El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cargado contra el PP y Vox por pintar de «tinieblas e infierno» la situación del sector agrario de la región, en el contexto de la guerra de Irán, donde el Ejecutivo ve «posibilidades» para acompañándolo, apoyándolo y que éste «no decaiga».

Así lo ha trasladado en el pleno de las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha lamentado que la oposición afirme que el Gobierno regional «no apoya a los agricultores y a los ganaderos» ante tal contexto de crisis económica generada por este conflicto.

«¿Creen que cuando se baja el IVA de los insumos que se van utilizar en el campo no tiene participación Castilla-La Mancha?. El 58% del IVA que se paga repercute a las arcas del Gobierno regional y por lo tanto el Gobierno regional tiene una afectación directa en la participación de lo que supone la ayuda a las personas que van a obtener esa reducción del IVA», ha argumentado.

El Gobierno regional ayuda «de forma unánime en esas medidas que el Gobierno de la nación ha planteado», ha insistido Martínez Lizán, que ha recordado que las medidas planteadas deberían de haberse consultado con las comunidades autónomas.

En este sentido, ha rechazado que estos dos partidos juegan «a confundir, a obtener ese aprovechamiento, con la venta de miedo y el dolor que se puede tener en el desarrollo de la actividad agropecuaria».

Frente a este panorama planteado por PP y Vox, el consejero del ramo ha exhibido que el sector ha recibido «1.070 millones de euros de ayudas de todo el contexto de la PAC, 46 millones de euros de ayuda al sector para maquinaria con últimas tecnologías o 34,5 millones de euros para la optimización de regadíos».

VOX RETA AL PP

Para abrir el debate, el diputado de Vox Luis Blázquez le ha planteado al PP, si quiere «ser el partido que se una con Vox en la defensa del campo español», para ser «el partido que acabe con el Pacto Verde, con la burocracia climática, con las imposiciones ideológicas que encarecen la producción»

«¿Quieren defender la Política Agraria Común, su presupuesto, sus principios fundacionales, o van a seguir aceptando su desmantelamiento silenciado junto con el Partido Socialista?, ¿quieren defender al agricultor de Cuenca, de Toledo, de Guadalajara, de Albacete, frente a Marruecos, frente a Sudáfrica?», se ha preguntado el diputado de Vox.

Esta formación considera que España debe recuperar su soberanía alimentaria y no puede depender de terceros países, y es por ello que ha propuesto «reducir de forma drástica la carga fiscal sobre el combustible agrícola» y «poner fin a la imposición ideológica en las políticas agrarias y apostar por una modernización real del regadío».

En Castilla-La Mancha, tal y como ha expresado Blázquez, la Junta ha sustituido «la planificación por improvisación en el tema del regadío, han sustituido la gestión por el enfrentamiento y las soluciones por titulares», y el resultado, ha afirmado, ha sido la «incertidumbre».

PP PIDE A JUNTA MEDIDAS PROPIAS

De su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que algunas de las medidas del Gobierno central para el sector agrario «van por el buen camino» y responden en parte a lo que venía reclamando el sector.

En este punto, ha planteado «dos niveles de actuación». Al Gobierno de España, le ha solicitado que «amplíe y concrete las medidas aprobadas», mientras que al Gobierno regional le ha demandado ayudas y que «no permanezca al margen, sino que articule medidas propias».

Ayudas directas, deducciones fiscales, un fondo extraordinario y una mesa permanente con las organizaciones profesionales agrarias, han sido las acciones que propone el PP para que el Ejecutivo regional las plantee de manera independiente frente a la situación que genera la guerra en Irán.

«El campo sostiene mucho más que alimentos. Hoy no basta con decir que uno respeta el campo, hay que demostrarlo, porque el agricultor no puede sembrar discursos, no puede abonar promesas y no puede llenar el depósito con buenas intenciones», ha espetado.

PSOE: PP NO APOYA MEDIDAS

El parlamentario del PSOE Antonio Sánchez Requena ha criticado al PP que, tras una crisis, «siguen sin apoyar las medidas en favor de los agricultores y ganaderos». «¡Qué curiosa forma de defender al campo!», ha expresado, al tiempo que ha extendido esta crítica que a Vox.

A ambos les ha reprochado que «no van a apoyar las medidas y, por tanto, lo importante son los hechos». «Cada uno tendrá que explicar por qué está en contra de que haya un descuento de 20 céntimos por litro en el gasóleo agrícola. Ustedes van a tener que explicar por qué», ha planteado.

«Lo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos son menos discursos y más apoyo a medidas que pretenden paliar una guerra que nosotros no hemos creado», ha afirmado el socialista.

Tras el debate, solo ha salido adelante la propuesta de resolución del PSOE, que reclamaba «priorizar instrumentos de apoyo directo y eficaz al sector agrario», asegurando que las ayudas lleguen de forma «ágil» y que «tengan un impacto real sobre la reducción de costes de producción». Por contra, las propuestas de PP y Vox no han cristalizado en el Parlamento regional.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves ha sido escenario de un debate general sobre medidas que contribuyen a impulsar los salarios y la situación laboral condicionando el desarrollo económico y social de la región, en el que Partido Popular y Vox han criticado el nivel de los salarios en la región frente a un PSOE que ha reivindicado el crecimiento de los mismos, acusándoles de tapar «la realidad».

El debate ha arrancado con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, que ha centrado su atención en el sistema impositivo, responsabilizando de los bajos ingresos en la región a que «los trabajadores pierden demasiado por culpa de un sistema fiscal asfixiante».

Sánchez ha apuntado que la región cuenta con «uno de los más bajos» salarios mensuales medios del país, que unido a los niveles de desempleo, provoca dificultades para «llegar a final de mes».

El portavoz de Vox ha argumentado que «cuando contratar es cada vez más caro, cuando producir es cada vez más caro y cuando mantener abierto un negocio cada vez es más difícil, lo que ocurre es lo que estamos viendo ahora mismo». «Menos contratación, menos inversión y menos oportunidades», ha insistido.

Una situación de la que ha responsabilizado al «bipartidismo» al que ha acusado de mantener «el mismo modelo económico» basado en «más gasto público, político, más administración, más ‘chiringuito’, más impuestos».

«Los salarios no mejoran a base de decretos, el salario mejora cuando la economía crece y cuando se crea un empleo estable», ha asegurado.

«La realidad es que al final ve que por mucho que se suba el salario mínimo no llegamos, la cesta de la compra cada vez es más cara y la realidad es que miles de jóvenes que quieren trabajar y que quieren prosperar no lo pueden hacer y se tienen que marchar de su tierra», ha añadido.

EL PP RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Por parte del Partido Popular, la diputada Itziar Asenjo ha advertido que «las familias sienten que la vida es más cara» ya que «ha subido la cesta de la compra, han subido los alimentos básicos, ha subido la energía y ha subido al fin y al cabo el coste de vida».

La parlamentaria ha criticado la situación salarial en la región, asegurando que en Castilla-La Mancha «hay salarios más bajos, más pobreza y también, y por desgracia, menos oportunidades».

Una situación que ha atribuido a «un problema de modelo», que ha provocado que Castilla-La Mancha sea «una de las regiones que mayor tasa de pobreza tiene, no solo de España, sino de toda la Unión Europea».

Aunque Asenjo ha reconocido que el volumen de salarios se establece a través de las negociaciones colectivas, ha incidido en que «el Gobierno autonómico sí tiene capacidad de decidir qué modelo productivo quiere en esta región, de decidir si apuesta por la industria o si apuesta por actividades de bajo valor añadido, de decidir si prefiere atraer inversión o prefiere expulsarla».

Además, la parlamentaria del PP ha criticado la acción del Ejecutivo regional ante la crisis causada por la guerra de Irán, asegurando que «hay comunidades autónomas que reaccionan y otras, como Castilla-La Mancha, que no lo hacen». «Hemos visto cómo Galicia ha movilizado 150 millones de euros, hemos Murcia ha aprobado ayudas al campo, hemos visto cómo Castilla y León ha anunciado compensaciones adicionales a las que se han aprobado a nivel estatal», ha argumentado Asenjo.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha a «solventar esa situación que está provocando la guerra de Irán en el tejido empresarial de Castilla-La Mancha y dejarse ya de titulares y de presumir de datos que lo que dan es vergüenza.

EL PSOE ACUSA A LA OPOSICIÓN DE «TAPAR LA REALIDAD»

Del lado del PSOE, la diputada María Isabel Sánchez Cerro ha acusado a los portavoces de PP y Vox de llevar al pleno «un diagnóstico basado en suposiciones de brocha gorda, intentando tapar la realidad».

Así, ha acusado a Asenjo y a Sánchez de presentar «un relato totalmente en negro» que «no se sostiene en ningún dato que nos puedan ofrecer los diferentes observatorios, ni en una realidad cotidiana».

Sánchez Cerro ha reivindicado que «el salario medio en Castilla-La Mancha es de 24.248 euros» lo que supone un incremento del «21,59%» desde 2015, subrayando que «ha crecido más que Andalucía y más que Castilla y León».

Además, ha cuestionado las críticas al modelo de desarrollo económico, apuntando que «se ha llegado a superar la barrera de los 2.000 millones de euros en inversión empresarial extranjera». Un nivel de inversión que ha conducido a la región a ser «la tercera comunidad con mayor crecimiento de ese PIB, un 29,5% después de la pandemia».

En la mismo línea, ha defendido que Castilla-La Mancha cuenta con más de un 80% de personas asalariadas con un contrato indefinido, 670.700 personas, que constituye el nivel «más alto de la historia de nuestra comunidad autónoma».

Aunque ha reconocido que los datos no son motivo «para conformarse» y se deben «seguir dándo pasos», ha defendido la línea de actuación del Gobierno, centrado en «el diálogo social». «Más de 30 grandes acuerdos en materia económica y laboral»

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El debate ha concluido con la aprobación de una propuesta de resolución del PSOE instando mantener el «compromiso con el diálogo social», así como «las políticas activas de empleo e impulso a la inversión empresarial» y el fomento de la formación. La propuesta ha sido aprobada gracias a los 17 votos a favor del PSOE, frente a los 12 votos del PP y los 4 de Vox en contra.

Por su parte, la propuesta de resolución de Vox, rechazada con los votos 17 votos contrarios del PSOE, frente los 16 a favor de PP y Vox, estaba centrada en la reducción de «las cargas sobre las empresas» e incorporaba un corolario de medidas como incentivos a la contratación, impulso al teletrabajo o sanciones a las empresas que contraten a inmigrantes en situación irregular.

La propuesta del PP, también rechazada por 17 votos en contra del PSOE, frente los 16 a favor de PP y Vox, se centraba en la orientación de «las ayudas y subvenciones públicas al tejido empresarial» a sectores de alto valor, así como la evaluación regular en Cortes de la situación salarial, y el refuerzo de las políticas activas de empleo centradas en la productividad.

Las 18 medidas trasladadas este jueves por el Gobierno regional para luchar contra la sobrepoblación de conejos han suscitado las reacciones de los grupos en el Parlamento regional, donde se ha celebrado un debate parlamentario sobre esta temática. Vox ha puesto en duda cuándo se implantarán, PP ha insistido en que se declare la plaga de esta especie en la región y PSOE lo ha calificado como el «mayor plan que jamás haya puesto un Gobierno regional encima de la mesa en España».

Ha abierto el turno de reacciones el diputado de Vox David Moreno, que ha tildado de «casualidad, que justo el día que viene este debate a esta cámara», la consejera anuncia medidas.

A finales de marzo de 2026, ha relatado Moreno, «la paciencia se ha convertido en cansancio» que llega a los «agricultores y ganaderos» del Gobierno regional, al que ha acusado de «abandono y dejadez».

Vox propone «veda abierta todo el año» o repoblaciones en otros municipios donde sea necesario, e incluso en otras regiones, con las que se pueden firmar convenios para que vengan a Castilla-La Mancha a hacer capturas».

Poniendo como ejemplo a Extremadura «donde prácticamente ha desaparecido el conejo de campo en la mayoría de los municipios», Moreno ha instado a la consejera a que se firmen esos convenios con comunidades limítrofes para este fin.

Destruir madrigueras en las zonas de dominio público, en cunetas, en los taludes, en autovías y en vías del ferrocarril es otra de la propuestas de Vox, que ha exhibido sus «soluciones urgentes», que ya vienen repitiendo «desde hace ya prácticamente dos años».

«Cuando prácticamente queda un año de esta legislatura, aparecen con un plan, que está por ver cuándo se pone en marcha y cuándo se lleva a cabo. Mientras que ustedes han estado debajo de brazos cruzados, quienes han sufrido las pérdidas son los agricultores. Y, pese a todo, con estas realidades, ustedes se resisten», ha reprochado a Mercedes Gómez.

PP LAMENTA NEGATIVA DE NO DECLARAR PLAGA

Por su lado, la diputada del PP Ana María Cantarero ha lamentado la negativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible de declarar «la plaga» por sobrepoblación de esta especie, cuando se trata de un «problema que se va agravando día a día y que se va extendiendo por muchas más zonas de nuestra región».

El motivo de la negativa de este Gobierno de declarar la plaga, ha afirmado Cantarero, se debe a que «la plaga les obligaría a pagar».

Ya centrada en las medidas, la diputada del PP ha criticado que las jaulas «ha quedado demostrado que son ineficaces en muchos casos» y en relación al equipo de huroneros «no va a alcanzar para solucionar el problema».

«Esto que usted nos presenta no es un plan, no es una respuesta que esté a la altura del problema, es simplemente adoptar una serie de medidas y maquillar la situación. Lo que necesitan nuestros agricultores es un plan integral contra la plaga de conejos, porque mientras tanto las parcelas arrasadas cada vez son más, hay más explotaciones donde ya no queda nada para cosechar, porque es desolador», ha criticado Cantarero.

PP propone que eliminar «majanos, tanto públicos como privados» no requiera «ningún tipo de permiso», al tiempo que ha insistido en que se declare la «plaga de conejos», porque «si no se indemniza a los agricultores, si no se actúan en las infraestructuras públicas en las que está acotada la caza» puede haber «un serio problema en los taludes de las carreteras, en las infraestructuras ferroviarias».

«Hay un riesgo real de hundimiento y ojalá no tengamos que lamentar nunca ningún accidente porque, por preaviso no va a ser, y después las lamentaciones no sirven para nada, y estas medidas no van a servir absolutamente para nada», ha criticado.

PSOE ENSALZA QUE ES PIONERO

De su lado, el diputado socialista Francisco José Barato ha destacado que es el «mayor plan que jamás haya puesto un Gobierno regional encima de la mesa en España», con «más medios, más presencia y más capacidad real de actuar allí donde los conejos están generando mayores daños».

A juicio de Barato, la propuesta de la mesa regional resulta «imprescindible» para reforzar «la capacidad de respuesta coordinada con la creación de un sistema para declarar daños y activar actuaciones de forma rápida».

«Más rapidez, más coordinación y más eficacia en la respuesta. Y junto a todo esto, la coordinación institucional y con el sector, porque este problema no es solo agrícola. Tanto, como digo, requiere de ese trabajo conjunto entre administraciones para afrontarlo de esa manera», ha afirmado.

El diputado socialista señala que él cree «en las realidades» y el plan que hoy ha presentado la consejera «no es ni casualidad ni improvisación», sino se traduce «en un paso más en la acción, en la intensidad y en la forma de actuar».

«Este plan no cambia el rumbo y el compromiso de lo que ya se estaba haciendo. Lo que hace es que viene a reforzarlo, a ampliarlo y a hacerlo más eficaz y con medidas concretas», ha remarcado Barato.

SEMANA SANTA, PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA

Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha ensalzado que el plan presentado es «bastante completo», precisando que después de los días de Semana Santa se reunirá la mesa regional del conejo y posteriormente las provinciales.

«Todas estas medidas se van a ir analizando en estas mesas, se irán comprobando las que son eficaces y las que no, y las que no sean eficaces se eliminarán del plan, pero también estaremos atentos con nuestra comunidad científica de cualquier otra medida», ha aseverado Gómez.

Cada modificación en este plan se tendrá que establecer con «seguridad, con la normativa por delante». Será «un plan vivo» que permita «ser capaces de controlar la sobrepoblación de conejo». «Estamos dando con el camino de las medidas que tenemos que adoptar», ha rematado Gómez.

Al término del debate solo ha salido adelante la propuesta de resolución de los socialistas sobre esta temática, a razón de la mayoría absoluta que tienen en las Cortes, mientras que las de PP y Vox no han salido adelante, tras el rechazo de los parlamentarios del PSOE.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves, en su sesión plenaria, el debate sobre la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que ha sido aprobada con los 17 votos del PSOE, haciendo valer su mayoría, frente a los 4 votos en contra de Vox a la totalidad del texto, y el voto contrario o la abstención de los 12 diputados del PP, que solicitaron el voto individualizado de cada uno de los artículos.

La normativa ha sido aprobada con el mismo contenido emanado de la Comisión de Economía y Presupuestos, incorporando 4 enmiendas del PSOE, y rechazando las 49 enmiendas presentadas por el Partido Popular, entre ellas la encaminada a la recuperación inmediata de la carrera sanitaria, así como las 16 enmiendas presentadas por Vox.

Durante la defensa del proyecto, la diputada socialista Silvia Fernández García, designada ponente en la Comisión, ha defendido que «se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general».

Fernández ha expuesto la composición de la ley, con 20 artículos en 3 capítulos, destinados, ha argumentado, a «reforzar la capacidad de acción de la Administración, favoreciendo la dinamización del tejido económico regional, optimizando la calidad y eficiencia, además de la consolidación de los servicios públicos y avanzando hacia un modelo más justo en la distribución de las cargas tributarias».

Así, ha subrayado que los 16 artículos del primer capítulo están dedicados a la «simplificación de procedimientos y en la gestión más eficiente de los recursos humanos». Sobre los tres artículos del segundo capítulo, ha afirmado que constituyen «medidas para facilitar el acceso a la economía y avanzar en una fiscalidad más justa», destacando el destinado a facilitar el 20% de la financiación para la adquisición de vivienda joven que no cubren las entidades financieras en su oferta hipotecaria.

También ha subrayado las medidas de carácter tributario, señalando que incluyen «reducir en un 40% el impuesto de transmisiones en la adquisición de la primera vivienda, reducir a la mitad los actos jurídicos documentados e incrementar el valor de la vivienda en un 33%, pasando de los 180.000 euros a los 240.000 euros a efecto de estas deducciones».

Finalmente, ha señalado que los tres artículos del tercer capítulo, sobre simplificación administrativa, ha centrado su atención en la supresión de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y la absorción de sus competencias por la Consejería de Desarrollo Sostenible, defendiendo que supone «una deducción significativa de la burocracia».

«Se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general», ha asegurado Fernández.

RECHAZO DEL PARTIDO POPULAR

Por parte del Partido Popular, su presidente, Paco Núñez, ha trasladado su rechazo al conjunto de la Ley, calificándola como una «Ley Ómnibus», es decir, «un cajón desastre, donde mete muchas pequeñas leyes para tratar de confundir».

En este sentido, ha argumentado que la defensa del Grupo Parlamentario Socialista ha consistido en buscar «cómo puede encajar en las costuras de un voto a favor, un voto en contra, para tratar de culpar a la oposición de los males de la gestión del Gobierno. Y eso no es serio».

Durante su intervención, ha planteado un acuerdo al PSOE, que posteriormente ha plasmado en una propuesta formal, asegurando que si estos «aceptan la enmienda por la que el Partido Popular recupera la carrera profesional sanitaria», el PP aprobará a favor de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias.

«Retiramos todas nuestras enmiendas, excepto la enmienda a la ley de servicios sociales y la ley para la recuperación de la carrera profesional», ha afirmado Núñez.

Una enmienda destinada a la recuperación de la carrera profesional sanitaria que también ha centrado el grueso de la defensa, a cargo del diputado Santiago Serrano, de las enmiendas presentadas por el PP, reiterando que el voto en contra por parte del PSOE a la enmienda supondría la 63 ocasión en la que PSOE rechazase su recuperación.

Además, ha destacado que sus enmiendas en materia de vivienda suponen «una reforma mucho más ambiciosa a nivel fiscal para el acceso a una vivienda o para la reforma del acceso al suelo dotacional en el caso de los municipios».

VOX ADVIERTE SOBRE LA MODIFICACIÓN DE «LEYES SECTORIALES»

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha defendido las 16 enmiendas de su grupo, entre ellas la encaminada a garantizar la velocidad de respuesta de las administraciones, la destinada a «permitir a los ayuntamientos», la propuesta de garantizar la asistencia personal en los procedimientos digitalizados, o la reforma del Consejo Regional de Estadística y Datos, «ya que el objetivo es claro, evitar la politización del dato».

Además, también ha defendido una transaccional a la enmienda presentada por el PP para la recuperación de la carrera profesional, para introducir una «modificación de la Ley 1/2012 de las medidas complementarias para la ampliación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, no solamente de los presupuestos generales», normativa que suprimió inicialmente la carrera profesional en el sector sanitario regional.

Por otra parte, ha advertido sobre las enmiendas introducidas por el PSOE, afirmando que suponen «modificar leyes sectoriales importantes, medidas de disposiciones finales introducidas en una ley de contenido heterogéneo, como es el amontonar en una ley». En este sentido, ha coincidido en calificar las enmiendas introducidas al proyecto como una «Ley Ómnibus».

EL PSOE RECHAZA LAS ENMIENDAS DE PP Y VOX

El PSOE ha defendido la aprobación del texto emanado de la Comisión sin la incorporación de las modificaciones de los otros grupos y la ponente, Silvia Fernández ha argumentado el rechazo a las enmiendas presentadas por la oposición argumentando que «en su conjunto no mejoran el texto, lo debilitan, lo duplican o directamente lo desvirtúan».

De su lado, durante el traslado de la posición de voto, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, ha acusado al Partido Popular de falta de seriedad, rechazando el contenido de sus enmiendas.

Sobre el planteamiento realizado por Núñez sobre la enmienda relacionada con la carrera profesional, Abengózar ha asegurado que está motivada porque «están muy nerviosos» ya que «la carrera profesional sanitaria la va a recuperar el presidente Emiliano García-Page de la mano de los profesionales».

Además, ha insistido nuevamente en que fue el Partido Popular el que la suprimió, instando a Núñez a «pedir perdón a los sanitarios».

RUIZ MOLINA LAMENTA EL RECHAZO A UNA TRANSACCIONAL SOBRE VIVIENDA

Tras los grupos parlamentarios, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina, ha tomado la palabra para defender el conjunto del proyecto, incidiendo en las medidas fiscales y de simplificación administrativa, en la misma línea en la que ha sido expuesto el proyecto por Silvia Fernández.

Durante su intervención, el consejero ha lamentado el rechazo por parte del PP a una transaccional presentada por el PSOE para facilitar «la concesión de avales» junto a la «concesión de préstamos» en los artículos referidos a la facilitación de acceso a la vivienda joven.

«No tiene más trascendencia», ha asegurado el Ruiz Molina, apuntando que será aprobada en un futuro, aunque ha subrayado que incluso cuando se muestran «dispuestos a aprobarles determinadas enmiendas», desde el PP, «tampoco las aceptan». «Lo que ponen de manifiesto es que a la ciudadanía les importa un pimiento», ha afirmado el consejero.