La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 2 de junio a dos administradores de la mercantil ‘Multiservicios La Mancha S.L.’, acusados por la Fiscalía de un delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores y de un delito de homicidio por imprudencia grave, tras la muerte de un trabajador que cayó desde la cubierta de una nave en Tomelloso y que estaba contratado bajo la categoría profesional de fontanero.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron en abril de 2022, cuando dos trabajadores se desplazaron a una nave para acometer la sustitución de placas deterioradas en la cubierta.
La Fiscalía relata que los operarios accedieron a la cubierta utilizando una escalera apoyada en una edificación anexa y que realizaron los trabajos sin que se hubiera proyectado ninguna medida de protección colectiva y sin que se les hubiera facilitado el preceptivo arnés anticaída ni casco de seguridad.
Durante la ejecución de la tarea, uno de los trabajadores pisó una de las placas, que se quebró, precipitándose al interior de la nave, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo y perdió la vida de forma inmediata.
El Ministerio Fiscal sostiene que el accidente se produjo por un «inadecuado diseño de la tarea», ya que en la evaluación de riesgos no se identificaban los trabajos en cubierta y las medidas preventivas previstas eran generales y no específicas.
La acusación pública considera que los acusados, como administradores de la empresa, eran plenamente conscientes del riesgo que suponía trabajar sobre una cubierta situada a más de ocho metros del suelo y, aun así, consintieron que se acometieran los trabajos sin protección suficiente.
Por ello, la Fiscalía pide para cada acusado un año de prisión por el delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores y un año y seis meses más por el delito de homicidio por imprudencia grave.
En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama indemnizaciones para la viuda, los dos hijos menores del fallecido.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama 177.620 euros para la esposa, 184.844 euros para el hijo y 151.178 euros para la hija, cantidades ya incrementadas en un 30% por el delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores.
Además, solicita 57.044 euros para cada uno de los progenitores y 21.391 euros para cada uno de los hermanos, por lo que las indemnizaciones detalladas en el escrito de acusación ascienden en conjunto a 670.515 euros, con la entidad mercantil como responsable civil subsidiaria.
