El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior que facilite con prioridad los dispositivos de detección del COVID-19, así como los equipos de protección individual necesarios al personal penitenciario, tanto de vigilancia como sanitario, puesto que prestan un servicio esencial a la comunidad.
Así consta en un escrito remitido a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tras la queja registrada en la que se solicitaba su amparo ante la situación de indefensión de la población reclusa y del personal de Instituciones Penitenciarias por la falta de medidas de protección frente al coronavirus.
A punto de concluir la tercera semana de Estado de Alarma, Interior aún no ha facilitado los medios de protección suficientes. En líneas generales, el material es insuficiente e incluso se han llegado a proporcionar mascarillas caducadas; el personal se ve obligado a reutilizar las mascarillas.
Además, tampoco se están facilitando los test de detección del virus, por lo que en estos momentos ya más de 1.000 empleados públicos penitenciarios (más del doble de la semana pasada) se encuentran de baja en el servicio por haber dado positivo o estar en cuarentena, lo que afecta a las de por sí mermadas plantillas y lo que podría afectar a la seguridad. También superan el millar el número de internos que se encuentran en aislamiento sanitario en las prisiones españolas.
PROFESIONALES SANITARIOS. CSIF remitió ayer un escrito al Ministerio de Sanidad para que El documento (‘Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios’) contempla que en caso de que no se realice la prueba diagnóstica, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin antitérmicos y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria.
El documento de Sanidad apunta a continuación que la persona que hubiera estado en cuarentena se reincorporará a su actividad ‘con mascarilla quirúrgica’. Faltaría más. Como si cupiera la posibilidad de que volviera al trabajo además sin mascarilla.
CSIF además exige a Sanidad que se realice a diario la prueba diagnóstica a todos los profesionales sanitarios (tras 20 días de alarma seguimos sin test y suficiente material de protección); que el personal diagnosticado pase 14 días en cuarentena, al igual que los sospechosos de contagio; y que tras su reincorporación al puesto de trabajo se dote de los equipos de protección adecuados.
