El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.
Esto se traduce en que, a partir este momento, las entidades interesadas podrán solicitar su acreditación para colaborar con la Administración regional en la gestión de procedimientos administrativos, contribuyendo a agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración.
La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema, garantizando su aplicación con todas las garantías jurídicas y organizativas.
Las Entidades Colaboradoras con la Administración regional se han diseñado como una nueva herramienta de la que se dota el Ejecutivo de Emiliano García-Page y que supone un paso más en el proceso de modernización de los servicios públicos y en la implantación de un modelo administrativo más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.
Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.
Su regulación permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas.
Las entidades colaboradoras desarrollarán exclusivamente funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.
Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular y la evaluación ambiental y siempre llevando a cabo funciones técnicas de comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes, contribuyendo a agilizar los procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta de la Administración.
Una herramienta esencial para los pequeños municipios
Uno de los principales objetivos de la regularización de las Entidades Colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales ya que en muchos ayuntamientos carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años.
