Dos porteros y el encargado de una discoteca de Puertollano se enfrentan a una posible condena de inhabilitación, de uno a cuatro años, por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas al, presuntamente, prohibir el acceso a un local de ocio nocturno a tres jóvenes gitanos la noche del 26 de septiembre de 2016.
María Santiago, coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano, entidad que ha apoyado a los demandantes, comentaba a los medios de comunicación durante un receso de la sesión que se ha celebrado esta mañana en los Juzgados de Ciudad Real, que los porteros “prohibieron la entrada a estos jóvenes porque tenían orden de no dejar pasar a gitanos, ya que, de lo permitirlo, les echarían la bronca”. En un “descuido”, según ha relatado la representante de la Fundación, los demandantes accedieron a la discoteca para intentar hablar con el encargado “y los echaron, no pudieron estar ni un minuto dentro”. Pidieron la hoja de reclamaciones y, después de no obtenerla, y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional. Finalmente acudieron a la Fundación Secretariado Gitano que les prestó su ayuda.
Por su parte, los acusados no recuerdan que se produjera tal incidente y, aseguran, jamás recibieron, ni se dieron, directrices encaminadas a impedir la entrada de personas de etnia gitana a la discoteca.
La coordinadora de la FSG ha señalado que existen muchos testigos que presentaron los hechos y que, más allá de lo juzgado hoy, “no se trata de una noche concreta, sino de una situación generalizada, no solo en Puertollano o Ciudad Real, de una problemática que afecta a toda España”. Anualmente, apuntaba esta entidad recibe, “como mínimo”, cuarenta casos de discriminación en el acceso a servicios y está inmersa en catorce litigios de estas características.
María Santiago ha destacado que el hecho de que haya jóvenes gitanos “empoderados” que acuden a los juzgados a defender sus derechos. Y ha advertido, a todo aquel que no permita el acceso a personas de etnia gitana, “ya sea a la vivienda, a ocio o a cualquier tipo de bien o servicio, público o privado”, de que se puede sentar en el banquillo por discriminación. La “razón étnica”, concluía, “nunca puede avalar el derecho de admisión, que, en ningún caso, se puede esgrimir de forma arbitraria y discriminatoria, como ha ocurrido”.
