El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que las comunidades autónomas puedan hacer uso del principio de autonomía financiera y no estar al albur de los vaivenes de la política de Madrid, y mayor transparencia en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida en Toledo, en la que ha informado tanto del desarrollo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha celebrado este lunes en Madrid, como de la posición mantenida por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
En este contexto, Ruiz Molina se ha referido a los dos temas que ha considerado de mayor transcendencia, y que se debatieron este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo una duración de cuatro horas. En primer lugar, se ha referido a la aprobación de los objetivos de estabilidad para los próximos años; y, en segundo lugar, a la información que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, trasladó en relación con la situación de la financiación de las comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha respalda la senda de estabilidad, aunque critica los retrasos del Estado
En relación con el primero de los asuntos, el consejero ha señalado la dificultad que supone para las comunidades autónomas debatir los objetivos de estabilidad a fecha de 17 de noviembre, así como no saber el incremento retributivo de los empleados públicos para este año y el que viene, en un momento en el que Castilla-La Mancha se encuentra en pleno proceso de tramitación presupuesto para 2026.
En estos términos, el consejero aparte de dejar clara la evidencia de que “algo no funciona bien”, si no se disponía de toda la información necesaria para elaborar los presupuestos de una comunidad autónoma, también ha señalado que lo que es bueno para el Gobierno nacional, en la medida que es el paso previo para la presentación de los PGE, es perjudicial para las comunidades autónomas porque “este retraso nos arrastra al resto de administraciones a que tengamos que elaborar los presupuestos como consideremos oportuno”.
En este sentido, Ruiz Molina ha hecho referencia a que se propuso un margen de déficit para las comunidades autónomas del 0,1 por ciento del PIB para los ejercicios de 2026-2028, ante lo cual Castilla-La Mancha “ha votado a favor de esa senda de déficit y dejamos a nuestro criterio utilizarlo o no”, pero dentro de ese equilibrio presupuestario que desde el Gobierno regional “nos hemos marcado para el próximo presupuesto”.
Un equilibrio que, según ha explicado se ha hecho por varias razones, la primera de ella porque cuando se elaboró el techo de gasto “se desconocía esta información”; la segunda razón, porque se consideraba que “dado el alto nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma era preferible fijarse como objetivo el no crecer en esta magnitud, teniendo en cuenta que con mayor endeudamiento tenemos que pagar más intereses y limitar nuestra capacidad de gasto en lo que más nos interesa que es el Estado de Bienestar en los próximos años”.
Y, por último, y como ha mencionado, por el desconocimiento de la retribución para los empleados públicos para 2025 y 2026, un margen que, desde el Ministerio de Hacienda, no “supieron responder, porque no dependía de su departamento”, una “evasión de la pregunta, que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es necesario conocer, para saber en qué márgenes nos movemos”.
En esta línea, Juan Alfonso Ruiz Molina también ha cuestionado que desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular se votara en contra de esta senda, “no lo entendí”, porque con independencia del margen que den a las comunidades autónomas, “es discrecional, se puede utilizar o no”. Por eso, “ese voto negativo del PP va más en la política de bloqueo, no es una postura pensada en los intereses generales de sus respectivas regiones”, ha dicho.
Más transparencia en la negociación del nuevo modelo de financiación
En cuanto al segundo punto al que se ha referido, y que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera se denominaba situación en la que se encontraba la financiación de las comunidades autónomas, el titular de Hacienda ha vuelto a hacer hincapié en que “no contábamos con ningún tipo de documentación”, salvo la información que recogían los medios de comunicación. Pese a ello, ha destacado un “aspecto positivo” que es que al fin el Gobierno central quien “va a liderar” el nuevo modelo de financiación autonómica.
En este sentido se ha referido a que, en días previos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda pidió una propuesta de financiación al PP, algo que según el consejero es “innecesario” porque cuando se habla de financiación “no estamos hablando de un tema de partidos, sino de territorios”; es más, ha añadido, “saben perfectamente que en el seno del PSOE tampoco tenemos una posición única, existen discrepancias y sobre todo desde Castilla-La Mancha, donde “no aceptamos el modelo singular de Cataluña”.
Por otro lado, ante la información que trasladó la ministra de que se iba a presentar un nuevo modelo de financiación en los próximos meses, el consejero de Hacienda ha explicado que no se dieron muchos detalles, pero sí que se hizo referencia a una serie de “principios inspiradores”, entre los que ha señalado, que este modelo era de aplicación a todas las comunidades autónomas de régimen común, incluida Cataluña, algo que según el consejero “no se corresponde con lo que conocemos a través de los medios”.
En este sentido ha aclarado, que esta discordancia se debe a que, “si es aplicable a todas, porque no se está hablando con todas, y se centran en un acuerdo que se escenificó en julio entre el Gobierno de la Nación con la Generalitat”, es decir que no se corresponde este modelo común con reuniones bilaterales. Y ha añadido, que en el caso de Castilla-La Mancha “no nos gustan los platos precocinados, porque si se va a aplicar a todas las comunidades, nos gustaría estar en los fogones”.
Un nuevo modelo con el que iban a existir más recursos para las comunidades autónomas, algo que “es obvio”, porque no se trata de que haya más recursos, al Gobierno regional lo que le interesa es saber “como ese mayor volumen de recursos se distribuye entre las regiones”. Además de respetar la multilateralidad y al mismo tiempo la bilateralidad, en referencia a Cataluña, ante lo cual, el consejero hablo de “incompatibilidad entre ambas”, porque “es imposible sorber y soplar a la vez”.
Y, por último, y así lo ha matizado Juan Alfonso Ruiz Molina en su intervención, en relación con la solidaridad interterritorial, ha querido matizar que no se puede hablar de este tipo de solidaridad porque de lo que se está hablando es de cómo se distribuye la riqueza nacional, “al servicio del interés general”, entre las comunidades para “prestar servicios fundamentales de nuestra competencia en condiciones de igualdad”. Y ha mostrado la “máxima colaboración del Ejecutivo autonómico”.
En cuanto al principio de igualdad en materia de financiación autonómica el consejero ha aclarado que “nos referimos a que todos los españoles tengan las mismas posibilidades de acceso a los servicios públicos fundamentales, con independencia de nuestra capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio”. Algo contrario a los privilegios que se pretenden para ninguna comunidad y que en reiteradas ocasiones ha mencionado el presidente García-Page de una manera “contundente y clara”. Y ha señalado que “no vamos a permitir el principio de ordinalidad, ya que es incompatible con los valores socialistas”.
Por último, ha cerrado indicando que “ante el escepticismo” de que esto salga adelante, seguiremos pidiendo un fondo transitorio de financiación que compense a las comunidades autónomas “que estamos objetivamente infrafinanciadas”.
