El PSOE de Castilla-La Mancha se ha posicionado en contra de regular la prostitución y de la práctica de los vientres de alquiler, tal y como expresa en la Ponencia Marco de su 13 Congreso Regional, que se celebra este fin de semana en Toledo.
En concreto, en el texto, recogido por Europa Press, los socialistas de la región rechazan «cualquier práctica que mercantilice» los cuerpos de mujeres y niñas, siendo los vientres de alquiler, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual «claros ejemplos» de esta mercantilización.
«No compartimos la práctica de los vientres de alquiler, que se basa en la idea de que todo puede comprarse y venderse. No hay nada más neoliberal que justificar la compra de un cuerpo, como si fuera un objeto, sin considerar que el cuerpo y la persona son inseparables», explica el documento, que añade que «las mujeres que son captadas para este fin suelen estar en situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, lo que impide que sea una decisión verdaderamente libre».
Esta práctica «deja graves secuelas en su salud física y, sobre todo, emocional», según incide el texto, que aplica esa «misma lógica» a la postura del PSOE sobre prostitución. «Sin prostitución, no habría trata, por lo que el PSOE de Castilla-La Mancha se posiciona como abolicionista».
«Solo una visión equivocada de la libertad justificaría una regulación que en realidad beneficiaría a las mafias y a quienes explotan vidas para su propio beneficio. Nuestro papel es promover redes de apoyo que permitan a las mujeres explotadas sexualmente salir de la prostitución en condiciones de seguridad y libertad».
En el ámbito de la violencia machista, el PSOE considera que sus «casas del pueblo pueden y deben servir como instrumento para realizar acciones dirigidas hacia su erradicación», mientras que, en referencia a la igualdad, admite que el partido «necesita de la incorporación de más mujeres a la militancia de base, en los cargos orgánicos y en la representación institucional, de tal manera que haya un mayor número de mujeres liderando posiciones».
AGUA Y DESPOBLACIÓN
Con carácter general, los socialistas de la región aseguran que su trabajo «inmediato» debe estar orientado a la lucha contra la despoblación, el derecho al agua, «que aún sigue siendo una asignatura por completar» y «hacer que el final del trasvase sea posible», y lograr una financiación autonómica «igualitaria y justa», siguiendo un modelo «construido desde la multilateralidad participativa de todas las comunidades autónomas».
Sobre este último asunto, el texto subraya cómo el modelo actual «perjudica a Castilla-La Mancha proporcionándole un menor nivel de financiación por habitante ajustado», y demanda al Gobierno central que lidere una propuesta que debe afrontarse desde el acuerdo y el consenso «más amplio posible».
Mientras ese nuevo modelo se negocia, la región reclama un fondo transitorio de nivelación para corregir temporalmente la infrafinanciación que sufre la región, que se mantendría operativo hasta que se apruebe la reforma del sistema de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general.
Igualmente, exige que se aborde una condonación de la deuda autonómica asociada a la infrafinanciación y que se aborde la armonización fiscal, mediante una ley estatal, en relación con los tributos estatales que gestionan desde las comunidades autónomas «para evitar la competencia fiscal desleal entre ellas». Además, avanza su intención de proponer al Estado una fiscalidad orientada a luchar contra la despoblación que complemente la establecida ya en la región.
En materia hídrica, adelantan su intención de seguir oponiéndose «a cualquier decisión que ponga en peligro» los intereses de la región, y precisan que no se puede «perder la perspectiva de que el trasvase tiene que llegar a su fin». «Nuestro compromiso sigue intacto, porque no podemos conformarnos: necesitamos una estabilidad en los Ribereños y que haya agua como recurso para nuestra región en todos los sistemas».
ESTATUTO PESE A LAS «ZANCADILLAS»
Los socialistas castellanomanchegos apuestan por sacar adelante un nuevo Estatuto «a pesar de las dificultades, cuando no zancadillas o traiciones políticas que siempre ha puesto el PP de Castilla-La Mancha, más pendiente de satisfacer los intereses del PP nacional que de defender los intereses legítimos de Castilla-La Mancha». Una reforma que «no sea coyuntural» y en la que prime el consenso.
Del número de parlamentarios, el PSOE indica que «la pretensión, y lo acordado con el PP, y votado por estos, era pasar de la horquilla electoral actual de entre 25 y 35 diputados a una horquilla de entre 25 a 59 escaños». «A pesar de que explicitamos que si no había acuerdo en la cifra, mantendríamos los 33 diputados actuales, el PP rompió lo acordado presentando una enmienda que rompía con la pretensión inicial», aclara.
En este sentido, el PSOE ve «imprescindible» variar esa horquilla, no tanto por aumentar el número de diputados regionales, sino «por garantizar una representación proporcional justa de la ciudadanía en las Cortes regionales, algo que no sucede en estos momentos».
«UN CORRUPTO JAMÁS PUEDE SER SOCIALISTA»
También se abordan en la Ponencia Marco otros asuntos como el de la transparencia, como «el mejor antídoto contra la corrupción», defendiendo que los cargos públicos del PSOE «han de ser austeros y predicar con el ejemplo, y deben serlo también las administraciones y quienes la representan».
«Un corrupto jamás puede ser socialista», añade el documento, que incide en que «ningún cargo político percibirá más de una retribución o compensación procedente de las administraciones públicas» y que «quienes se dedican a la política deben de carecer de privilegios».
De otro lado, el documento avanza la intención del PSOE de Castilla-La Mancha de impulsar «al máximo» al acción en el ámbito europeo y la presencia en Bruselas «con más recursos humanos y técnicos»; y aboga, en materia de vivienda, por establecer en la Comunidad Autónoma una normativa específica de vivienda para las zonas rurales y creando la figura de Vivienda de Tipología Rural.
Igualmente, plantea una flexibilización de la legislación estatal, para facilitar la prestación de servicios de policía local de forma conjunta entre varios municipios limítrofes; pide reformar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), para mejorar la capacidad de las entidades locales en la atención de las personas, y modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), para impulsar la autonomía local.
Finalmente, deja constancia que «desde la eclosión de las redes sociales como canal de comunicación –al margen del periodismo tradicional– la desinformación, el bulo, la manipulación, la carencia del contraste de las noticias y su torticera trasmisión están haciendo un daño terrible a la cohesión y el progreso social, al centrarse en el cuestionamiento permanente de los avances de las políticas progresistas, las instituciones y las personas» y que esa desinformación hace del bulo «una estrategia de los partidos de la derecha política para atacar y desprestigiar a muchos socialistas, fundamentalmente a quienes gobiernan en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno».
