Un elemento fundamental en los planes de los militares golpistas españoles en julio de 1936, como escribe Paul Preston, es extender una campaña de terror y exterminio. Se trata de combatir la superioridad numérica de los trabajadores e imponer el pánico de inmediato “con el uso de tropas insensibilizadas por la guerra colonial en África y el apoyo de los terratenientes locales” (Un pueblo traicionado. España de 1876 a nuestros días: Corrupción, incompetencia política y división social, Barcelona, 2019). Pero la aguda operación del terror no termina con el final de la guerra, sigue con intensidad en la primera posguerra.
Por otra parte, piensan los falangistas de primera hora, como Agustín del Río Cisneros (1909-1992), que el Estado es un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria (“El Estado Nacional-sindicalista”, El Español, Madrid, 31-10-1942). Por eso, hay que castigar a las personas difamadas como antiespaña, “rojos” vencidos, y provocar terror. Es necesario cauterizar la parte de la sociedad enferma. Es preciso eliminar, incluso físicamente, a los vilipendiados “enemigos” de España. Y con ese pensamiento excluyente no tienen sentido sutilezas legales.
Se pone en marcha una dictadura militarista, que Franco articula con plenos poderes, caracterizada por la oposición frontal a liberalismo y democracia, rechazo a libertades individuales –asociación, manifestación, pensamiento, prensa, reunión– y eliminación del parlamentarismo. Una dictadura de casi cuarenta años, que transita de la aceptación y práctica del fascismo al perfil nacionalcatólico, pero siempre con el control de la ciudadanía gracias al uso de la fuerza, es decir, mediante represión y violencia. Además, el repudio del marxismo desemboca en un ambiente aterrador.
El sindicalista de Puertollano Pedro Ruiz García (1936-2023) advierte en 1999 que es necesario que la juventud sepa que nadie nos ha regalado la democracia, fruto de muchos años de lucha por la que algunas personas pagaron un alto precio: “Fuimos detenidos (algunos en muchas ocasiones) y detenidas (entre ellas mi mujer), procesados, apaleados, humillados, calumniados, amenazados de muerte, despedidos del trabajo…; otros perdieron la vida en distintos lugares del país por la misma causa. Durante la dictadura, la huelga, la manifestación, y no digamos la exigencia de libertad sindical, política, de prensa, o de organización, eran inmediatamente reprimidas y detenidos y despedidos del trabajo sus promotores” (“Para avanzar hay que luchar”, Puertollano, enero de 1999).
La bibliografía, en variadas vertientes, referida a la barbarie franquista es hoy abundante y no es pertinente citarla aquí. Sí merece la pena recordar el informe de comienzos de los cincuenta del siglo pasado, Livre blanc sur le système penitentiaire espagnol (París, 1953), y la obra pionera de Ángel Suárez y Colectivo 36, publicada en París por Ruedo Ibérico en 1976, Libro blanco sobre las cárceles franquistas, 1939-1976. O, por citar solo dos libros, Genocidas, cruzados y castradores. Terror y humillación en nuestro pasado (Madrid, 2015), de Miquel Izard, y una obra reciente, referida a un perverso personaje, que firman Ángel Viñas Martín, Francisco Espinosa Maestre y Guillermo Portilla Contreras, titulada Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista (Barcelona, 2022).
Ejército, Iglesia católica, y Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista –partido único surgido de la fusión de diferentes fuerzas políticas de extrema derecha–, son los pilares fundamentales del nuevo régimen, caracterizado por el culto a la personalidad del general africanista Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde Salgado Pardo de Andrade (1892-1975), al que la propaganda denomina de forma machacona “caudillo” de España, “generalísimo” de los ejércitos o “césar” victorioso. Son muchísimos los elogios dedicados al dictador, que en muchos casos llegan a la ridiculez. Incluso, las monedas que utiliza todo el mundo llevan inscritas la frase siguiente: “Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios”. Además, ya se sabe, Franco, solo es responsable ante Dios y ante la Historia. Al mismo tiempo, se elabora poco a poco un cuerpo doctrinal legitimador de la dictadura y un blanqueamiento propagandístico del totalitarismo.
Se tortura, asesina y reprime, con las bendiciones de la Iglesia católica, aliada de Franco y sostén importante de la autocracia. Todo por Dios, España y su revolución nacionalsindicalista. El terror de la década ominosa que sigue a la guerra genera una actitud de miedo y desconfianza en gran parte de los españoles. Un miedo no reconocido, en muchas ocasiones, que paraliza, que lo impregna todo y que tiene gran incidencia en la vida social.
Al menos 50.000 personas son ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, según Julián Casanova (“La Victoria”, infolibre, 2-4-2022). Unas, detenidas en Francia, a partir de una lista proporcionada por José Félix de Lequerica Erquiza (1890-1963), y entregadas a las autoridades franquistas por la Gestapo, como Lluís Companys i Jover (1882-1940), presidente de la Generalitat, o ministros de la República durante la guerra, como el socialista Julián Zugazagoitia Mendieta (1899-1940) o el anarquista Joan Peiró Belis (1887-1942). Muchas de ellas en las últimas provincias conquistadas por el ejército de Franco, como Arturo Gómez-Lobo Mora (1883-1939) o Francisco Colás Ruiz de la Sierra (1899-1939) en Ciudad Real.
