La Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, tras rechazar las 10 enmiendas de Vox y aprobar las 27 del PSOE, ha aprobado el dictamen de la propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno. Un texto que continúa su recorrido parlamentario y se elevará a pleno para su aprobación definitiva.

Según han defendido los socialistas, esta reforma transforma un reglamento preexistente que originalmente no contemplaba la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y transforma el reglamento «en un texto coherente y alineado» con las exigencias legales actuales en materia de integridad, transparencia y buen gobierno.

«Una modificación que es una transposición de una directiva europea que tienen todos los países en Europa», recuerdan desde el PSOE, ante las críticas de Vox. El PP se ha abstenido en la votación de las enmiendas de PSOE y de Vox y ha pedido un dictamen al Consejo Consultivo acerca de la «incidencia» de las enmiendas del PSOE en la independencia del Consejo Regional de Transparencia.

Para defender las enmiendas de Vox, ha tomado la palabra su diputado Luis Blázquez, quien ha asegurado que las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario «no buscan entorpecer», sino mejorar técnicamente el texto. En su opinión, un punto que requiere no solo una mejora técnica, sino una profunda explicación, es la figura de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. De este modo, Vox pide regular de forma clara la elección del presidente de este organismo porque, a su juicio, la presidencia de este organismo debe estar perfectamente delimitada.

De otro lado, la formación de Santiago Abascal considera igualmente importante que se extienda la protección del artículo 30.5, también a los periodistas y a los medios de comunicación que en su labor de investigación y en su deber de informar al público, publiquen informaciones sobre infracciones, sobre todo delitos cometidos en la administración.

Esta formación ve necesario también aclarar el artículo 32 que regula las actuaciones de investigación de la Autoridad. «Es importante concretar a qué se refiere cuando establece que dichas actuaciones podrán realizarse tanto sobre personas físicas como jurídicas, públicas o privadas», advierten desde Vox.

Los de Abascal consideran que el Consejo Regional de Transparencia es una duplicidad regional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Además, defienden que haya menos organismos y que los que hay se gestionen de una forma bastante más eficiente, porque «Castilla-La Mancha no necesita más entes públicos ni más cargos públicos».

El parlamentario de Vox también ha dedicado parte de su intervención a criticar las enmiendas del PSOE. De este modo, se ha sorprendido de que en una reforma de un reglamento de transparencia y buen gobierno «se borre» el concepto de la corrupción.

Para finalizar, el diputado de Vox ha subrayado que tanto la oficina de la Agencia Regional y la Oficina Regional de Transparencia y Buen Gobierno son entes «profundamente politizados», lo que puede propiciar «una falta de diligencia» en el tratamiento de datos personales y patrimoniales de todos los cargos públicos y de sus cónyuges. «Estamos ante una especie de fiscalía de la Administración y esto puede ser un nido y un refugio partidista por el simple hecho de que estará formado, precisamente, por decenas de funcionarios elegidos desde dentro del propio sistema de los partidos políticos».

Asimismo, ha acusado al PSOE de crear «una policía del pensamiento», vestida de paisano, infiltrada en cada una de las empresas, en cada partido, en cada fundación y en cada rincón de la administración. «Una policía del pensamiento que la llaman ahora persona denunciante o informante», ha criticado.

PARTIDO POPULAR

De su lado, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha asegurado no estar de acuerdo con Vox, por ejemplo, en lo que planteaba de la protección de los periodistas ya que, según ha recordado, existe un ordenamiento jurídico, un código penal e incluso una ley de protección de datos que protege las fuentes de información y también el secreto profesional.

Lo que más le llama la atención a los ‘populares’ son todas las enmiendas que ha planteado el PSOE ya que «son enmiendas más profusas, casi que la propia modificación», haciéndo hincapié en las supresiones, tal y como advertía Vox, «como la referencia a la corrupción pero también a la plena independencia orgánica y funcional del propio Consejo Regional de Transparencia».

Una cuestión que al PP le «genera dudas» y por ello aprovecha esta comisión para solicitar que se pueda solicitar un dictamen del Consejo Consultivo o bien un informe de los servicios jurídicos de las Cortes en tanto y en cuanto también el Consejo Regional de Transparencia, incluso físicamente, forma parte también de este parlamento.

«Entendemos que esas dudas que se puedan aflorar, en relación sobre todo con la independencia de un órgano que basa toda su actuación precisamente en eso, en la independencia orgánica y funcional, se pueda ver comprometida como consecuencia de esas enmiendas» del PSOE.

PSOE

De su lado, la diputada del PSOE Ana Isabel Abengózar ha acusado a los de Vox de venir, una vez más, «a montar su especial numerito». Una comisión que no trata de otra cosa que de adaptar el reglamento de organización del Consejo Regional a una normativa europea, ha dicho. «Quienes atacan constantemente a los cimientos de la democracia autonómica, han querido utilizar esta comisión una vez más para atacarla».

De otro lado, ha especificado que el PSOE ha presentado 27 enmiendas porque la integración de la figura de la Autoridad Independiente de Protección al Informante en el reglamento actual requiere adaptar de forma precisa y exhaustiva numerosos aspectos legales y funcionales.

Con estas enmiendas, ha abundado, «damos un paso más en el compromiso que este Gobierno y este Grupo Parlamentario mantienen con la transparencia, la integridad pública y la protección de quienes denuncian irregularidades, pese a que Vox haya venido aquí a decir otra cosa».

«Las enmiendas que planteamos no alteran la esencia del reglamento aprobado, sino que lo completan y lo fortalecen, convirtiéndolo en un instrumento normativo más claro, actualizado y funcional».

En definitiva, «estas modificaciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a través de estas 27 enmiendas refuerzan el papel del Consejo Regional como órgano garante de la transparencia y del buen gobierno y consolidan a Castilla-La Mancha como una región referente en materia de ética pública y protección del informante».

Ha incidido en que esta reforma transforma un reglamento preexistente que originalmente no contemplaba la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y transforma el reglamento «en un texto coherente y alineado» con las exigencias legales actuales en materia de integridad, transparencia y buen gobierno.

A Vox, que ven «fantasmas donde no los hay», les ha recordado que el objeto de esta reforma es adaptar el reglamento vigente a las leyes 2/2023 y 4/2024, integrando la figura de la autoridad independiente de protección del informante. «Las enmiendas de Vox no se ajustan a este propósito».

Además, ha dicho que algunas propuestas de Vox, como las relativas a la presidencia de la autoridad o a la inclusión de la protección de periodistas y medios de comunicación, «no tienen cabida legal», ya que no están contempladas en el ámbito personal de aplicación del artículo 3 de la ley 2/2023, ni corresponden a la finalidad del reglamento que hoy se debate.