El precedente creado por una sentencia de Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real que declara nulas las bases de selección de 2022 para la cobertura de una plaza vacante de técnico de Sostenibilidad mediante concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Puertollano, ha generado inquietud entre 21 funcionarios recientemente consolidados tras superar sus correspondientes procedimientos de selección y ha levantado turbulencias políticas en el Ayuntamiento de Puertollano.
Así, el grupo municipal de Izquierda Unida ha criticado el planteamiento del alcalde, Miguel Ángel Ruiz, quien por el momento no ha tomado la decisión de recurrir la sentencia e incluso ha planteado a los 21 trabajadores revisar sus procedimientos de selección, lo que conllevaría declarar nulas las bases de esos concursos y la recuperación de su carácter de interinidad hasta que superen una nueva selección.
De su lado, el alcalde Miguel Ángel Ruiz ha asegurado que su única intención es «ayudar» a los trabajadores y garantizar en un futuro su condición de funcionarios, así como informarles de los riesgos jurídicos que podrían enfrentar si toman posesión de plazas merced a concursos viciados que pudieran ser objeto de recurso.
En rueda de prensa celebrada este viernes, el concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, y el jurista y colaborador de la coalición de izquierdas, Alejandro Becerra, han criticado el planteamiento del alcalde, que tras conocer la sentencia ha trasladado a los sindicatos y a los 21 trabajadores municipales la tesitura de recurrir la resolución judicial, o revisar las bases del resto de procedimientos similares para intentar normalizar jurídicamente sus condiciones como funcionarios antes de que expire con el año 2024 el proceso de estabilización de empleo temporal.
Para Izquierda Unida, que el alcalde de Puertollano no se haya planteado recurrir la sentencia podría incurrir en una actitud «temeraria», una «barbaridad» que pondría en evidencia la «incoherencia» de la propia administración local, que se retractaría de sus propios procedimientos tras la anulación de unas bases que, en todos y cada uno de los casos, cuentan con la aprobación de los sindicatos, han sido aprobadas en pleno, y han sido ratificadas por decreto de alcaldía.
Becerra ha recriminado al alcalde de Puertollano que vincule a estos 21 funcionarios y su futuro laboral a una sentencia que nada tiene que ver con ellos y que afecta únicamente a una plaza. En este sentido, Manchón y Becerra han abundado en que la sentencia, de 19 de diciembre, afecta únicamente a las bases de selección del técnico de Sostenibilidad bajo el principal argumento de que se deben reconocer al mismo nivel los servicios prestados por el trabajador como personal laboral y como funcionario.
Consecuentemente, han lamentado que la actitud del alcalde pueda acabar privando de su plaza a los 20 funcionarios que ya han tomado posesión de ella, y perjudicando a otra trabajadora municipal, que no lo ha hecho aún tras conocerse el contenido de la sentencia, de 19 de diciembre de 2023.
Para Izquierda Unida las administraciones tienen la «obligación» legal de recurrir sistemáticamente este tipo de sentencias hasta la última instancia, en defensa de los derechos de los trabajadores y de sus propios procesos, al tiempo que ha advertido de que cualquier decisión de revisión de las bases de selección de los 21 funcionarios debiera contar con un informe del letrado y ser aprobada por el órgano competente, en este caso el pleno de la corporación. Además, la coalición considera que si no se recurre la sentencia, la administración incurriría en una «dejación de funciones» que podría tener repercusiones penales. En este contexto, se han referido también a abundante jurisprudencia que defiende que los derechos de terceros en procesos similares no podrán verse afectados siempre y cuando hayan concurrido de buena fe.
Los 21 funcionarios a los que se ha propuesto la revisión de las bases de selección de sus plazas corresponden a auxiliares administrativos, oficiales de cementerio, técnicos de control, letrado y protocolo.
Ruiz, «comprometido» en la defensa de los trabajadores
Por su parte, y también en comparecencia de prensa, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que se ha limitado a plantear a los sindicatos y a los trabajadores las dos opciones posibles tras conocer el resultado de la sentencia de diciembre: recurrirla o revisar de oficio las bases por las que han sido seleccionados, bajo la argumentación de que, de este modo, podrían asegurar jurídicamente su estatus como funcionarios antes de que finalice el proceso de estabilización de empleo temporal, en 2024, que les facilitaría asegurarse la plaza con más facilidad y menos concurrencia.
El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene obligación de recurrir la polémica sentencia y que su único objetivo es «ayudar» a los trabajadores de la casa, respetando su decisión pero informándoles de las consecuencias que podrían tener posibles recursos a sus procedimientos administrativos, toda vez que el juzgado de Ciudad Real ha advertido de que las bases similares a las de la plaza del técnico de Sostenibilidad «adolecen del mismo vicio de nulidad».
En este sentido ha aludido a que ya se han producido otras tres denuncias por parte del Sindicato de Policía Local, y de un particular, al margen de la denuncia que derivó en la sentencia de diciembre.
De su lado, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Esther Mora, a preguntas de los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa, ha confirmado que tiene conocimiento de la situación tras la celebración de una reunión entre el equipo de gobierno y los partidos políticos, aunque, tras expresar «todo el apoyo» de la formación política a los afectados, ha asegurado que está estudiando la situación y escuchando a todas las partes para poder llegar a alguna conclusión fundamentada jurídicamente.
En todo caso ha recordado que todas las bases de los procedimientos de selección contaron con el visto bueno favorable de secretaría, intervención y actores sociales en el seno del consistorio.
