La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha solicitado una pena de 10 años de prisión para un hombre de 67 años acusado de un delito de agresión sexual en su modalidad de violación a persona especialmente vulnerable, en relación con unos hechos ocurridos en mayo de 2022 en un domicilio de Puertollano.
Según el escrito de acusación, el procesado y la víctima, de 22 años, compartían piso de alquiler en Puertollano sin más vínculo que una relación de convivencia. El Ministerio Público relata que el 7 de mayo de 2022, sobre las 13.00 horas, ambos coincidieron de forma casual en un bar de la localidad, donde permanecieron bebiendo cerveza y, posteriormente, se trasladaron a otro establecimiento.
De acuerdo con el relato fiscal, la joven comenzó a encontrarse mal y llegó a desplomarse en el suelo del baño del local, por lo que el dueño del establecimiento pidió al procesado que la acompañara de vuelta a casa. Ya en el domicilio, sobre las 18.00 horas, la víctima se tumbó en su habitación y se quedó dormida, y al despertar se encontró al acusado sentado a los pies de la cama.
La Fiscalía sostiene que, tras ofrecerle un cigarrillo, el procesado se abalanzó «de forma súbita» sobre la joven, aprovechando que esta se encontraba bloqueada y sin capacidad de reacción por el miedo y por la cantidad de alcohol ingerida, y que llegó a agredirla sexualmente. Según el escrito, la víctima logró coger su teléfono móvil para enviar una grabación y varios mensajes pidiendo ayuda a una amiga, y el procesado interrumpió su conducta al sonar el timbre del piso, al que habían acudido esa amiga y su pareja.
Tras los hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano, en funciones de guardia, dictó el 10 de mayo de 2022 un auto por el que se acordó una orden de alejamiento del procesado respecto de la víctima, con prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio.
El Ministerio Fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, del que responsabiliza al acusado como autor.
Además de los 10 años de prisión, la Fiscalía solicita una prohibición de aproximación a la víctima a menos de 500 metros y de comunicación con ella durante un periodo superior en cinco años a la pena de prisión que finalmente se imponga.
El escrito reclama también la imposición de una medida de libertad vigilada durante 10 años, que incluiría la obligación de participar en programas de educación sexual, así como una pena de inhabilitación especial de 20 años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. La víctima, según recoge el documento, ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle.
La vista oral se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.










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