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El principio de igualdad ante todo

- 5 diciembre, 2012 – 17:222 Comentarios

Carmen Quintanilla Barba. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y presidenta de AFAMMER.- Mañana todos los españoles y españolas conmemoramos que en 1978, hace treinta y cuatro años, se promulgaba la Constitución Española que devolvía la soberanía nacional al pueblo y restablecía las instituciones democráticas en el ámbito de un nuevo sistema de monarquía parlamentaria que, a lo largo de estas más de tres décadas ha supuesto para España el periodo de mayor consenso y mayor estabilidad.

En estos días, desde la Comisión de Igualdad del Congreso estamos rindiendo homenaje a las veintisiete mujeres, veintiuna diputadas y seis senadoras, que formaron parte de las Cortes Constituyentes con diversos actos, entre ellos la proyección del documental “Las Constituyentes” en el que ellas narran en primera persona cómo fueron aquellos días de ilusión y esperanza ante un futuro mejor pero también las dificultades que entonces tenían las mujeres para participar en política rodeadas de una mayoría de hombres y analizan con diputadas y senadoras actuales cómo ha cambiado esta situación.

El objetivo de este homenaje es, sin duda, recordar y destacar el importante papel, un tanto olvidado y poco reconocido, que desempeñaron estas veintisiete mujeres en la Legislatura Constituyente y en la elaboración de la Carta Magna, la Ley de Leyes que supuso, sin ninguna duda, la primera y más importante apuesta por el principio de igualdad en España.

La Constitución Española establece en su artículo 14 la igualdad ante la Ley de “todos los españoles sin distinción de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Un artículo que encierra en sí mismo el principio de igualdad en su total amplitud y, por supuesto, el principio de igualdad entre mujeres y hombres que, hasta la promulgación de la Carta Magna no existía ni sobre el papel ni mucho menos sobre la realidad.

La apuesta que hizo la Constitución por sentar las bases e iniciar el camino hacia la igualdad real de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres queda también clara en su artículo 32 en el que establece que “hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Un artículo que hoy por hoy podría parecer un tanto fuera de lugar pero que, en aquellos momentos, era necesario ya que en aquel entonces todavía las mujeres dependían de la firma o la autorización de sus maridos para tener una cuenta en el banco, recibir una herencia o muchos otros trámites burocráticos.

La Constitución es, por tanto, el pilar fundamental donde descansa el principio de igualdad y sobre el que se ha ido construyendo la sociedad española en estos últimos treinta y cuatro años.

Una sociedad justa, libre y segura, como señala el Preámbulo de la Carta Magna, en la que en cumplimiento de la misma se “garantiza la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes” y que ha consolidado “un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.

Una sociedad en la que la igualdad entre mujeres y hombres ha ido consolidándose pero también en la que queda camino por recorrer ya que aunque esa igualdad es un hecho incuestionable sobre el papel, es decir, a nivel jurídico y legal, todavía no es una realidad completa en la vida de muchas mujeres que siguen sufriendo discriminación salarial, dificultades en el acceso al mercado laboral por la imposibilidad de conciliar su vida familiar, laboral y personal y que continúan soportando la violencia de género que tiene también como raíz la desigualdad.

La Constitución de 1978 abrió el camino y asentó el pilar principal sobre el que se ha ido construyendo el resto de la legislación en materia de igualdad en España, pionera en esta materia en el mundo.

El reto ahora es continuar trabajando en la aplicación efectiva y eficaz de las leyes y en el cambio de mentalidades que todavía perduran y que siguen provocando desigualdades que en pleno siglo XXI y treinta y cuatro años después de la promulgación de la Constitución no deberían ya existir.

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