J. Carlos Sanz.- El mismo día en que el Congreso de los Diputados comienza a debatir la ILP -Iniciativa Legislativa Popular- donde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social, en Puertollano una treintena de personas se concentraba frente a la sucursal de Bankia en la Plaza Constitución para denunciar el procedimiento judicial que esta entidad bancaria ha iniciado contra una clienta a la que con anterioridad se le había comunicado verbalmente la dación en pago.
Una iniciativa de protesta realizada al alimón por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ciudad Real y el Frente Cívico Somos Mayoría de Puertollano. Dos colectivos muy sensibilizados ante el drama de los desahucios por lo que hacían un llamamiento para que cualquier afectado de la comarca de Puertollano se ponga en contacto con ellos para recibir asesoramiento jurídico ante riesgos de ejecuciones hipotecarias.
El caso objeto de denuncia por parte de la PAH y el Frente Cívico posee tintes grotescos. Según señalaba Manuel Pozo, Portavoz del Frente Cívico de Puertollano, la clienta afectada es una mujer de nacionalidad ucraniana, mayor de 65 años, aquejada de asma y otras enfermedades, que vive sola y cobra una pensión de unos 500 euros.
En diciembre de 2012 hizo entrega en el banco de una petición para que se le concediera la dación en pago al considerar que la cuantía de su pensión era insuficiente para hacer frente al pago de la hipoteca (el último recibo ascendía a más de 360 euros), gastos de alimentación y cubrir otras necesidades básicas. Pozo asegura que inicialmente el banco dio luz verde a su solicitud de dación en pago aunque instó a que abandonara la vivienda en el plazo de una semana, concretamente el 22 de diciembre. Sin embargo, la mujer alertó que no disponía de plazo suficiente para irse a vivir otro sitio por lo que solicitó una moratoria de varios meses hasta encontrar otra vivienda (sigue).
Pero Bankia se negó a tal posibilidad y la clienta afectada quemó su último cartucho. Tras asesorarse con miembros del Frente Cívico, la mujer solicitó a la entidad bancaria negociar un alquiler social durante un plazo de 2 a 5 años. Solicitud que le fue denegada al comunicarle el banco, por escrito, que iniciaba un procedimiento judicial contra ella por impago de hipoteca. Una situación a todas luces kafkiana y que evidencia cómo el problema de los desahucios, lejos de solucionarse, sigue expandiéndose como un virus.
Miguel Ángel González, miembro de la PAH en la provincia de Ciudad Real, aseguraba que desde el inicio de la crisis ya se han cometido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Una cifra mastodóntica y que según González refleja “la violencia del poder privado” y la sistemática vulneración de derechos humanos en este país.
Por otro lado, Manuel Pozo confirmaba que junto al caso denunciando, en Puertollano hay otras cuatro personas en riesgo de ser desahuciadas. Desde el Frente Cívico se hace un llamamiento a los jueces del partido judicial de Puertollano para que apliquen cuanto antes la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas abusivas de suelo y techo y que paralicen todas las ejecuciones hipotecarias.
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