confirmara, aunque también ha dejado claro que la figura de Calama volvería a recuperarse una vez finalizado el periodo de inhabilitación.

El diario El Mundo adelantaba ayer que el Tribunal Supremo ha inhabilitado a Alfredo Sáenz por un delito de acusación falsa cuando fue presidente de Banesto.

Hay que recordar que la Audiencia de Barcelona condenó al director general de Caja Rural de Ciudad Real, Miguel Ángel Calama; al ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz; y a otro ex directivo, a seis meses de prisión por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, y a pagar una indemnización de 100.000 euros. Los hechos se remontan a hace quince años, cuando Calama era director regional en Cataluña de Banesto.

Según la sentencia, que fue recurrida en su momento ante el Tribunal Supremo, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga interpusieron en 1994 una denuncia falsa contra los accionistas del Grupo Harry Walker, Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García, y Modesto González por el impago de una deuda al banco de 600 millones de pesetas.

El juez estimó que la querella falsa «obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno de formularla contra personas físicas que nada debían, como artificio de presión».

Según el texto, este «amedrantamiento» se hizo para que los afectados «respondieran por lo que nunca habían avalado, aprovechándose, además, de la presencia temporal, por sustitución a causa de las vacaciones de su titular, del ex juez Pascual Estevill en el Juzgado número 10 de Barcelona», que ya fue condenado por prevaricación por estos hechos.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona estimaba que Banesto, a través de su oficina principal de Barcelona, había concedido líneas de crédito durante años al grupo Harry Walker, que desde mediados del 1993 estaba en crisis. Tras ser intervenido, el banco impulsó la recuperación de créditos “dificultados”, que suponían el 30 por ciento de los de la entidad, y en este contexto fue cuando decidieron interponer la querella falsa el 26 de julio de 1994.

Santos G. Monroy.- Algunos socios del Aeropuerto de Ciudad Real presentaron ante la extinta CCM las acciones del Aeropuerto como aval de garantía para préstamos relacionados con operaciones ajenas a la sociedad aeroportuaria. Así se desprende del contenido del informe concursal que MICIUDADREAL.ES te ha desvelado durante las últimas semanas. Entérate también de las relaciones entre los socios y de la huída hacia adelante de los promotores, una vez constatado el fracaso económico, para vender las instalaciones.

El informe concursal incide en la vinculación de la extinta Caja Castilla La Mancha (CCM) con muchos de los socios del proyecto aeroportuario. Del análisis de los administradores concursales se desprende la conclusión de que muchos de los créditos otorgados por CCM conformaron un bucle de avales cruzados con las propias acciones del Aeropuerto mediante derecho real de prenda o pignoración de los títulos. Es decir, las propias acciones fueron consideradas como aval de los préstamos ante una entidad pública que a su vez formaba parte del accionariado. Además, y siempre según los administradores, la caja regional “aceptó las participaciones de la concursada en garantía de créditos concedidos a socios para finalidades ajenas a CR Aeropuertos S.L.”.

Según consta en el informe concursal, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (con un 6,072 % del capital) y Caja de Castilla-La Mancha Corporación S.A. (con 30,358 % del capital) forman una unidad, “ya que la Corporación es una sociedad totalmente controlada por Caja de Castilla-La Mancha, como demuestra el hecho de que los dos socios de Caja de Castilla-La Mancha Corporación son la propia Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y CCM Inmobiliaria Centrum 2004 S.L.”.

“Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha –prosigue el informe- es titular de un derecho real de prenda constituido sobre algo más del 31 % de las participaciones sociales, con lo que teóricamente su participación podría incrementarse en el futuro”. A juicio de los actuales administradores del aeropuerto, “ello se debe a que la financiación a los socios para la suscripción de nuevas participaciones sociales ha sido concedida fundamentalmente a través de operaciones crediticias que están garantizadas mediante un derecho real de prenda constituido sobre algo más del 31 % de las participaciones sociales de CR Aeropuertos S.L. Dicha entidad crediticia también ha aceptado las participaciones de la concursada en garantía de créditos concedidos a socios para finalidades ajenas a CR Aeropuertos”.

CCM es el primer acreedor del Aeropuerto, que le adeuda casi 174 millones de euros (el Aeropuerto presenta un pasivo, de momento, de unos 320 millones de euros). Además, el porcentaje de la caja en el capital del CR Aeropuertos y las relaciones crediticias con los socios se  tradujeron en aportaciones de unos 57 millones de euros adicionales.

Tal y como publicó MICIUDADREAL.ES la semana pasada, los administradores señalaron como ejemplo paradigmático de operación vinculada que CCM avalase nueve pagarés emitidos por la concursada por importe de cinco millones de  euros cada uno, a favor de la «UTE Aeropuerto de Ciudad Real» (es decir, un socio avala a la sociedad frente a otro socio, en cuyo capital también tiene participación la avalista).

Las relaciones entre los socios

El informe concursal analiza asimismo las relaciones de los promotores y socios con sociedades relacionadas directamente con el Aeropuerto. Estas son las apreciaciones realizadas por los administradores:

– Domingo Díaz de Mera Lozano controla varias sociedades que son socias de CR Aeropuertos S.L., entre las que destacan Corporación Indo Ma S.L. (2,28 %), Indo Ma Renta S.L (5,84 %), y Lince Artes Gráficas S.L. (0,033 %).

– Los hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández, o bien familiares suyos (“familia Barco”) controlan varias sociedades que son socias de CR Aeropuertos S.L., entre las que destacan Solventia Corporativa S.L. (1,143 %), Global Gestora de Fondos S.L.U. (0,102 %), Euroglobal Almacenes y Naves S.L. (1,752 %), Desarrollos Aeronáuticos El Maestrazgo S.L. (1,241 %) y  Saldec Negocios e Industrias S.L. (1,214 %). Solventia se encuentra en concurso de acreedores.

– La Familia Sanahuja controla varias sociedades que son socias de CR Aeropuertos S.L, entre las que destacan Sacresa Terrenos Promoción S.L. (5,052 %) y Grupo de Empresas HC S.A. (1,385 %). Sacresa se encuentra en concurso de acreedores.

– Asimismo, existen otra serie de personas jurídicas socias en las que, a tenor de quienes son sus administradores inscritos, tienen o han tenido participación directa o indirecta con Domingo Díaz de Mera Lozano y la familia Barco, entre las que destaca Inversiones Aeroportuarias del Centro S.A. (4,38 %), en proceso de disolución y administrada por Díaz de Mera y la familia Barco.

– Por su parte, Santiago Mateo Sauquillo (4,582 %, junto con su esposa), controla a otro de los Socios, Arquitectura, Promoción y Construcción S.A. (1,033 %); mientras que Juan Antonio León Triviño (1,427 %) controla otro socio, Construcciones León Triviño S.A. (0,464 %).

Radiografía de una quiebra o la huída hacia delante de los promotores

El informe concursal también realiza una valoración de las circunstancias desencadenantes de la entrada en quiebra de la sociedad. Básicamente, pone el acento en la intención de los promotores de conseguir un beneficio inmediato con un “insuficiente” plan de inversiones a corto plazo y con un proyecto huérfano de informes de mercado competentes. Según el informe, una vez constatado el fracaso económico, y antes incluso de la entrada en funcionamiento del aeropuerto, los promotores quisieron huir hacia delante con el único objetivo de captar nuevos inversores o, simplemente, vender el proyecto a terceros.

La administración concursal considera que los principales factores que han originado la insolvencia han sido la inadecuada dimensión del aeropuerto, la falta de planificación financiera, el retraso en la entrada en funcionamiento, y la falta de ingresos y de ventas.

Estas son, textualmente, algunas de las apreciaciones realizadas por los administradores concursales sobre la intencionalidad de los socios promotores:

Fase de construcción:

Los créditos a corto plazo obtenidos para la construcción, junto con la aportación de capital social, son suficientes para abordar la construcción del aeropuerto. Nadie piensa en las siguientes inversiones, necesarias para completar el proyecto y afrontar el modelo de explotación concebido: el de aeropuerto secundario de Madrid y polo de transporte tipo “isla” alejado de los centros de consumo principales.

Durante esta última etapa de construcción del aeropuerto se hace difícil, por no decir imposible, montar una estructura financiera del negocio. Se presentan los planes de negocio a distintas entidades financieras y son todos rechazados.

Con el aeropuerto prácticamente terminado y a punto de comenzar su actividad se arrastra una importante deuda con los proveedores que no puede ser abonada debido a que no se conceden nuevos créditos a la sociedad.

En esta etapa ya no es el suelo lo que para los socios soporta la inversión. El suelo aparece como el mayor de los activos del aeropuerto, pero no es para soportar los costes de la inversión y déficit en la explotación, sino para que, acompañando al aeropuerto, y una vez operativo, pueda venderse a inversores interesados en desarrollar la explotación.

Comienza una etapa en paralelo a la construcción de busca de nuevos inversores. El objetivo ahora, por tanto, es obtener la licencia de vuelos. “Con ello llegarán los inversores”.

Lógicamente esta etapa despierta nuevas expectativas de negocio entre los socios, que vislumbran importantes plusvalías con la venta del aeropuerto y todas las áreas logísticas diseñadas. Incluso se incorporan nuevos accionistas pagando primas de emisión.

De esta forma se llega al final de la construcción del aeropuerto, con una importante deuda a proveedores, sin una estructura financiera para la sociedad, pero con una expectativa de venta a terceros del aeropuerto que será generadora de plusvalías sobre las aportaciones de capital realizadas.

Para salvar la situación económica de la sociedad y no entrar en causa de concurso y/o disolución, comienza una cadena de ampliaciones de capital entre los socios, todas ellas prácticamente sin cubrir, pero que sirven para mantener la expectativa de cobro de los proveedores.

Licencia de Aeropuerto

Con la licencia de vuelo del aeropuerto quedarían resueltos todos los problemas financieros, no del aeropuerto, si no de los socios.

En esta última etapa los gastos a realizar, sin tener fondos propios de ningún tipo y sin crédito, son necesarios para presentar un aeropuerto que impresione ante los nuevos inversores. Se contrata material y equipamiento, se inician obras innecesarias aún, como la urbanización de todos los terrenos, la pasarela del Ave, etc. La sociedad no tiene fondos ni forma de adquirirlos, pero se inicia una etapa de nuevas inversiones, con empresas nuevamente vinculadas a los socios, con cargo a una expectativa de
venta que hace incurrir en nueva deuda a la sociedad.

Esta nueva deuda, en cuantía cercana a los 80 millones de euros, se hace con empresas relacionadas con los socios. Igualmente se contrata con compañías aéreas que ponen como condición que, para venir a volar a Ciudad Real, se les tiene que garantizar el resultado entre sus costes de operación y los ingresos reales por viajeros.

Fase de explotación

Desde el 19 de diciembre, fecha de la apertura del aeropuerto al tráfico de pasajeros, al 30 de abril, fecha prevista de finalización de la diligencie iniciada con los inversores árabes, la sociedad debe de aguantar con el crédito de los proveedores y con las expectativas de ampliaciones de capital que nunca se cubrían.

De esta estrategia, que parte del consejo de administración, participan la totalidad de los socios. Ni una sola objeción a nuevos contratos ni a los gastos incurridos. La forma de financiar estas inversiones se hace mediante nuevos plazos de ampliación de capital.

En esta etapa, la más corta de todas, pues el aeropuerto sólo lleva ocho meses abierto, se suceden múltiples acontecimientos que cambian considerablemente la visión de los socios y administradores, motivando cambios en interior del consejo de administración. Los hechos más relevantes producidos en esta última etapa son tres: la intervención de CCM, la retirada de la oferta por parte de los inversores árabes, y la presentación de concurso necesario por un acreedor vinculado a la sociedad.

Esto motiva un nuevo cambio en la estrategia. Los terrenos de la zona logística se convierten nuevamente en el activo mas importante para poder salvar la compañía. La modificación de la LOTAU se ha producido, y la zona logística puede ser objeto de transacciones parciales (solo en teoría) que permitan obtener garantías y/o créditos con cargo a la misma.

Si quieres saber más:

León Triviño y José Cano ingresaron cada uno más de 2,2 millones de euros de CR Aeropuertos

Los peritos creen que la documentación de las obras para el Aeropuerto de Ciudad Real es un «ejercicio de confusión»

El Aeropuerto interpuso una demanda contra el pago del canon urbanístico del Ayuntamiento de Ciudad Real

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad real ha dado el visto bueno a la concertación de una operación de tesorería por 12 millones de euros con Caja Rural, para, según el portavoz municipal, Francisco Cañizares, “obtener una liquidez que el Ayuntamiento no tienen en algunos momentos y atender los gastos del Consistorio de forma adecuada”.

Por otra parte, se ha decidido prorrogar el servicio de ayuda a domicilio desde enero de este año, lo que supone destinar este 2011, 880.000 euros de los presupuestos municipales a este servicio de ayuda a las personas más necesitadas.

Por último se ha adjudicado a la empresa constructora Piamonte la obra de instalación electríca y fuente ornamental en la rotonda de la Avenida de los Reyes Católicos por 88.471 euros.

Fuera del orden del día, la Junta de Gobierno capitalino ha tratado el pleno de mañana en el que se va a debatir sobre el Presupuesto Municipal para 2011, se va a proceder a aprobar la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Ciudad Real y también se va a modificar el plan parcial del sector S-CORR, donde Emusvi ha recibido una parcela municipal para la construcción de 61 viviendas en regimen de alquiler con opción a compra.

En el pleno de mañana martes también se aprobará la propuesta de la determinación de las obras municipales con cargo al plan cuatrienal de instalaciones deportivas de la Junta de Comunidades; y el cerramiento y finalización de las pistas cubiertas del Rey Juan Carlos y el pabellón de Las Casas.

El sindicato CSI·F de Ciudad Real ha presentado más de 1500 reclamaciones individuales sobre recortes salariales correspondientes al personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en nuestra provincia.

Además, CSI·F culmina este proceso de reclamación con la presentación de las correspondientes demandas en los Tribunales de Justicia, cuyo plazo de presentación de demandas termina el próximo 20 de enero para el personal laboral y el 20 de junio para los funcionarios.

CSI-F ya presentó anteriormente otros recursos ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el T.S. de Justicia de Castilla-La Mancha.

Reserva de derechos

Con estas reclamaciones individuales, CSI·F da un paso más en beneficio de los trabajadores, ya que paralizan la prescripción de las acciones; es decir, se conserva el derecho a cobrar las cantidades desde el primer día, independientemente de cuando recaiga la sentencia firme estimatoria.

CSI·F señala que la prescripción de cantidades para el personal laboral es de 1 año y para el funcionario de 4 años desde que se presenta la reclamación previa individual.

Por último, CSI-F solicitará en los Juzgados de Ciudad Real que estas demandas individuales no sean revisadas hasta que los Tribunales anteriormente citados no dicten sentencia firme favorable.

Los ayuntamientos del área de influencia del Aeropuerto de Ciudad Real también están en la nomina de los grandes damnificados tras la quiebra societaria de la infraestructura, el terremoto empresarial más grave en la historia de la región. En términos globales, los consistorios de la zona reclaman una deuda cercana a los once millones de euros, la mayor parte en concepto de canon urbanístico. En este sentido, los administradores concursales han formalizado una demanda contencioso-administrativa contra el canon urbanístico del consistorio ciudadrealeño, que ha dejado de cobrar unos 6,3 millones de euros por diferentes conceptos. MICIUDADREAL.ES te cuenta en exclusiva todos los detalles.

El Aeropuerto de Ciudad Real decidió impugnar la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el canon urbanístico girados por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Pero no sólo eso: una vez abierto el proceso de concurso de acreedores, los administradores concursales decidieron seguir con la estrategia de los antiguos responsables y formalizar una demanda contencioso-administrativa en el juzgado de la capital contra el canon urbanístico del consistorio ciudadrealeño. En principio, y a expensas de resolución judicial, al Ayuntamiento de la capital se le adeudarían en total unos 6,3 millones de euros.

En opinión del concejal de Hacienda, Miguel Ángel Rodríguez, la decisión de los gestores pretende dilatar el pago de las cantidades adeudadas, ya que “el montante exigido es el estipulado por la Ley de Ordenación Territorial y Actividades Urbanísticas de Castilla-La Mancha (LOTAU)”. Así, el edil ha explicado que la sociedad aeroportuaria adeuda 5.129.702,57 en concepto de canon urbanístico, correspondiente al dos por ciento sobre el coste del proyecto marcado por la legislación; el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010, cuyo importe asciende a 704.214,32 euros; así como el 50 por ciento de la liquidación del coste de la línea de autobuses que conectan a la capital con el aeropuerto, lo que representa otros 53.500 euros.

En su informe sobre las cantidades adeudadas a los diversos acreedores, los administradores concursales del aeropuerto especifican que “dicho litigio tiene una cuantía indeterminada en algunos de sus pedimentos y de 5.129.702,57 euros en otro, lo que ha dado lugar a que la referida cantidad se considere crédito contingente [a expensas de resolución judicial])”.

En total, el Ayuntamiento solicitaba a la sociedad, en el momento de declaración del concurso (2 de junio de 2010), un importe por valor de 6.311.153,53 euros. De ellos, los administradores han reconocido un total de 704.214,32 euros correspondientes al IBI de los ejercicios de los años 2009 y 2010.  El resto,  5.386.187,70 euros, “al ser litigioso se reconoce como contingente”.

El resto pide el pago de otros 4,6 millones

Pero no ha sido el Ayuntamiento de Ciudad Real el único “damnificado” por el terremoto económico que supuso la quiebra del Aeropuerto. Otros ayuntamientos de la zona de influencia de la infraestructura, como los de Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava y Villar del Pozo, han solicitado el pago de un total de algo más de 4,6 millones de euros también en concepto, principalmente, de canon urbanístico.

Así, el Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava reclama 1.153.308 euros, auque el importe reconocido por la administración concursal asciende a 1.405.098,78.  Por su parte, el Consistorio de Cañada de Calatrava solicita el pago de 6.928 euros (crédito contingente por estar sometido a la condición suspensiva de la emisión de factura por parte del acreedor), mientras que el Ayuntamiento de Villar del Pozo solicita un importe de 3.487.860 euros, aunque los administradores reconocen una deuda de 3.868.513 euros.

La Ruta del Quijote ha sido un «desastre» que ha costado la «friolera» de 45 millones de euros. Así lo ha denunciado el diputado regional del PP, Antonio Lucas Torres, para quien este proyecto, a día de hoy, sigue costando más de 10.000 euros diarios en mantenimiento «virtual». «La ruta está hecha un desastre y no pasan turistas. Tan sólo podemos ver por sus caminos algún camión de reparto que la utiliza para acortar distancias o los tractores de los agricultores que pasan por ella a diario para ir a cultivar sus parcelas”, añade.

A juicio de Lucas-Torres, “lejos de convertirse en un itinerario inteligente que sirviese para aprovechar el mayor legado que Cervantes pudo dar a esta tierra, la ruta se ha convertido en un itinerario del olvido, donde los hosteleros y restauradores de la región son los verdaderos perjudicados que ven cómo no llegan a sus establecimientos ningún turista procedente de la tan costosa Ruta del Quijote”.

El diputado regional del PP aseguró que si tuviéramos que calificar esta legislatura en materia de Turismo, podríamos decir, “sin temor a equivocarnos”, que ha sido la “del descontrol y en la que el Gobierno de Barreda no ha tenido voluntad de que existiera una hoja de ruta que marcara el paso de una industria tan importante como es la del turismo” que aporta más del 10,5 % del PIB regional y que cuenta con 41.000 trabajadores. “Barreda nunca ha tenido ni ha querido tener una hoja de ruta para el Turismo de Castilla-La Mancha”, apostilló.

Como ejemplo de dicho desastre y de “la paupérrima voluntad” de Barreda con el sector, Lucas-Torres recordó que en cuatro años han pasado cuatro consejeros distintos y tres directores generales diferentes, sin poder desarrollar su “hoja de ruta” en la materia “fuera buena o mala”, así como ha cambiado el Turismo de una consejería a otra “como si de una tómbola se tratara”.

El responsable popular en materia de Turismo cree que esta situación ha derivado en graves problemas, ya que “cuando cualquier profesional, presidente de asociación o alcalde han querido mantener un encuentro con la Junta de Comunidades para hablar de un problema o de un proyecto turístico la dificultad ha sido máxima y en la mayoría de los casos imposibles de conseguir el objetivo”.

La publicidad del vino

Asimismo, Lucas-Torres afirmó que “Barreda ha sido la criada y mandadera de Zapatero” también en materia de Turismo, ya que, aunque Barreda quiera ahora renegar en público de su jefe de filas, la verdad es muy distinta y, en este sentido, se refirió al apoyo del jefe del Ejecutivo castellano manchego a las “mayores barbaridades de Zapatero con el sector”, tales como la eliminación de la publicidad del vino –con sus efectos para el enoturismo- en los medios audiovisuales en horario diurno; la nueva ley antitabaco con “consecuencias demoledoras” para el sector hostelero de Castilla-La Mancha y la subida del IVA y la negativa de la aplicación de un IVA reducido para el sector, como sí hacen países como Francia o Alemania.

Por otro lado, el diputado manchego recordó que el propio ministro socialista Miguel Sebastián anunció que mientras que el resto de España se recupera en el sector dando datos optimistas, en Castilla-La Mancha el número de viajeros ha descendido en un 10 por ciento durante el pasado año. “Una mala noticia que es el resultado de una paupérrima gestión socialista en la materia”, señaló.

La diputada regional Rosa Melchor, cree que resulta lamentable que la diputada ‘popular’, María Luisa Soriano, «haya ido a Alcázar de San Juan a insultar y a atacar al alcalde de la localidad y a los socialistas con el asunto de la Caja, cuando su jefa de filas en la provincia, Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, es la persona que ha recibido, proporcionalmente, la sanción más importante por parte del Banco de España por su labor como consejera de la entidad financiera”.

Según argumentó la responsable socialista, Romero recibió una sanción de 27.000 euros por haber ejercido el cargo de consejera de CCM tan sólo 9 meses, mientras que Sánchez Bódalo recibió una sanción de 57.000 euros por 9 años en la entidad.

“Los motivos de la sanción son los mismos pero está claro que proporcionalmente la sanción de Romero es mucho mayor. Romero ha sido sancionada con 3.000 euros por cada mes que fue consejera, mientras que Sánchez Bódalo lo ha sido con 527 euros”, indicó.

Melchor, indicó que “ayer a Soriano le traicionó el subconsciente al decir que “quienes se han cargado CCM no se pueden ir de rositas». Lo de «rositas» indicó la parlamentaria socialista, “estamos seguros que lo dice por su jefa Rosa Romero”.

“Está muy claro que la señora Soriano por estas declaraciones habrá recibido algún que otro rapapolvo de la presidenta provincial del PP de Ciudad Real”, señaló Melchor.

Por último, la diputada del Grupo Socialista exigió a los dirigentes del PP que dejen en paz a la Caja. Señaló que todos, menos los ‘populares’ han trabajado por lo importante, “porque se mantengan los puestos de trabajo, porque los impositores no se vieran perjudicados, porque no se cerraran oficinas, porque se mantenga la Obra Social, etc. Otros han estado haciendo otra cosa y siguen haciendo, utilizando la Caja como arma arrojadiza”.

La Comisión Territorial de Calidad de la Oficina Judicial, órgano encargado de promover la implantación del sistema de calidad de la Oficina Judicial que impulsa el Ministerio de Justicia, se constituye hoy en Ciudad Real «para garantizar la mejora continua de los servicios prestados y asegurar que el usuario obtiene la máxima satisfacción del servicio público de la justicia». Ello a pesar de las continuas advertencias de funcionarios y sindicatos de que la adopción de las oficinas judiciales está multiplicando el «caos» en las provincias donde se ha desarrollado el proyecto piloto.

Ciudad Real es la cuarta ciudad en España donde se crea esta comisión. Burgos y Murcia, en octubre del año pasado, y Cáceres, en diciembre, se convirtieron en las primeras ciudades con Comisiones Territoriales de Calidad.

La conformación de la Comisión Territorial de Calidad de la Oficina Judicial de Ciudad Real se realiza en el marco de la visita institucional de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, a la ciudad. Con ella, participan en la creación de esta comisión actores fundamentales de la Administración de la Justicia como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez; la presidenta de Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón Barcos; la juez decana María Isabel Serrano Nieto, el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Lorenzo Luna; el Secretario Coordinador Provincial, Santiago Rivera; representantes del cuerpo de los secretarios judiciales y directores de los Servicios Comunes: Pilar Alonso, José Manuel Torres y Jesús Martín-Gil; la secretaria del juzgado mixto nº 5, María Ascensión Prieto; así como representantes de la Fiscalía y del cuerpo de magistrados. De esta forma, se garantiza una participación plural y necesaria al velar por la mejora continua de los servicios prestados por la Oficina Judicial.

El nuevo modelo organizativo y funcional de la Oficina Judicial se desplegará de manera progresiva en todo el territorio nacional, siendo precisamente Ciudad Real una de las próximas ciudades de implantación. Y con el fin de asegurar que el usuario «obtiene la máxima satisfacción con el servicio público de la justicia, gracias al cumplimiento de los objetivos de calidad», el Ministerio de Justicia elaboró el sistema de calidad como uno de los  objetivos del Protocolo Marco de Actuación, documento elaborado para procurar la homogeneidad y uniformidad del funcionamiento de las Oficinas Judiciales.

Según el Ministerio, «el sistema de calidad permitirá conseguir una Oficina Judicial orientada al cliente, basada en el principio de mejora continua, transparente y abierta que ponga la información a disposición del ciudadano. Entre sus objetivos se encuentra además el de motivar e implicar a los funcionarios con la cultura de calidad para prestar un servicio público ágil, eficaz y transparente».

La Comisión Territorial de Calidad será la encargada, entre otras funciones, de elaborar el Plan de Calidad de la Oficina Judicial, dar seguimiento a los sistemas de indicadores de la calidad de la actividad de los procedimientos de gestión, establecer el sistema de evaluación y mejora continúa, planificar y realizar las auditorías internas, establecer los sistemas de evaluación de satisfacción de los usuarios de las Oficinas Judiciales, e implantar los sistemas de quejas, sugerencias y reclamaciones.

La entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) supuso el comienzo del despliegue de la Oficina Judicial. Este nuevo modelo organizativo rompe con la configuración clásica de juzgado para impulsar un nuevo sistema de gestión, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que funciona con criterios de agilidad, transparencia, eficacia, eficiencia en la racionalización del trabajo y la optimización de los recursos. Su finalidad es modernizar la Administración de Justicia, mejorando la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.

Finalmente, el Juzgado número 4 de Ciudad Real ha hecho oídos sordos a las alegaciones de trabajadores y Comité de Empresa y ha autorizado la aplicación del Expediente de Regulación de Enmpleo (ERE) del Aeropuerto de Ciudad Real en los términos que habían propuesto los administradores concursales.

El próximo lunes, pues, comenzará a aplicarse un expediente que afectará a prácticamente la totalidad de la plantilla, salvo una parte del personal de limpieza. El resto, trabajadores y directivos, deberán cumplir, según les corresponda, con suspensión temporal de contratos, recorte de la jornada laboral, o una combinación de ambas medidas a lo largo de todo el año 2011.

No obstante, los trabajadores aún están a tiempo de presentar recursos contra esta resolución, a título individual.

El diputado regional y secretario provincial del PP de Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, ha pedido al PSOE y al propio Gobierno de Barreda que explique las palabras de algunos de sus responsables que han justificado el hundimiento de CCM diciendo que lo único que hizo el imputado Hernández Moltó “fue beneficiar a mucha gente”.

Lucas-Torres, quien insistió en la gravedad de los hechos por los que el que fuera presidente de CCM tendrá que declarar ante la Audiencia Provincial, reclamó el cese inmediato de María Luisa Araújo; exigió una comisión de investigación y pidió a Santiago Moreno, vicepresidente de Barreda, que explique esas palabras, porque beneficiar a unos cuantos “es un delito”.

Es más, el parlamentario manchego se preguntó “cuántos minutos faltan para que dimita Araújo o Barreda la cese como máxima responsable, junto al ex secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, quien contó con el visto general del actual secretario de los socialistas castellano manchegos y presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, “del desfalco” de CCM.

Asimismo, el dirigente político se cuestionó “qué más tiene que pasar para que haya ceses, asunción de responsabilidades y para que se constituya en las Cortes regionales una comisión de investigación, ante el caso más vergonzoso en la política económica española”.

Lucas-Torres recordó que hemos perdido nuestra Caja, ha desaparecido dinero, han imputado al que fuera presidente de CCM y Barreda nos engañó cada vez que nos dijo que la Caja estaba bien y no tenía ningún problema “cuando pasaba lo que pasaba”.

“Después de lo que se está viendo y viviendo”, el diputado ciudadrealeño dijo que no queda más salidas que pensar que lo que ha ocurrido en CCM “ha sido algo intencionado” y no sólo una dejación de funciones y, añadió, “Barreda sabía perfectamente lo que estaba pasando en la Caja”.

Por su parte, la viceportavoz del  Grupo Parlamentario Popular María Luisa Soriano aseguró hoy en Alcázar de San Juan que “quienes se han cargado CCM, ahora, no se pueden ir de rositas”. Todo esto, añadió, mientras Barreda ha rechazado una comisión de investigación hasta en 8 ocasiones y la Audiencia Nacional ya ha imputado al que fuera el presidente de la Caja para declarar el 1 de febrero por la gravedad de las actuaciones que se produjeron a partir de 2007 en la ya extinta CCM.

Soriano, quien señaló que Anticorrupción ha citado a Moltó por presuntos delitos de falsedad y estafa que pueden tener relevancia penal, recordó que el ex presidente de CCM es un afiliado del PSOE y ha sido secretario general del PSOE en la región y consejero de Economía. Además, resaltó que fue el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha el que le puso al frente de CCM, a pesar de haber declarado que ningún político iba a dirigir la Caja regional.

En este sentido, la parlamentaria ciudadrealeña se refirió a que se trata de otra mentira a las que estamos acostumbrados por parte de Barreda, que dice una cosa y hace justo lo contrario, como ha ocurrido con la jubilación de oro, en unos momentos de grave crisis económica.

La dirigente política lamentó, igualmente, que “mientras Barreda decía que la culpa de la crisis de Castilla-La Mancha era de la crisis internacional, podíamos leer que el juez de la Audiencia decía que el rescate millonario de CCM que hemos tenido que poner todos los ciudadanos -7.100 millones de euros- está poniendo en peligro la economía nacional”.

“¿Qué teme Barreda para negarse sistemáticamente a crear una comisión de investigación?”

Soriano, quien considera que se trata de “un asunto muy grave”, se pregunta “qué es lo que teme Barreda” para negarse sistemáticamente a crear una comisión de investigación en las Cortes regionales, así como tampoco dice dónde están los 7.100 millones de euros que han desaparecido de la Caja. “Son las preguntas que tendría que responder Barreda que sigue sin dar la cara en este asunto”, apostilló la parlamentaria popular.

La dirigente política se refirió, del mismo modo, a que, además de responsabilidades penales, “el PP va a pedir responsabilidades políticas porque los tejemanejes que han conducido a que CCM desaparezca no pueden quedar impunes”.

En este sentido, Soriano señaló que al primero que habría que pedirle estas responsabilidades es a Barreda “porque por ley le correspondía haber vigilado, inspeccionado y controlado lo que sucedía en la caja y porque la mayor parte de los proyectos que han dado al traste con la caja están íntimamente ligados con el Gobierno de Barreda: el Aeropuerto de Ciudad Real, el Reino de Don Quijote o los créditos multimillonarios que han recibido en su entorno”.

La parlamentaria ciudadrealeña anunció que “el PP no va a cejar hasta que se conozca toda la verdad de lo sucedido en CCM y hasta que se desvelen todas las posibles tramas de corrupción que ha podido haber, porque no se pueden ir de rositas quienes son los autores de este desaguisado y ni quienes han consentido el mayor escándalo financiero que hemos tenido en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, Soriano lamentó que Barreda llegara a comparar la desaparición de CCM con el proceso de fusión y reestructuración que están tramitando diferentes cajas de ahorro y le pidió al socialista un poco más de respecto porque, lamentablemente, CCM ha sido la única caja intervenida por el Banco de España, la única de la que han desaparecido 7.100 millones de euros y la única en la que su ex presidente ha sido citado a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional y lo está investigando Anticorrupción por un presunto delito de estafa.

Finalmente, Soriano indicó que “el caso de CCM es todo un ejemplo de cómo los intereses espurios de los responsables de la caja y responsables regionales han puesto en peligro los ahorros de los castellano manchegos y están poniendo en  riesgo, incluso, la economía de este país”.

El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha presentado esta mañana el Plan de Empleo de la institución provincial, una iniciativa que permite combatir el paro y la pobreza en los pueblos de la provincia de Ciudad Real que supone una inversión de 8 millones de euros.

De Lara, que ha estado acompañado por la vicepresidenta Jacinta Monroy, responsable de la gestión de esta programa, entre otros, ha asegurado que desde el pasado 27 de diciembre, cuando el BOP publicó la convocatoria, los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes y las podrán formalizar en el plazo de seis meses a partir de esa fecha.

Ha querido dejar claro el presidente de la institución provincial que el Plan de Empleo nace con una consignación económica tan sustanciosa, con tanta urgencia y disposición porque la crisis ha hecho y está haciendo estragos en lo que afecta al empleo, por lo que considera que «es lógico» que la Diputación se preocupe por los que están resultando más afectados. «También pretendemos apoyar a los ayuntamientos, ya que casi todos tienen dificultades financieras, para que desarrollen obras y servicios para su comunidad y en sus municipios; y que siempre empleen a parados registrados en la oficinas del SEPECAM. Que los beneficiarios sean, en definitiva, demandantes de empleo», ha dicho.

El plazo máximo de contratación se ha fijado en tres meses con jornadas de 35 horas semanales. Ha precisado, no obstante, que se admitirán «muchísimas excepciones porque somos absolutamente flexibles, puesto que sabemos que existen muchas situaciones difíciles». Así las cosas, De Lara ha afirmado que se admitirán contratos a tiempo parcial y también de un día. «Un alcalde que sepa que se necesita un día de cotización para acceder a la prestación correspondiente podrá acogerse al Plan de Empleo de la Diputación», ha comentado para añadir que ocurrirá lo mismo si un regidor municipal estima que un parado necesita un contrato que exceda el tiempo estipulado. Por el contrario, no se admitirá más de un contrato por unidad familiar con el fin de lograr repartir más y mejor los recursos.

Se otorgará prioridad, según ha explicado De Lara, a las mujeres víctimas de la violencia de género y también tendrán cabida los titulados universitarios y quienes acrediten FP2, «porque las circunstancias nos dicen que la gente titulada está teniendo problemas severos de empleo». Se respetará, en definitiva, «cualquier combinación posible que los alcaldes acrediten en cuanto a la modalidad de contrato y al perfil de la persona contratada».

Ha destacado, por otro lado, que el Plan de Empleo permite «cualquier tipo de justificación». Es decir, que la Diputación subvencionará los salarios, la seguridad social, materiales y maquinaria, «y también materiales y maquinaria que tengan que emplear los alcaldes en otros planes de empleo». Dicho esto, De Lara opina que «es difícil encontrar un Plan más flexible y más municipalista».

Ha conferido especial importancia el presidente de la institución provincial a que se hayan consignado 225.000 euros para contratar a personas con discapacidad. «Otra gran novedad que se introduce es que cuando se presenten las solicitudes y el certificado de inicio del plan se adelantará a los ayuntamientos el 90 por ciento de la subvención que posteriormente será justificada, para que puedan disponer de los recursos sin tener que endeudar a su municipio», ha precisado.

Se aplicará retroactividad

Se aplicará por primera vez retroactividad, por lo que si llega a la Diputación un contrato que se ha suscrito a partir del 1 de enero de 2011 será admitido. Y hasta el 26 de mayo los alcaldes podrán presentar sus solicitudes y proyectos, que serán justificados antes del 31 de mayo de 2012. «Esto último lo hemos fijado así porque hay pueblos que viven de las recolecciones y a los alcaldes les puede interesar suspender sus planes para que los parados trabajen en las campañas», ha aclarado De Lara.

Ha conferido, por otro lado, una especial importancia a los ayuntamientos como mediadores en el Plan de Empleo de la Diputación. Y ha resaltado que se les trata de compensar desde la institución provincial sus problemas presupuestarios, «porque son los rompeolas de los problemas de la gente».

Ha calificado De Lara en otro momento de su intervención el reparto del plan como «justo, equitativo y objetivamente incuestionable». Y ha comentado que se han utilizado, principalmente, las variables del número de parados y paradas oficiales del SEPECAM al 30 de noviembre de 2010 y los datos de población facilitados por el INE referidos a 1 de enero de 2010. «Esto significa que a menos población, más euros por habitante. A más parados, más euros y, a menos parados, menos euros. Se trata de un criterio de reparto muy objetivo, por lo que es imposible ofrecer más facilidades a los ayuntamientos», ha señalado para resaltar, a continuación, que en tiempos difíciles las administraciones tienen que responder con urgencia, con creatividad y originalidad».

«Nuestras obligaciones están tasadas por ley, tenemos que hacer inversiones municipales, asesorar a los ayuntamientos, financiar obras y servicios, pero ninguna normativa atribuye a las Diputaciones competencias en materia de promoción de creación de empleo directo y automático. Lo hacemos por responsabilidad política», ha afirmado antes de asegurar que no cree que haya en España una Diputación que destine una suma tan importante a la creación de empleo.

Ha concluido De Lara diciendo que «en la Diputación y en la Junta jamás nos apretaremos el cinturón en materia social, porque es necesario, porque es injusto y pecaminoso hacerlo. Esto tiene que ver con los valores y las ideologías».