Plataforma Sí a la Tierra Viva.- Este mes de marzo el geólogo Enrique Ortega Gironés ha publicado un artículo de opinión en miciudadreal.es donde critica lo que él denomina como oposición ecologista basada en exageraciones y falsedades. Si bien el autor intenta aportar su particular enfoque sobre composiciones mineralógicas y niveles radiológicos para aportar sustancia a sus afirmaciones, su análisis peca de reduccionismo y omite aspectos cruciales que desmienten su narrativa optimista. Porque lejos de ser un «ecologismo falsario» de los por cierto, miles de agricultores que se oponen en la provincia a los proyectos de tierras raras de Quantum Minería en Ciudad Real, lo cierto es que las preocupaciones de la ciudadanía, decenas de colectivos sociales de todos los ámbitos y los ayuntamientos afectados están fundamentadas en experiencias científicas y globales que, pese a quien pese, han de ser consideradas.

Ortega sostiene que el temor a la radioactividad de la monacita en Matamulas es infundado, argumentando que se trata de monacita gris, con niveles bajos de torio y uranio frente a la monacita amarilla, que es mucho más radioactiva. Si bien es cierto que la monacita gris tiene menor contenido de elementos radioactivos, esto no elimina el riesgo ambiental ni mucho menos el sanitario, sobre todo cuando el propio Consejo de Seguridad Nuclear ha indicado en su documentación sobre los proyectos de Quantum en su fase de explotación «que estos son susceptibles de provocar un impacto radiológico sobre los trabajadores, el público y el medioambiente», algo que una y otra vez confirman estudios internacionales como el publicado en 2024 en la prestigiosa revista Biology, que demuestran que incluso a bajas concentraciones, las tierras raras pueden acumularse en los tejidos humanos afectando el sistema nervioso, especialmente en niños y adolescentes. Es por ello que la exposición prolongada a estos elementos, aunque sea en los niveles «inapreciables» que Ortega falsea, tiene efectos documentados que no pueden ignorarse bajo el pretexto de una composición mineralógica específica.

Lo peor es que el artículo de Enrique Ortega intenta minimizar los impactos más allá de la radioactividad, olvidando que la minería de tierras raras, teniendo en cuenta todas sus fases, implica movimientos masivos de tierra, uso intensivo del agua y generación de gran cantidad de residuos tóxicos. En Ciudad Real, donde la economía rural depende en gran medida del sector agroalimentario, Quantum Minería amenaza con alterar el suelo y los recursos hídricos, algo que, por cierto, le valió a la mercantil la denegación de la autorización ambiental por parte de la Junta de Castilla-La Mancha en una decisión ratificada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Otro punto cuestionable es la acusación de «mentira» del eslogan «No a la mina, sí a la vida», que este ínclito autor, cual geólogo radioactivo, tilda de efectista y falso, sugiriendo que minería industrial a gran escala y vida son compatibles algo que, sin embargo, contradicen incontables -y sufridas- experiencias globales. En China, que produce la mayor cantidad de las tierras raras mundiales, las explotaciones han dejado suelos altamente contaminados, aguas inutilizables y comunidades desplazadas. En Baotou, por ejemplo, los residuos radioactivos y químicos han convertido áreas enteras en zonas inhabitables. Y aunque Matamulas no sea Baotou, la idea de que la minería de tierras raras es intrínsecamente sostenible choca con la realidad de un proceso que, por su naturaleza, genera desechos e impactos muy difíciles de gestionar. Porque no se trata sólo de la China roja y comunista, sino que los puntos de roce con comunidades de todo el mundo ha sido la norma de esta actividad extractiva, como bien ha denunciado en sus investigaciones el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA-UAB) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

TODO ES CASUALIDAD (O NO)

Casualmente, sin embargo, Ortega pasa por alto la falta de transparencia y las irregularidades cometidas por Quantum Minería. Quizás no sepa que en diciembre de 2024, la Guardia Civil denunció a la empresa por buscar tierras raras sin autorización en Torrenueva, hecho que revela una actitud especulativa y poco respetuosa con la normativa y quienes viven en la zona. Este incidente, último de una larga lista de amenazas, insidias y presiones, junto con el rechazo unánime de ayuntamientos, cooperativas agroalimentarias y miles de ciudadanas y ciudadanos, desmiente la idea de que la oposición es «mera histeria ecologista». Más bien, al contrario, refleja la legítima defensa de un modelo de vida que no necesita ser sacrificado por promesas de desarrollo que únicamente buscan enriquecer a especuladores. 

Llama la atención que el deficiente artículo perpetrado por este geólogo, que no ingeniero de minas, coincida con el informe publicado junto con expertos de tres reputadas universidades como son la de Huelva, la de Sevilla y la Pablo de Olavide por la Fundación Nueva Cultura del Agua, que examina en detalle los efectos provocados por la minería metálica en Andalucía Occidental, proporcionando un inestimable marco crítico para evaluar proyectos como los de Ciudad Real.

En este sentido una de sus conclusiones clave es que la contaminación por drenaje ácido de minas (DAM) genera impactos ambientales de largo alcance, y es así como ríos como el Tinto y Odiel han venido transportando metales pesados como el arsénico (As) y el plomo (Pb) durante siglos. Esta contaminación, que afecta desde el golfo de Cádiz hasta el Mediterráneo, está poniendo en riesgo ecosistemas como Doñana y recursos hídricos esenciales.

El caso de la mina Cobre las Cruces ilustra cómo la minería moderna no logra mitigar estos daños pues pese a tecnologías como el denominado Sistema de Drenaje y Reinyección, ha sobreexplotado y contaminado el acuífero Niebla-Posadas con arsénico, enfrentando además denuncias de la Fiscalía y sanciones judiciales. El caso es tan grave, que la fase subterránea que la empresa pretende llevar a cabo triplicará los vertidos de metales pesados al Guadalquivir, evidenciando que las promesas de «sostenibilidad» y «responsabilidad» minera no sólo son insuficientes, sino directamente falsas.

El embalse de Alcolea es otro ejemplo destacado que refleja la inviabilidad de proyectos que ignoran la contaminación minera pues las aguas del río Odiel, con un pH inferior a 4 y altas concentraciones de metales, requieren tratamientos costosos de entre 18 y 30 millones de euros anuales que no están incluidos en el presupuesto, haciendo que semejante y demencial plan sea económica y ambientalmente insostenible. Esto resalta los riesgos de subestimar impactos en zonas agrícolas como Ciudad Real, donde la minería podría comprometer sin remedio recursos esenciales sin soluciones viables. 

Socialmente, además, el informe señala que los beneficios mineros se concentran en multinacionales, mientras que los costes recaen en la sociedad. Así, en Andalucía Occidental la contaminación del sector extractivo ha limitado la agricultura, la pesca y el abastecimiento, hipotecando el futuro de las comunidades. Este desequilibrio es relevante para Ciudad Real donde el sector agroalimentario podría sufrir un impacto similar contradiciendo una vez más la idea de que la minería es compatible con el tejido socioeconómico tradicional. Hay que tener presente que, históricamente, la minería en la Faja Pirítica Ibérica ha dejado un legado de devastación en suelos y ríos con secuelas irreversibles que persisten hoy.

El documento vincula la minería al planteamiento que algunos poderes tienen de la transición energética, pero advierte que intensificar la extracción perpetúa un modelo insostenible. Pero los expertos van mucho más allá, proponiendo reducir el consumo global y fomentar el reciclaje como alternativas, desafiando la narrativa falsaria de que la minería de tierras raras en Ciudad Real es una necesidad incuestionable para el desarrollo tecnológico, un argumento que carece de validez frente a los impactos documentados.

Finalmente, el texto valora las movilizaciones ciudadanas en Andalucía, como las de Salvemos el Guadalquivir, como respuestas legítimas a una amenaza real, no como alarmismo. Esto refuerza la oposición en Ciudad Real como una defensa informada, alineada con las conclusiones de que la minería a gran escala o megaminería, ya sea en Andalucía o en Castilla-La Mancha, genera costes ambientales, sanitarios y económicos que superan con creces a los hipotéticos beneficios que el sector extractivo se esfuerza una y otra vez en repetir. 

En conclusión, el artículo del geólogo Ortega simplifica el debate desde una órbita interesada y subestima riesgos. Es ridículo leer su comparación con la minería del oro en Asturias, de la que parece desconocer el desastre ambiental causado por esta actividad en el concejo de Belmonte de Miranda, que acumula sanciones por sus desmanes. Es por eso que la oposición a las tierras raras en Ciudad Real no tiene nada de alarmista, sino que es una respuesta razonada y fundamentada ante una amenaza para la salud de las comunidades, el medioambiente y la economía local. Lejos de ser un recurso salvador, la minería de tierras raras en el Campo de Montiel y otras comarcas afectadas podría convertirse en un costoso experimento de consecuencias irreversibles. Porque la verdadera falsedad de Ortega Gironés está en pretender que este proyecto es inofensivo sin abordar verdaderamente sus implicaciones.