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as últimas medidas anunciadas por el Gobierno (Estrategia de emprendimiento y empleo joven) al objeto de estimular la economía y el empleo incluyen una reducción de las cuotas a la seguridad social (tarifa plana en la Seguridad Social) para nuevos emprendedores menores de 30 años (50 euros, aproximadamente, durante el primer semestre). Igualmente, éstos también podrán disfrutar de bonificaciones por un periodo de dos años más.
Es posible que esta medida concreta tenga más carácter recaudatorio que incentivador, puesto que si el entorno legislativo y económico no cambia (impuestos confiscatorios, mínima libertad económica, excesiva intervención estatal, falta de unidad de mercado, etc.) muchos de los nuevos emprendedores, aunque puedan pagar las cuotas durante los 2,5 primeros años bonificados, tengan que cerrar sus negocios una vez desaparezcan los incentivos.
¿Qué ocurre con el resto de autónomos o emprendedores mayores de 30 años? ¿Piensa el Gobierno que estos últimos no necesitan ayuda?
El citado paquete de medidas (50) apoyará la financiación a las empresas, sobre todo a pymes, rebajará la factura fiscal a las empresas de nueva creación, reactivará el plan de pago a proveedores, reducirá las cotizaciones a las empresas que contraten a jóvenes, etc.
No obstante, el Gobierno sigue sin querer abordar el verdadero problema que no deja a España respirar y este no es otro que la existencia de un Estado insostenible que absorbe todos los recursos (también el crédito) que necesitan las empresas y utiliza al sector privado para financiarse vía asfixiantes impuestos. Tanto en cuanto no se produzca un radical ajuste del sector público, todas las medidas de apoyo al empleo y de reactivación de la economía no tendrán el efecto deseado.
El Gobierno prometió rebajar las cotizaciones a la seguridad social (y no únicamente a los nuevos emprendedores). Del mismo modo, Mariano Rajoy también prometió que las pymes y los autónomos pagarían el IVA una vez cobradas las facturas (la adopción de esta medida es vital pero se ha aplazado hasta 2014). Otras dos promesas incumplidas.
También ha insinuado el Gobierno que bajará los impuestos en 2014, ¿quién se lo cree?
¿Para qué anuncia el Gobierno una Ley de Emprendedores si posteriormente centra su política económica únicamente en disminuir el déficit subiendo los impuestos (sin reducir prácticamente el gasto público-político improductivo e innecesario) y acelerando, con ello, el fallecimiento de muchas empresas?
¿Es aceptable que una administración lance planes de empleo y líneas de ayuda a los emprendedores si después no paga las facturas o las pague cuando ya es demasiado tarde, incumpliendo, además, la ley de morosidad? No olvidemos que existe otra bola de facturas impagadas por parte de la Administración correspondiente al ejercicio 2012 con el objetivo de reducir la cifra global de déficit: 6,7% según el Gobierno (sin contar el rescate financiero y sin contabilizar las facturas guardadas en los cajones). Aún así, se trata del mayor déficit público de la zona euro, conseguido después de exprimir al sector privado, vía aumento de impuestos, para mantener casi intacto el insostenible sector público. La cifra de déficit se ha conseguido a base de expoliar a las familias, a las pymes y a los autónomos.
La novedosa Ley de Unidad de Mercado es otra una broma de mal gusto, tanto en cuanto siguen proliferando multitud de leyes autonómicas diferentes. Sin duda, es más fácil para una empresa moverse en el espacio comunitario europeo que a través de los 17 reinos de taifas españoles. A modo de ejemplo, resaltar que las diferentes autonomías ni siquiera son capaces de unificar una única licencia de caza que pueda ser utilizada en todo el territorio nacional. Imagínense entonces como van a armonizar (únicamente por mediación de esta ley y sin acometer una verdadera reforma del modelo territorial del Estado) las miles de leyes autonómicas diversas que les causan a las empresas un perjuicio económico y un hándicap competitivo enorme.
En cuanto a la racionalización del sector público empresarial, ¿cuántas empresas públicas han desaparecido desde la entrada en vigor del decreto ley promulgado a tal efecto? (No sólo no se han reducido sino que han aumentado el número de empleados en 7.500, hasta octubre de 2012). La mayoría de las empresas públicas creadas, sobre todo, por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, son deficitarias y, además, perjudican al sector privado capaz de convertir esas pseudoempresas en compañías rentables.
¿Reforma de la Administración? Después de un año en el poder, comienza ahora el Gobierno por anunciar la reforma de la Administración Local (Ni en Bruselas creen que el Gobierno quiera realmente reformar la Administración, ni siquiera la local). El Estado está hipertrofiado y se conocen perfectamente las económicamente insostenibles duplicidades y triplicidades existentes que están asfixiando a la economía productiva pero no hay ninguna voluntad política de erradicarlas, puesto que son la esencia de la “mamandurria” de la casta política. Esta ausencia de verdaderas reformas en la Administración implica que la corrupción y el despilfarro sigan siendo una constante y, consecuentemente, continúen falleciendo empresas a causa del retraso en los pagos.
En conclusión, todas estas medidas, leyes y estrategias, más mediáticas que efectivas, pertenecen al ámbito del marketing político, es factible calificar a las mismas como publicidad política engañosa.
La medida más importante para reactivar la economía y fomentar el empleo que podría adoptar el Gobierno es poner a dieta al Estado hasta dejarlo anoréxico.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
