Los baby boomers

En 2022 cumplen 65 años los primeros españoles nacidos en el prolífico periodo del llamado baby boom. A esta generación hay quienes la relacionan directamente con el complicado futuro del sistema público de pensiones en nuestro país. El fenómeno de los boomers —como ahora lo llaman—, se produjo aproximadamente entre 1957 y 1977. En esos años, según el INE, hubo más de 14 millones de nacimientos.

Fue la reacción y —como ocurrió en otros países que sufrieron conflictos bélicos en el siglo XX— la consecuencia natural para superar los graves problemas demográficos que ocasionaron aquellas guerras que diezmaron la población de las naciones más afectadas por aquellos enfrentamientos.

                En otros países el periodo de desarrollo de este fenómeno fue muy similar al nuestro. Duró unos veinte años en casi todos ellos. Pero lo más curioso de este fenómeno es que el momento inicial de esta explosión demográfica surge mucho antes en esos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se produjo entre 1946 y 1964. Es decir, comenzó al año siguiente de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, mientras que en España este fenómeno empezó más de dieciocho años después de finalizada nuestra Guerra Civil. Seguramente, la dureza de nuestra posguerra algo tuvo que ver en este retraso.

                Además del aumento de la natalidad, en España se produce —en ese mismo periodo— una mejora importante de la supervivencia de los nacidos en aquellos años. Esta reducción de la mortalidad infantil se debió, principalmente, a dos factores. Uno, la cloración generalizada del agua potable. Y dos, la implantación de un programa universal de vacunación infantil de las enfermedades más graves que afectaban a este segmento de la población. La mayor natalidad y la menor mortalidad infantil permitieron que la población se incrementase notablemente, pero también que la esperanza de vida aumentara como nunca antes lo había hecho.

                Nuestro país, como otras naciones, protegía esta situación mediante subsidios y otras ayudas con las que se facilitó el sostenimiento de muchas familias, sobre todo numerosas, que disponían de recursos económicos más que limitados. Pero cuando todas estas prestaciones se retiraron a finales de los años setenta, el extraordinario aumento de la natalidad ya había terminado. Ahora, cuarenta y cinco años después de finalizado aquel fenómeno, el problema se ha invertido. Teniendo en cuenta que la tasa de fecundidad de reemplazo es de 2,1, España, en 2020, tuvo una de los cinco más bajas del mundo, concretamente 1,19, solo superior a Corea del Sur, Japón, Singapur o Malta.

Con esta situación, no solamente está en peligro el mantenimiento de la sociedad del bienestar en la que se incluyen la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones, sino que, en pocos años, resultará difícil la reposición de trabajadores en el sector privado y estaremos muy lejos de garantizar la renovación generacional.

En cuanto a las pensiones, debemos saber que este no es un problema nuevo ni reciente. Nuestros gobernantes lo conocen desde hace más de 30 años, sin que, en todo este tiempo se haya avanzado en su resolución. El Pacto de Toledo es una Comisión parlamentaria —operativa en este momento— que se creó en abril de 1995 y en el que se establecieron una serie de recomendaciones para el sostenimiento del sistema a largo plazo, la mayoría de ellas pendientes de desarrollar. Los datos actuales avalan la precariedad de nuestro sistema que tiene un déficit acumulado de unos 100.000 millones de euros a finales del 2021, según información del Banco de España. El espíritu del Pacto era sacar del debate político este tema y buscar el consenso en las medidas propuestas, pero han tenido escaso éxito debido al cortoplacismo de nuestros políticos.

Es más fácil achacar a los boomers el problema de las pensiones, que tomar medidas eficaces para hacer viable el sistema. A quienes hoy lo sostienen, tendríamos que evitar dejarles la elevada deuda que están generando los excesivos costes impropios y extemporáneos para que, cuando ellos sean beneficiarios, el sistema esté económicamente encauzado.

Nuestra generación no es responsable de la explosión demográfica que se produjo cuando nacimos, ni de que el régimen de entonces apoyara estas políticas. Tampoco lo somos de la baja natalidad que se viene produciendo desde los años ochenta. Ni de que nuestra clase política haya sido incapaz —durante 30 años— de abordar con decisión este grave problema. La solución no es fácil, desde luego, pero la inacción es la peor de todas cuando un problema lleva encima de la mesa durante tanto tiempo.

Nuestros gobernantes han actuado como los malos estudiantes que dejan todo para última hora. Ahora algunos de ellos se apresuran para implementar algunos programas deslavazados de fomento de la natalidad a nivel local y autonómico, cuando debería abordarse como un plan nacional de mejora de la natalidad. Aunque, si este proyecto llegara a funcionar, debemos saber que sus resultados no serían efectivos hasta pasados más de veinte años. 

Manuel Fuentes Muñoz
En otoño

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