De nuevo una concentración reivindicativa se ha alineado bajo el edificio consistorial de Ciudad Real para reclamar justicia, el fin de la masacre y reparación.
Pero la tarde ha sido especial ya que a los gritos contra el genocidio sionista se ha unido un nuevo país, Sudán, que también tiene una larga historia de atentados contra los derechos humanos.
Se han leído dos estremecedores comunicados. Una vez mas denunciando al gobierno sionista, criticando duramente la pasividad internacional relatado en el Informe Francesca Albanese y otro, en el que se ha descrito la hecatombe y crisis humanitaria que vive el país africano de Sudán.
Desde 2023, Sudán vive en una guerra civil que ha provocado una de las peores crisis humanitarias y la mayor crisis de desplazamiento infantil del mundo, la hambruna se expande por todo el país y se estima que 16 millones de niños y niñas en Sudán necesitan ayuda humanitaria urgente.
El Fasher, ciudad de la región de Darfur, fue tomada la semana pasada por las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha provocado una nueva oleada de ataques por motivos étnicos efectuados contra comunidades masalit y de otras etnias en Darfur. También ha desencadenado escalofriantes asesinatos de represalia en todo el país, cometidos tanto por la Fuerzas de Apoyo Rápido como por las Fuerzas Armadas de Sudán.
La ONU ha declarado la hambruna en esta ciudad y alrededor de 130.000 niños y niñas permanecen atrapadas. Hay casos de niños, niñas y mujeres que están muriendo por malnutrición. La situación puede empeorar en las próximas semanas o meses, con más personas que podrían morir por no tener acceso comida.
La terrible situación a la que muchas personas en Sudán se ven forzadas para sobrevivir no es inevitable. La comunidad internacional puede tomar medidas para garantizar la protección de la población civil y que ésta no siga sufriendo las peores consecuencias de este conflicto.
Del informe Francesca Albanese, relatora especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre la situación de los territorios palestinos ocupados, titulado GAZA GENOCIDE: A COLLECTIVE CRIME de 20 de octubre de 2025.
El informe identifica una serie de violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte del Estado de Israel en Gaza, con la complicidad de terceros Estados, que de forma diplomática, militar, económica o “humanitaria” contribuyen directa o indirectamente al mantenimiento del sistema que permite dichas violaciones. En ese sentido, la autora llama la atención sobre la necesidad de que tanto Israel como los Estados que lo asisten rindan cuentas.
Albanese argumenta que ciertos actos cometidos en Gaza se encuadrarían como genocidio: asesinato o daño grave a miembros de un grupo, imposición de condiciones de vida destinadas a su destrucción, etc. Expone que la escala, intensidad y sistematicidad de las operaciones militares israelíes, unidas al bloqueo, la destrucción de infraestructura esencial, y la denegación de acceso a ayuda humanitaria, indican intención de destruir —total o parcialmente— el grupo palestino en Gaza.
Un eje central del informe es el papel de los llamados Estados terceros, que han proporcionado ayuda militar, diplomática, económica y “humanitaria” al conjunto del sistema israelí de ocupación y agresión en Gaza. El informe identifica que al menos 63 Estados han mantenido vínculos —armamentísticos, logísticos, diplomáticos— que permiten o facilitan la agresión en curso.
Estos vínculos incluyen: transferencias de armas, mantenimiento de relaciones diplomáticas que legitiman la ocupación, apoyo económico a empresas que suministran al aparato militar israelí, y canales de “ayuda humanitaria” que en realidad operan dentro del marco de la ocupación o refuerzan la estructura ocupante.
El informe sostiene que sin estos apoyos externos, la capacidad de Israel para mantener la actual ofensiva en Gaza sería seriamente limitada, por lo tanto la responsabilidad no es únicamente de Israel.
Un punto clave es cómo el informe describe la transformación de la economía de ocupación (control de territorios, colonización, bloqueos) hacia lo que denomina una economía de genocidio: destrucción premeditada de infraestructura civil (agua, electricidad, vivienda, hospitales), negación de medios de subsistencia, lo cual agrava el sufrimiento de la población civil y hace inhabitable el territorio.
Se documenta que esa destrucción afecta especialmente a personas vulnerables: mujeres, niños, personas mayores; y que un alto porcentaje de la población civil en Gaza está literalmente en condiciones de supervivencia bajo mínimos. Esta situación, unida a ataques indiscriminados, es considerada como parte del patrón que apunta a la destrucción del grupo palestino en sí.
El informe destaca cómo la narrativa oficial israelí categorizó colectivamente a la población de Gaza como “terrorista” o “apoyante del terrorismo”, lo que convierte a toda la población en blanco legítimo o “daño colateral”. Este mecanismo discursivo, argumenta, alimenta la impunidad y facilita la violencia masiva.
El informe concluye que lo que ocurre en Gaza es un crimen colectivo internacional que involucra no sólo al Estado israelí, sino a una red de Estados y actores que lo apoyan.
Y recomienda
Que los Estados suspendan toda cooperación militar, logística o de otro tipo con Israel, puesto que continúan facilitando violaciones del derecho internacional.
Que se imponga un embargo de armas hacia Israel, dadas sus responsabilidades en el conflicto y su falta de cumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia.
Que se cree o despliegue una fuerza internacional de protección para la población de Gaza y se garantice el acceso humanitario pleno, libre, seguro y sostenido.
Que se investiguen penalmente tanto a los responsables estatales israelíes como a los Estados terceros que han apoyado el sistema, así como a las empresas que facilitan la economía de la ocupación/genocidio.
Que se reexamine la membresía y legitimidad de Israel como Estado miembro de la ONU si no cumple con sus obligaciones conforme a la Carta de las Naciones Unidas, en particular el Artículo 6 que permite suspensión en caso de infracción grave del orden internacional.
El informe subraya que si la comunidad internacional no actúa de forma decidida —legislativa, diplomática, penal y económica— la situación seguirá escalando y la impunidad se consolidará.
Francesca Albanese advierte que el silencio y la inacción equivalen a complicidad.
