Paula Fernández.- Asistimos estos días al inicio de una batalla electoral que se presenta dura y sobre todo tramposa por parte de los partidos de la derecha, PP y Vox. El Debate central que ya han comenzado los barones del PP es el de la necesidad de bajar los impuestos.
Antes de analizar la bajada de algunos impuestos en concreto, como el Impuesto de patrimonio, nos conviene analizar porqué las bajadas generalizadas de los mismos no inciden directamente en el bienestar de los ciudadanos e intentar demostrar que los argumentos y el lenguaje que se utiliza para justificar sus bajadas es un lenguaje tramposo y perverso.
Este va a ser, sin duda, uno de los debates económicos que se van a desarrollar en las futuras contiendas electorales, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores,
El Partido Popular ha presentado una propuesta fiscal, que pude resumirse en un texto equivalente a medio tuit, focalizado en tres ideas: “la inflación hace crecer la recaudación fiscal” y “genera una recaudación adicional”, por lo tanto “es necesario devolver esta sobre recaudación” .
En paralelo los portavoces del partido conservador en el congreso y en la calle intentan fijar otro mensaje igualmente populista y de trileros políticos: Con textos de tuits como: “el gobierno se forra” o “Sánchez se queda los euros del impuesto sobre la gasolina” además de faltar a la verdad, se induce intencionadamente a equivocas interpretaciones. La oposición conservadora debería dejar de despreciar a los ciudadanos, no todos están perpetuamente distraídos, haciendo “zaping”, pero el gobierno debe hacer un esfuerzo adicional de pedagogía política para explicar en que se usa la recaudación fiscal.
Para empezar la recaudación adicional solo existe en el imaginario del redactor del tuit, pero el texto del tuit no explica que los impuestos sirven para financiar gasto por prestaciones y servicios públicos también afectados por la inflación de precios. No explica que es necesario hacer frente a un incremento de gasto sin precedentes, consecuencia, entre otras, del rescate de los ciudadanos y de la economía a causa de los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y del aumento de los tipos de interés.
El Gobierno debería explicar tantas veces como sea necesario, incluso hasta el aburrimiento qué costes suponen para las administraciones públicas y desde los servicios públicos hacerse análisis de sangre, tacs, radiografías, ecografías, operaciones diversas –simples y complejas–, hospitalizaciones, asistencias domiciliarias; o el coste para formar graduados y especialistas universitarios en los diferentes campos del conocimiento, por poner unos ejemplos ilustrativos al respecto. Saber esto –y que quizás esto mismo se comunicara a los usuarios cuando utilizan esos servicios– permitiría hacer más porosa la recaudación tributaria: saber hacia dónde van los recursos, que no es precisamente a los bolsillos del gobierno y de su presidente en particular como insinúan de forma malévola los portavoces de la derecha en el Congreso y en las ruedas de prensa.
Cuando políticos conservadores dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa, formulada para un consumo electoralista.
Conviene recordar que las bajadas de impuestos no estimulan, mecánicamente, el crecimiento de la economía; es más: pueden ralentizarlo y des-dotar de capital esencial a la economía pública para hacer frente a retos inherentes tras episodios recesivos. Quienes propongan reducir la tributación deben explicar qué partidas presupuestarias piensan ajustar para cuadrar ingresos y gastos, máxime cuando Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: del más rico, del formado por clase media y trabajadora, y del más vulnerable
La última propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para bajar el IVA, así como por la carrera de dirigentes regionales populares para recortar impuestos a los ricos, como es el caso de Madrid y Andalucía mas parece una cortina de humo para ocultar el proceso iniciado de desmantelamiento del estado de bienestar en las comunidades autónomas que gobiernan.
Una vez más en esta carrera y en su obsesión por desprestigiar en Europa las iniciativas del Gobierno de España el partido Popular ha buscado el apoyo de la Comisión europea y una vez más como en el caso de los impuestos a las grandes energéticas o el impuesto a los bancos la comisión europea a desautorizado el mensaje del PP.
Las diferentes voces autorizadas de la autoridad fiscal europea contradicen y ponen en evidencia las propuestas de rebajas de impuestos generalizadas que propone el Partido Popular, como ejemplo dos intervenciones de los últimos días :
La respuesta del Comisario Gentiloni, además, a la eurodiputada del PP Isabel Benjumea es claro y concluyente: “En un contexto de emergencia, hay que tener cuidado con la reducción de los impuestos al consumo, porque hay que apoyar la transición energética, la transición climática, y puede ser más útil apoyar a las familias y empresas vulnerables que reducir el IVA o los impuestos al consumo. Pedimos que no reduzcan solo el IVA, porque podemos apoyar de forma diferente sin socavar la transición climática”.
O la intervención del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, que ha hecho una llamada este martes a los gobiernos europeos a subir impuestos a los más ricos y a las compañías más adineradas, en el primer mensaje sobre política fiscal que ha emitido la institución desde que comenzó la crisis de la inflación, asegura que es imprescindible «financiar los programas asistenciales a los más vulnerables (…) bien a través de impuestos a quienes más ganan o bien a las industrias y firmas más rentables”
Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, plantear un impuesto especial para los beneficios extraordinario de las industrias energéticas y los bancos, creando un nuevo impuesto de “solidaridad” para los patrimonios de más de 3 millones de euros, modificando un cambio para el IRPF de rentas de capital, aumentando el gravamen a los rendimientos de las rentas más altas por sus inversiones, en paralelo se rebaja la imposición del IRPF para las rentas medias y bajas, ayudando así a las economías más perjudicadas por la crisis; en cuanto el Impuesto de Sociedades el Ejecutivo rebaja el tipo del impuesto para las micropymes, al mismo tiempo que se crea un cambio para que las grandes empresas paguen más Sociedades durante el próximo año.
Con estas medidas el Gobierno prevee un aumento de recaudación de 3.100 millones para los próximos dos años, pero no para que Sánchez y el gobierno “se forren” sino para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos de calidad que la ciudadanía necesita.
Redundando en todo lo anterior el debate de los impuestos debe ser riguroso, no electoralista y no puede resumirse en un tuit ocurrente y malintencionado, hay que tener en cuenta :
- Hacia dónde se dirigen los impuestos. En el caso de las crisis económicas más próximas, la de la COVID y la de la guerra en Ucrania, las capacidades tributarias de los Estados, han supuesto –y están suponiendo– encarar los problemas socioeconómicos de una forma mucho más solvente que en crisis anteriores (ayudas, compras de vacunas, programas de inversión pública y estímulos patentes en la inversión privada.
- Gracias a éstos, es posible disponer de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que, con todos los defectos y errores, son transcendentales para el bienestar del grueso de la población
El debate sobre las rebajas de impuestos va a estar en el epicentro del debate político. Es crucial armarse de datos, de argumentos, de teoría económica solvente, para contrarrestar el alud de informaciones sesgadas y/o tergiversadas que se irán exponiendo, desde un populismo económico y fuertemente ideologizado, exento de todo rigor.
Hay que rehuir de relatos simplistas y populistas, y aferrarse al análisis económico: para derruir los catecismos dogmáticos.
