Más de treinta años después de que Ciudad Real y su provincia vivieran la ilusión de acercarse por fin a la modernidad de las comunicaciones ferroviarias, sigue en cuestión un servicio que no solo no mejora, sino que va de mal en peor. Estoy hablando de los trenes AVE que proporcionan servicio entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano. Los conocidos trenes AVANT.
Nuestros políticos siguen vendiendo sin rubor las bondades de este medio de transporte que, además de caro, ahora ha dejado de tener una de sus cualidades más emblemáticas. La puntualidad. Desde 2005, la laxitud en el cumplimiento de los horarios, ha deteriorado el compromiso inicial que RENFE adquirió con sus clientes, hasta diluirlo y prácticamente hacerlo desaparecer.
Pero lo malo es que, desde hace ya unos cuantos meses, la impuntualidad se ha convertido en habitual, lo que afecta gravemente a los usuarios. Y lo que es peor. Dificulta, cuando no impide, cumplir con una obligación básica de los trabajadores que lo toman diariamente, —el horario laboral—, lo que puede comprometer el mantenimiento de sus puestos de trabajo.
Y este temor, ya no es solo una previsión teórica. La actual asociación acaba de poner nombre y cara a viajeros que han dejado de serlo —o lo dejaran, si no se cambia la situación—por estas dificultades y, como ocurrió hace dieciocho años —cuando se variaron radicalmente las condiciones del servicio—, traerá inevitables consecuencias negativas para toda la población de la provincia, como potenciales viajeros de estos trenes.
Por otra parte, el número de servicios está relacionado con el de viajeros que lo usan. Si no aumenta su número, sino que se reduce el del colectivo más numeroso de estos pasajeros, la frecuencia de servicios también se reducirá. Y habrá cada vez más tiempo entre cada servicio, lo que reducirá las opciones de viaje, y hará que los horarios sean cada vez menos adecuados a las demandas de toda la población.
Nuestros políticos, de todos los ámbitos territoriales, son poco sensibles a un problema que, si se tratara adecuadamente, contribuiría al aumento —o por lo menos al sostenimiento— de la población, tan necesarios económica y demográficamente, para nuestra tierra. Y los datos no mienten. La oferta de plazas y el número de pasajeros de este servicio no han aumentado en los últimos veinte años.
El efecto Madrid, proporciona a la población de nuestra provincia, la actividad y el trabajo —especialmente para nuestros jóvenes—, de la que carecen nuestros pueblos y ciudades. Si a estos jóvenes no se les dan facilidades para desplazarse a la capital, —como han hecho comunidades autónomas, como Castilla y León—, estamos abocados a vaciar, todavía más, nuestra ya despoblada y querida tierra.
El problema requiere un doble enfoque para abordar esta situación. Por una parte, tiene que ver con las competencias encomendadas al gestor de infraestructuras ferroviarias, ADIF, y al operador público ferroviario, RENFE, —dependientes ambos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana—. Y, por otra parte, con las administraciones, tanto locales, como provinciales y regionales.
En cuanto a las primeras, tanto ADIF como RENFE, han sido, desde siempre, entidades caracterizadas por la falta de información y por la opacidad ante sus clientes, lo que dificulta su comunicación con ellos. El gobierno sabe que debe mejorar esa mala imagen —agudizada, en los últimos tiempos, por la mala gestión de los trenes de Extremadura, por las incidencias en los Cercanías de Madrid o por los trenes que no caben en los túneles de Cantabria y Asturias— y, para ello, aunque solo fuera por cortesía, debería de atender las demandas que le hacen para la mejora de este servicio.
Una reunión, como le pide esta asociación, sería lo mínimo a lo que se deberían de comprometer con ella. A veces, las entidades públicas, desconocen aspectos esenciales que, por no bajar al terreno de sus clientes, les es imposible saber y que, con muy poco esfuerzo, se podrían resolver.
Nuestros políticos, ahora que están en precampaña electoral, deberían apostar por una mejora que los hiciera visibles ante su potencial electorado. Todos ellos saben lo ajustadas que están las encuestas ahora y que un puñado de votos puede inclinar el fiel de la balanza a cualquiera de ellos para poder gobernar. Pero, deben saber, también, que no solo son los afectados directamente los que esperan sus decisiones. Están sus familias, quienes tienen que decidir próximamente, —entre quedarse o marcharse— y la gente a la que le preocupa el deterioro de este servicio.
Además de la voluntad popular manifestada en las elecciones, hay un aspecto muy importante que es necesario tener en cuenta. El económico. Es decir, lo que aportan los usuarios a través de sus impuestos y del consumo de sus familias a la economía de nuestros pueblos y ciudades. Y las consecuencias que su marcha definitiva puede ocasionar a nuestras arcas públicas. Pero más allá de estas cuestiones, la situación crítica en la que se encuentra este servicio actualmente, requiere remover las conciencias de quienes sean sensibles a un problema que padecen, un día sí y otro también, los que, como residentes o como trabajadores en nuestra provincia, se ven gravemente afectados en su vida cotidiana.
