El coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, anunciaba esta mañana la intención de su formación de trasladar al ámbito provincial y regional, la coordinadora que, a nivel nacional, han constituido asociaciones como Jueces para la Democracia o Fiscales Progresistas, y de la que forman parte la propia Izquierda Unida y organizaciones sindicales. Esta plataforma, que se dio a conocer hace unos días con una protesta ante el Ministerio de Justicia, ha elaborado una moción en la que se solicita al Gobierno la retirada del proyecto de reforma del Código Penal y que IU llevará a los plenos de los ayuntamientos de la provincia.
«La intención que tenemos en la provincia es tratar que esa coordinadora que existe a nivel estatal se pueda constituir también en el ámbito provincial y regional», comentaba Ramírez. «Por lo tanto, nos pondremos en contacto con el Colegio de Abogados, con otras asociaciones ligadas a la justicia y también con los sindicatos para ver si somos capaces de mover un debate serio sobre qué tipo de código penal necesita nuestro país; si necesitamos un código penal que se ajuste a los principios más avanzados del derecho, que persiga con rigor los hechos delictivos pero que aporte una serie de garantías y derechos al resto de los ciudadanos, o si solamente se pretende hacer una reforma populista del código penal como pretende hacer el Partido Popular para seguir imponiendo su forma autoritaria de sociedad».
El coordinador provincial de Izquierda Unida aseguraba que la reforma del Código Penal «toca aspectos muy importantes, como el derecho de manifestación, de reunión y la libertad de expresión y opinión. Hay artículos que nos recuerdan a leyes pasadas. En una manifestación, el hecho de que se produzca un incidente aislado violento, puede suponer la exigencia de responsabilidades a los convocantes, lo que merma el derecho de manifestación. La reforma limita los derechos de protesta colectiva en recintos públicos y privados, además de que se podrá enjuiciar a aquellos que den publicidad a la convocatoria de actos de protesta social».
«Creemos que esta reforma del código penal forma parte de un proyecto de país que pretende imponer el Partido Popular, que pretende sustituir un estado social, democrático y de derecho por otro mucho más autoritario», concluía Miguel Ramírez.
