El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real viene reclamando desde hace meses la puesta en funcionamiento de este órgano de participación.

«Tras 15 años de olvido por parte del Partido Popular, el Grupo Socialista presentó en el Pleno del día 6 de abril una moción en la que solicitaba la convocatoria inmediata en ese mismo mes del Consejo para proceder en el seno del mismo a revisar sus estatutos. «Ante esta petición, y siguiendo una actuación a la que nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno, el PP presentó una contramoción en la que proponían ‘echar un vistazo a los Estatutos de otros Consejos y modificar los de Ciudad Real’, todo ello sin contar con el propio órgano. Transcurridos dos meses desde aquel Pleno, la responsable del área de Igualdad del Ayuntamiento, Sra. López, se ha dado cuenta de que debe convocar al Consejo si quiere modificar los estatutos como paso previo a su puesta en funcionamiento».

A juicio del Grupo Socialista, «su falta de seriedad es notoria y preocupante: no hace lo que se aprueba en los Plenos y pone en marcha aquello a lo que se opone, primero por desconocimiento y segundo porque para el equipo de Gobierno de la Rosa Romero todo lo que viene de la oposición es rechazable de plano».

La Portavoz del grupo de la oposición, Pilar Zamora, responsable a su vez del Área de Igualdad, manifiesta que en muchas ocasiones le resulta realmente difícil entender a la Sra. Helena López:  “Me resulta difícil entender su concepto de igualdad. Me resulta prácticamente imposible aceptar que una servidora pública reitere una y otra vez, sin ningún tipo de pudor que regenta una Concejalía, cuando se refiere a la concejalía o responde a preguntas sobre el área que tiene delegada”. «La actuación de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real demuestra que no se entera, entre  otras cosas, de lo que vota en los Plenos».

El Grupo Municipal Socialista exige a la señora López la convocatoria inmediata del Consejo Local de la Mujer y «que sea valiente y admita que en aquel Pleno no se enteró de lo que iba el asunto. Al final, se llevará a cabo lo solicitado por el Grupo Municipal Socialista en una moción que el Grupo Popular rechazó, como viene siendo costumbre en las propuestas de la oposición. Para el GMS la Igualdad es algo serio, prioritario y urgente. No la maría que tiene el equipo de gobierno, de la que se ocupa únicamente para recortar gastos».

Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real han desarticulado un grupo organizado dedicado al robo en la comarca de Montes Norte, si bien sus componentes estaban radicados en Malagón. En total, fruto de esta operación, se ha detenido a 7 personas, de las cuales a cinco se les imputan diferentes robos con fuerza y a las otras dos receptación, aprehendiéndose de numerosos efectos procedentes de más de 20 robos.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril, después de que se denunciara la sustracción de diversos objetos en viviendas, casas de campo y en el centro de día de mayores de Malagón.

Cada uno de los integrantes de la red delictiva desarticulada desarrollaba una misión específica: buscar el lugar idóneo para robar, vigilar durante el robo y sustraer los efectos, siendo comprados posteriormente por dos de los detenidos y distribuidos por estos a otras personas de la localidad.

Tras haber obtenido las pruebas suficientes que vinculaban a los investigados con los robos cometidos, el pasado 21 de junio, se estableció un amplio dispositivo, realizándose dos registros en los domicilios de los detenidos, que dieron como resultado la recuperación de objetos procedentes de su actividad delictiva.

DETENIDOS (7)
J.M.G., 21 años, F.J.P.S., 20 años, J.M.S.T., 32 años, C.M.G., 21 años, I.G., 24 años, F.M., de 31 años de edad y un menor, todos ellos vecinos de Malagón (Ciudad Real)

Material intervenido
Dos televisores, dos DVD, un TDT, una centralita de teléfonos, una cubertería, un taladro, un machete, un cuchillo, un gato hidráulico, dos radiales y dos discos de radial, un extintor de incendios, una motosierra y una cadena de motosierra, una cizalla, un medidor láser, un foco de pared halógeno, seis tijeras de podar, tres galones del ejercito de diferentes empleos, unos prismáticos, una tienda de campaña, dos chalecos reflectantes, una emisora de radio, un megáfono, siete llanas y cinco paletas de albañiles, un hacha, tres mazas, una cuña de hierro, una navaja multiuso,  una parrilla de asar, un reloj con forma de rueda, una cadena de música y altavoces, un paellero de butano, una tenaza de encofrador, cinco tijeras de podar, una escopeta de aire comprimido, tres cajas de herramientas así como numerosas herramientas.

Se ruega a todas aquellas personas que puedan haber sufrido un robo, que se pasen por el acuartelamiento de Malagón, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00, al objeto de poder identificar los objetos allí expuestos.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real.

Ya tenemos los ganadores de tres entradas dobles para ver en directo a Los Coronas, Josele Santiago, Putilatex, Amatria, Full Flavour, Sacramento y Sutil Kármico. Son los siguientes:

– Sergio Navarro Gil

– Raquel Patón Armeo

La respuesta a la pregunta ‘¿En que grupo tocan Eduardo Maldonado y Rafael Morales?’ era ‘THE WIFE AND THE HUSBAND’.

El sorteo se ha hecho este mediodía; podéis ver los detalles aquí.

ATENCIÓN: Los ganadores tenéis hasta este viernes a las 14h para confirmarnos vuestra asistencia y la de vuestro acompañante. Si por lo que sea no podéis ir, podéis renunciar a vuestra entrada y la sortearemos de nuevo.

Os recordamos que la organización de Explosión Local ha cambiado la hora de comienzo de los conciertos. Para que no coincidan con el partido de fútbol, los conciertos comenzarán a las 22:30h con las actuaciones de:

– Los Coronas

– Josele Santiago

– Putilatex

– Amatria

– Full Flavour

– Sacramento

– Sutil Kármico

Este sábado hay una nueva -e histórica- cita para ver música en directo en Ciudad Real. ¿Te la vas a perder?

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SEGUNDA PARTE. MICIUDADREAL.ES te ofrece un análisis de los comportamientos de las instituciones a la hora de restringir el derecho de reunión a los ciudadanos. También vamos a hablar de la desinformación de los ciudadanos –en grandísima parte provocada por la mala labor de los medios de comunicación- y os contamos dos casos prácticos de reuniones ciudadanas valientes y llevadas a cabo a sabiendas de su legitimidad.

Ya hemos visto que celebrar una reunión no necesita de ningún permiso, y que tampoco puede ser disuelta por no haberse realizado una comunicación previa. Pero, si a pesar de ello se sigue prohibiendo y desalojando algunas concentraciones que no incumplen la Constitución ni la Ley 9/1983, ¿a qué se debe la actitud dictatorial de las instituciones públicas o incluso de la Policía?

Manuel Maroto no quita responsabilidades a casi nadie: “Todo esto denota una fuerte inseguridad jurídica. La Policía no puede disolver una reunión o manifestación más que por orden expresa, motivada y debidamente comunicada, de la Subdelegación de Gobierno, y ello cuando se constate que existe peligro para personas o cosas. Por otra parte, hay una dejación de funciones por parte de la Subdelegación, como garante de los derechos de fundamentales de participación política: la Constitución y la Ley 9/83 imponen a la Subdelegación de Gobierno la obligación de proteger y garantizar el ejercicio pacífico del derecho de reunión y manifestación por parte de los ciudadanos, y éste no debería verse impedido por confusas y probablemente arbitrarias consideraciones burocráticas, y mucho menos por designios de funcionarios municipales que ni siquiera tienen competencia alguna en la materia. El artículo 514 del Código Penal, de hecho, establece penas de cárcel para aquellas personas que obstaculicen el legítimo ejercicio del derecho de manifestación”.

En cuanto a la práctica del Ayuntamiento de Ciudad Real, Maroto no se muestra demasiado sorprendido: “Este comportamiento denota lo que es una constante en la cultura política de esta corporación en particular y las administraciones locales en general: su total falta de respeto por los derechos de participación política de la ciudadanía, y su tendencia al empleo de la maquinaria burocrática para obstaculizar el ejercicio de esos derechos. Especialmente aberrante es la práctica, habitual en el Ayuntamiento, consistente en pretender cobrar tasas de diversa índole por el ejercicio de derechos como el de reunión. Me consta que a diversas organizaciones locales se les ha forzado a pagar, fundamentándose en cosas como la Ordenanza de Barracas y Puestos Ambulantes, por ejercer su derecho a la reunión y la manifestación. Aunque las cantidades suelen ser simbólicas, no deja de ser una demostración lamentable de ausencia de cultura democrática por parte de la administración”.

¿Hay forma de entender esto? “Es una actuación surrealista, que sólo se explica por una mezcla de desconocimiento de sus derechos por parte de los organizadores, y el afán recaudatorio y abusivo de los funcionarios municipales. Las organizaciones deberían saber que lo que tienen que hacer es comunicar los detalles de su acto de reivindicación a la Subdelegación de Gobierno con la debida antelación (10 días, o 24 horas por el procedimiento de urgencia), y una vez pasado ese trámite ejercer sin cortapisas su legítimo derecho, negándose a pasar por la humillación de realizar cualquier pago en concepto de tasas.

Un caso de valentía y conocimiento práctico en Ciudad Real: el Consejo Local de la Juventud
No obstante, y por suerte, existen los colectivos que se encuentran totalmente al tanto de sus derechos y que los ejercen con la valentía necesaria. Manuel Maroto nos recuerda dos casos que tuvieron lugar hace varios años en Ciudad Real: “Hay que reivindicar el valiente papel del Consejo Local de la Juventud en la lucha por la efectividad del derecho de reunión y manifestación en Ciudad Real. En 2004 y 2005, con Miguel Ángel Rodríguez Arias como presidente, se produjeron dos hechos relevantes a ese respecto: la protesta simbólica por el vergonzoso vallado de El Torreón, que consistió en levantar un muro de papel alrededor de todo el perímetro del Ayuntamiento, y la acampada reivindicativa en los jardines de El Prado. El primer evento, pese a los esfuerzos de las autoridades municipales y del por entonces alcalde, Gil Ortega, que mandaba faxes coléricos a la Subdelegación de Gobierno, no pudo ser prohibida, por haber sido comunicada previamente y ser el ejercicio legítimo de un derecho fundamental a la reunión, la manifestación y la protesta”.

No obstante, aunque se tenga la razón, las cosas no siempre acaban bien: “Pese a haberse cumplido el trámite de comunicación, la acampada en el Prado sí llegó a ser disuelta, y el Tribunal Superior de Castilla La Mancha dictaminó poco después que la orden gubernativa de disolución había sido infundada e ilegal, reconociendo el derecho a los organizadores a acampar en los jardines a modo de protesta. Ambos deben ser ejemplos a recordar para empoderar a la ciudadanía acerca de sus derechos y posibilidades legales de manifestación y protesta. Ha habido una regresión en ese sentido, en cuanto a la capacidad de la ciudadanía de organizarse y de esgrimir en defensa de sus intereses los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento”.

Tirón de orejas a los medios de comunicación por la desinformación
Maroto no duda en recalcar las graves confusiones que ha causado el desconocimiento de la Constitución y de la Ley 9/1983, sobre todo en los medios de comunicación, que nos hicimos eco (sin inmutarnos) de “las graves incorrecciones de las informaciones acerca del caso de UPyD, que afirmaban que la reunión se había disuelto por haberse denegado el ‘permiso’ por ‘silencio administrativo’”. Y es que “la prensa, por lo general por ignorancia y desconocimiento, ha contribuido a crear y difundir la idea de que para reunirse y manifestarse es necesaria una autorización administrativa. Periodistas y ciudadanía deberían darse cuenta de que esta creencia, que desincentiva fuertemente la movilización ciudadana directa y su capacidad de protesta por desinformar acerca de sus derechos a la misma, es un rasgo propio de regímenes autoritarios que no se da, o no debería darse, en nuestro ordenamiento, que ofrece posibilidades de participación que hay que ser capaces de aprovechar”.

PRIMERA PARTE DEL REPORTAJE. MICIUDADREAL.ES te demuestra por qué para convocar una concentración o manifestación al uso NO es necesario ningún tipo de permiso procedente, al contrario de lo que creen los colectivos ciudadanos y al contrario de lo que intentan hacernos ver las distintas instituciones políticas o incluso las diversas Fuerzas de Seguridad del Estado. Un gravísimo déficit de conocimiento del que también pecamos los medios de comunicación.

La última polémica tuvo lugar el pasado 18 de junio, cuando la Policía Local disolvía un acto público de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en la Plaza del Pilar. El motivo que dio la Policía es que los miembros de UPyD no tenían el permiso necesario para llevar a cabo ese acto. Pero lo peor no es eso. La Policía tenía razón en la falta de existencia de ese permiso, pero no es su carácter necesario. Pero lo peor sigue sin ser eso. Lo peor de todo es que UPyD se quejó de la actuación policial y del “silencio administrativo” del Ayuntamiento al no conceder los permisos. Los medios de comunicación también discutíamos sobre quién tenía la culpa de que no hubiese llegado ese permiso, cometiendo así un acto de desinformación. Lo que ni UpyD, ni los medios de comunicación, ni la mayoría de colectivos saben, es que para llevar a cabo este tipo de actos públicos NO es necesario ningún tipo de permiso.

MICIUDADREAL.ES, alertado por los comentarios dejados en nuestra web alertándonos del déficit democrático de muchos colectivos y avisándonos de los intolerables errores que estábamos cometiendo los medios, ha acudido a dos expertos en la materia para que nos expliquen las condiciones y reglas que rigen lo que, ante todo, es un derecho: la reunión. Para ello hemos hablado con Manuel Maroto, licenciado en Derecho y miembro en su momento de colectivos ciudadanos como el Consejoven o el Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real, y con Juan Carlos Gavara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro El sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

¿Qué dice la constitución?
Para empezar, el artículo 21 de la Constitución Española es bastante claro:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Juan Carlos Gavara nos comenta, además, que “para que se pueda hablar de reunión debe de haber  más de veinte personas [no es el caso del acto de UPyD]; según la regulación legal, con menos personas la regulación es de plena permisión”. La Ley Orgánica 9/1983 ofrece datos concretos al respecto:

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente [Subdelegación del Gobierno] por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
(…)
La autoridad gubernativa [Subdelegación del Gobierno] notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente de las previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable. El informe se referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.

Si la autoridad gubernativa [Subdelegación del Gobierno] considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de comunicación previa, Manuel Maroto nos concreta que “su no presentación no implica automáticamente que la Administración tenga la posibilidad de prohibir la reunión por falta de comunicación, ya que esta consecuencia la apareja expresamente la Constitución a la alteración del orden público con peligro para personas y bienes, y no toda reunión no comunicada produce dicha alteración”. Y en estas condiciones parece haber coincidencias con el incidente de UPyD: “La autoridad tiene obligación de proteger y favorecer el ejercicio del derecho de reunión, y debería haber hecho primar ese ejercicio frente al defecto puramente formal de no haber presentado la comunicación previa”.

¿Tienen competencias un Ayuntamiento, Diputación o Junta en este tipo de asuntos?
Sobre las competencias del Ayuntamiento, Juan Carlos Gavara  nos cuenta que éstas “son incidentales, la competencia es de la subdelegaciones del Gobierno, pero pueden solicitar un informe técnico a los ayuntamientos. Éstos pueden tener protocolos o normativas, que evidentemente regularán aspectos técnicos (calles por donde pasa escasamente una ambulancia o un coche de bomberos), pero que siempre se sitúan por debajo de la Constitución o de la ley o de la decisión de la Subdelegación.

Maroto nos lo deja claro: “Según la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, la única autoridad competente para prohibir una reunión es la Administración General del Estado, salvando el caso de las autoridades autonómicas cuando la comunidad tenga delegadas ‘competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana’, que no es el caso de Castilla La Mancha. Es decir, la única autoridad competente para prohibir una reunión en Ciudad Real es la Subdelegación de Gobierno. (…) La Subdelegación de Gobierno tiene que enviar al Ayuntamiento la comunicación previa (que no solicitud de autorización) de los organizadores, para que el Ayuntamiento le remita de vuelta, en un plazo de 24 horas, un informe sobre el ‘estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico’ (art. 9 Ley 9/1983)”.

Causas de desalojo o disolución de una reunión
La Ley 9/1983 deja claras las condiciones en las que una reunión puede ser disuelta:

1. Que la reunión constituya delito conforme al artículo 513 del Código penal, es decir, (a) que la reunión se convoque con el objetivo de cometer un delito, o que (b) concurran a ella personas que portan armas, explosivos u objetos contundentes.

2. Que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

3. Que se haga uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Es decir, que una reunión nunca podrá ser desalojada con el argumento de la inexistencia de un permiso ni de una comunicación previa. Sin embargo, Maroto nos cuenta que “el Tribunal Constitucional ha entendido en varias sentencias (especialmente en la STC núm. 36/1982, de 16 de junio) que la ausencia de comunicación previa permite a la autoridad gubernativa prohibir la reunión. Pero ésta es una posición polémica, que no refleja lo que establece la Constitución y la ley orgánica, esto es, que sólo se puede disolver una reunión cuando se constate que supone un peligro para personas o bienes. Aplicar de manera estrictamente formal y restrictiva el requisito de la comunicación previa para disolver reuniones pacíficas que no alteren el orden público, como entiendo que es el caso de la reunión convocada por UPyD, viola injustificadamente el derecho constitucional de reunión y manifestación. Más aun cuando, como entiendo que es también el caso, UPyD sí comunicó su intención de concentrarse, aunque lo hizo a la autoridad equivocada (el Ayuntamiento)”.

Para Maroto, estas consideraciones del Tribunal Constitucional tampoco dan vía libre a las subdelegaciones de Gobierno: “no sólo no pueden actuar de forma arbitraria en relación al ejercicio del derecho de reunión, sino que además se encuentra comprometida a su favorecimiento, y por tanto debía haber actuado conforme al principio favor libertatis, favoreciendo el ejercicio de la libertad y no permitiendo que se obstaculizara cuando no existía ninguna de las circunstancias materiales que lo justifican según la Constitución y la Ley de Derecho de Reunión”.

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ATENCIÓN: ESTE REPORTAJE NO ACABA AQUÍ. NO OS PERDÁIS LA EDICIÓN DE MAÑANA DE MICIUDADREAL.ES, EN LA QUE HABLAREMOS DEL LABOR DE LOS POLÍTICOS, LA POLICÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTANTE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN. TAMBIÉN OS PONDREMOS VARIOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DE COLECTIVOS DE CIUDAD REAL QUE HAN DEFENDIDO ESTE DERECHO.

Rosa Romero, Alcaldesa de Ciudad Real, y Rafael Spottorno, Director de la Fundación Caja Madrid, asistieron este viernes a la presentación y visita guiada en la Puerta de Toledo para conocer in situ los resultados de las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo con motivo de la restauración de este monumento. Los trabajos de excavación han corrido a cargo de un equipo dirigido por el arqueólogo Ildefonso Ramírez González y se han centrado en la excavación arqueológica en el perímetro de la Puerta de Toledo, en el interior del arco y en la azotea del monumento.

La intervención en este monumento y su entorno conlleva dos bloques de actuación. Por un lado, la restauración de la propia Puerta de Toledo que, como monumento más significativo de Ciudad Real, estaba aquejado de diversos problemas de conservación: principalmente humedades, degradación de la piedra, así como los efectos nocivos del tráfico rodado que la circunda. Por otro lado, la recuperación del entorno de la puerta, reordenando la circulación rodada hacia una nueva rotonda e incorporando el monumento a la ciudad mediante una gran área peatonal que permita el acceso y la visita al monumento. El ámbito total de la actuación abarca una superficie de aproximadamente 23.600 m2 que se extiende desde la Puerta de Toledo hasta la propia Plaza de España.

Con la conclusión, durante el mes de julio, de la excavación arqueológica y del estudio de materiales, se terminará de redactar el proyecto de restauración, y a continuación comenzará el proceso de adjudicación de las obras.  

La Fundación Caja Madrid ha instalado en el entorno del monumento unos paneles explicativos para que el público pueda conocer los valores intrínsecos del monumento, así como los trabajos que se están llevando a cabo. Esta actuación forma parte del  plan de comunicación y difusión que la Fundación pone en marcha en todos sus proyectos de restauración patrimonial.

El coste total de la intervención en la Puerta de Toledo y su entorno asciende a la cantidad  de 2.187.902 euros, de los cuales  Fundación Caja Madrid aportará la suma de 719.018, coste estimado de la restauración de la puerta. La cantidad restante, 1.468.884 euros, necesaria para la reordenación del tráfico y la adecuación de entorno del monumento, será aportada por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Excavación arqueológica en el perímetro de la Puerta de Toledo
La investigación arqueológica desarrollada hasta el momento ha permitido identificar la existencia de varios suelos empedrados localizados en la proyección del paso de la puerta y en los laterales correspondientes a los paños de muralla conservados. El cambio de cota entre el suelo central de la calzada y los laterales y las diferentes modalidades constructivas, indican varias fases históricas de remodelación del entorno extra muros de la Puerta. A la espera de encontrar en los documentos históricos de archivo posibles dataciones absolutas, la investigación de campo sigue apoyándose a la metodología arqueológica y a las relaciones de las unidades estratigráficas identificadas para realizar una secuencia cronológica (relativa o absoluta en el caso de presencia de material significativo) de todos los elementos excavados. El nivel de conservación de las unidades positivas (suelos empedrados) es parcial pero en buen estado en el lateral este y en la parte central, mientras en lado oeste solo se conserva el nivel de cal y grava que sirvió de preparación para la colocación de los cantos de cuarcita del empedrado.

Excavación arqueológica de la azotea de la Puerta
Se ha excavado manualmente el estrato de nivelación aportado durante los trabajos de solado de la parte superior de la Puerta. La remoción de dicho material nos ha permitido evidenciar la interfaz superior original del edificio y distinguir las intervenciones modernas en las coronaciones de los muros perimetrales del edificio. Lo mas destacable hasta el momento, es la presencia de cimentaciones con niveles de derrumbe de tejas y depósitos cenicientos que podrían interpretarse como estructuras para cuerpos de guardia. Es probable que hubiesen dos estructuras similares en ambos lados de la parte norte de la puerta. Sin embargo, en la esquina noroeste apenas se conservaba un nivel de tierra y carbones de poca potencia.

Estudio arqueológico de los paramentos del edificio
El estudio de los paramentos del edificio se efectúa a través del análisis de las relaciones físicas-estratigráficas de los elementos constructivos del monumento. Se trata de la aplicación del método arqueológico a los edificios históricos como herramienta para una interpretación diacrónica de los elementos constructivos. Como documentación de base para realizar el estudio y para poder en un segundo momento reflejar gráficamente los resultados, se está realizando un levantamiento de los paramentos del edificio con Estación Láser de medición sin prisma. Los datos de medición nos permiten eliminar o corregir las distorsiones fotográficas para poder obtener ortofotos referenciadas de las superficies planas del edificio. Se pretende mediante este trabajo obtener un mapa de los paramentos del monumento para poder identificar sus elementos constitutivos y sus unidades cronológicas. También se puede realizar mapas temáticos según materiales, secuencias cronológicas, estado del deterioro, marcas de canterías, etc.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Pilar Zamora, afirmaba ayer que el Plan de Ajuste Municipal recientemente presentado por la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, no es “ni valiente ni planificado” y ha afirmado que es fruto de “la nefasta gestión del Equipo de Gobierno”.

Pilar Zamora ha explicado que el Plan de Ajuste Municipal no es “valiente” porque el Equipo de Gobierno “está obligado a hacerlo por ley” debido al alto déficit acumulado estos dos últimos años.

Asimismo, Zamora ha señalado que la mayor partida que sufrirá recortes es el salario de los funcionarios municipales, decisión que ha adoptado el presidente del Gobierno de manera “responsable”.

A juicio de Pilar Zamora el Gobierno de España ha hecho dos grandes favores al Ayuntamiento de Ciudad Real, el primero, con 20 millones de euros del Plan E que ha servido para mejorar la ciudad, y ahora, con el recorte salarial de los funcionarios.

Además, para la portavoz del Grupo Municipal Socialista el plan debería haberse hecho antes de confeccionar los Presupuesto Municipales para el 2010.

Sobre los recortes, Pilar Zamora ha lamentado que el Equipo de Gobierno haya decidido eliminar la partida destinada a “obras urgentes”, y mantenga los directores generales del consistorio capitalina.

En este sentido, Zamora ha afirmado que el dinero que supone mantener los directores generales podría destinarse a las obras y ha subrayado que “Romero prefiere mantener los directores generales que hacer obras urgentes en la ciudad”.

La portavoz socialista también ha calificado de “falta de respeto” a los ciudadanos que la alcaldesa de Ciudad Real calificara de irrisorio el dinero que supone la eliminación de los directores generales.

Además, Zamora ha lamentado que se recorten partidas destinadas a Juventud y Cultura, “dos marías” que son siempre las primeras afectadas por los recortes presupuestarios y que son muy necesarias en la capital.

Asimismo, la portavoz socialista ha criticado que se anuncien recortes en los gastos de Protocolo y Alcaldía, cuando han subido de forma continúa desde el año 2007, y ahora bajan “un poquito”.

“El Plan de Ajuste Municipal ni es valiente ni planificado, es fruto de la mala gestión del Equipo de Gobierno”, ha aseverado Zamora.

La Diputación de Ciudad Real apoyará en el presente ejercicio al Pueblo Saharaui, en concreto a los habitantes de la wilaya de El Aaiún, ubicada en los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), con 210.000 euros en base al convenio anual que se viene renovando con el objetivo de contribuir a paliar la situación de necesidad extrema que padece este pueblo en pleno desierto.

La ayuda económica, que será gestionada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcázar de San Juan y Comarca «Farsia» contando como contraparte local con la Media Luna Roja, se destinará a la adquisición de alimentos básicos y lonas para la rehabilitación de haimas, así como cebada para contribuir al éxito del proyecto de cría camellar. En concreto, buena parte de la subvención se empleará en la compra de azúcar, harina, lentejas y aceite. Las lonas se destinarán a la rehabilitación de las haimas y la cebada a la alimentación de los camellos.

Con este acuerdo se logra, en opinión de De Lara, a mejorar las condiciones de vida en la wilaya, si es que se puede hablar de mejora, según ha dicho, porque viven en la más absoluta pobreza soportando temperaturas de 50 grados de día y muy bajas por la noche.

Se trata de una actuación que Abdelahe Mohamed, representante del Pueblo Saharaui en la provincia de Ciudad Real, también presente en el acto de firma del convenio junto al representante legal de Farsia, Antonio Fernández, y el vicepresidente Ángel Caballero, considera de primera necesidad, al igual que el mantenimiento de los viveros de camellos destinados a fortalecer la ganadería en la wilaya y la adquisición de alimentos, que serán consumidos, sobre todo, por la población infantil y el colectivo de mayores.

Vacaciones en paz
«Valoramos muy positivamente la solidaridad constante de la Diputación de Ciudad Real y se lo agradecemos al presidente, Nemesio de Lara, no sólo por su ayuda de carácter humanitario sino también por la implicación de la institución provincial en el programa de Vacaciones en Paz», ha señalado Abdelahe.

Recordemos, a este respecto, que la Diputación provincial subvenciona en su totalidad los gastos de desplazamiento de los niños y niñas saharauis que pasan el verano en la capital y provincia. De Lara y Abdelahe han hecho un nuevo llamamiento a las familias ciudadrealeñas para que sean solidarias con los menores que están dispuestos a venir con el programa «Vacaciones en Paz», ya que es la única oportunidad que tienen de salir del desierto en verano, cuando la vida en los campamentos es más dura, si cabe, debido a las altas temperaturas que se registran.

La  Asamblea General del Colegio Oficial de Farmacéuticos se celebró esta semana en su sede de la capital ciudadrealeña, en la que se trató el tema de liquidación de presupuestos y de la preocupación que embarga al sector por las medidas aprobadas por el Gobierno Central.

Presidida por el presidente Julián Creis Márquez, el secretario Félix García Lozano y la vicepresidenta y tesorera Gema García Guijarro, que fue quien dio cuenta en primer lugar de la liquidación del presupuesto 2009.

Igualmente, a petición de los asistentes, el presidente del COF Julián Creis pasó revista a cómo está la situación en el sector ante las  medidas aprobadas por el Gobierno Central, o decretos, que tendrán una repercusión directa sobre las farmacias más desfavorecidas de la provincia.

Se abrió un debate sobre la preocupación existente en el sector, y se estudiaron posibles medidas a tomar al respecto en el futuro, por considerar que “en lo que va de año la farmacia ha soportado varias bajadas de precio en los medicamentos y productos sanitarios, y necesitamos un marco de estabilidad, que, con este panorama, es imposible”, dijo Creis.

Los asistentes, más de 70 colegiados, estaban también inquietos por la viabilidad de una de cada tres farmacias, precisamente las que se encuentran en las zonas más aisladas y desfavorecidas, a las que les costará aguantar esta cascada continua de medidas.

Agentes del grupo de estupefacientes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ciudad Real han detenido, en la denominada operación “Muro”, a once personas que formaban parte de un grupo organizado de distribución de cocaína que actuaba en la capital, Piedrabuena y Daimiel, dándose por desarticulada esta organización, a la que también se le han incautado 100 gramos de cocaína, que habían recibido para, una vez mezclada, proceder a su venta. Los detenidos son ocho hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, residentes en la capital, Piedrabuena y Daimiel.

Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ciudad Real, se iniciaron en enero de este año gracias, una vez más, a la inestimable colaboración ciudadana, que puso a los agentes en la pista de un individuo, P. A. B., de 47 años,  que distribuía cocaína en Ciudad Real desde su domicilio. Éste, a su vez, se relacionaba con otras personas integrantes de la red, cuyo radio de actuación se extendía a las localidades vecinas de Piedrabuena y Daimiel. Los agentes lograron determinar que este grupo se abastecía de droga gracias a un grupo colombiano ubicado en Madrid.

En los registros realizados, los agentes se han incautado de 100 gramos de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, documentación relativa al tráfico ilícito de drogas, balanzas de precisión y teléfonos móviles que utilizaban para su actividad delictiva.
 
DETENIDOS.
Además de P. A. B., de 47 años, M. M. D., de 31; M. F. M. C., de 50 años; L. A. L. M., de 32; P. M. D. A., de 29; I. E. C., de 25 años; A. S. S., de 32; I. B., de 28 años; J. A. R. G., de 20 y M. C. R., de 34 años.

El diputado regional y secretario provincial del PP de Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, ha llevado hoy al Pleno de las Cortes regionales el escándalo de la Fundación Virtus, con el objetivo que poder esclarecer algunos de los asuntos que impiden conocer qué ha pasado, dónde están y quiénes son los responsables del agujero de cerca de 4 millones de euros que tiene la hasta hace unas semanas empresa pública de la Junta.

«Una empresa que el propio José María Barreda apadrinó, que contaba con tres consejeras de la Junta como patronas y a la que tuvieron que rescatar el pasado mes de febrero con 2,2 millones de euros de todos los castellano manchegos para poder hacer frente a las deudas inmediatas», recordó Lucas-Torres. «Los socialistas, que se han negado en reiteradas ocasiones a crear una comisión de investigación en las Cortes regionales para conocer la realidad del tema, tal y como ha solicitado el PP, han abandonado Virtus sin asumir su responsabilidad y sin explicar qué ha pasado».

El PP, ha anunciado el dirigente político, seguirá trabajando hasta que los castellano manchegos conozcan la verdad, puesto que, a su juicio, “no se puede tolerar que los socialistas que nos gobiernan sigan ocultando qué es lo que se hace con el dinero de nuestros de impuestos y se juegue con el futuro de nuestros jóvenes, poniendo en peligro su formación, como ha ocurrido en la Fundación Virtus”.

Lucas-Torres preguntó “por qué permitió el Gobierno de Barreda la renovación y adjudicación directa cada dos años del contrato con la empresa Indra Sistemas S.A, para la gestión del CETIC hasta 2008”, así como si puso la Junta algún reparo al respecto, habida cuenta de que las consejeras de Industria, Empleo y Educación eran patronas de Virtus, “hasta que saltara el escándalo y abandonaran el barco sin dar explicaciones”.

El presidente del sindicato CSI·F en Castilla-La Mancha, Juan Pinilla, anunciaba ayer en Ciudad Real que su sindicato va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, a nivel nacional y autonómico, contra “el decretazo”  del Gobierno de Zapatero. Pinilla  ha asistido a la manifestación que CSI·F ha realizado esta tarde por el centro de Ciudad Real, desde las 19 a las 20,45 horas, a la que han asistido más de 500 afiliados, muchos de ellos vecinos de numerosos pueblos y que ha finalizado ante la Subdelegación del Gobierno con gritos de “Zapatero Dimisión”.

La manifestación partió de la Plaza del Pilar y en la cercana Subdelegación del Gobierno paró para que la presidenta provincial del sindicato, Amparo Díaz, tomase  la palabra y dijese que “estamos aquí para denunciar el despilfarro de las administraciones y los recortes salariales de los empleados públicos”. Tras ella, Eugenio Retamosa, portavoz autonómico de CSI·F, dijo que “estamos ante el mayor recorte social de la democracia”, denunció el paro del 23% de Ciudad Real mientras los altos cargos de la Junta se han subido los sueldos sabiendo que venía la crisis y los empleados públicos no dejan de perder poder adquisitivo.

Retamosa advirtió a los cientos de asistentes que hay que movilizarse “porque estamos ante otros recortes que van a venir y vamos a pagar los mismos”.

La manifestación, que ha contado con la sonora y vistosa presencia de una “batukada” y del Circo  Culipardo, ha recorrido las calles Carlos Vázquez, Paloma-   con parada, pitos y cánticos contra la Junta de Comunidades ante su Delegación- Cruz, Plaza Mayor y de nuevo  Subdelegación del Gobierno, en donde ha finalizado casi dos horas después de comenzar.