La dirección del Consorcio Provincial de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SCIS) ha mostrado su sorpresa por las manifestaciones y cifras difundidas por los representantes socialistas en la Asamblea del Consorcio respecto al presupuesto de 2026 en lo que respecta al capítulo de ingresos, ya que los datos oficiales de los últimos años demuestran que la Diputación Provincial está aportando por encima de lo establecido en los Estatutos, mientras que los ayuntamientos abonan menos de lo que les correspondería según los porcentajes vigentes.
Los Estatutos del Consorcio, aprobados bajo gobierno socialista en la Asamblea del 29 de octubre de 2019, establecen que la Diputación debe aportar un 58,22% de los ingresos. Sin embargo, para el ejercicio 2026, su aportación real ascenderá al 64,63%. De hecho, desde el presupuesto de 2023, aprobado por el propio PSOE, con una aportación de 11.788.645,60 euros, se pasa a 13.853.463,62 euros en 2026, lo que supone un incremento del 17,5%.
“Este incremento demuestra el compromiso firme y real del actual Gobierno de la Diputación con el Consorcio y con los ayuntamientos. Mientras la institución provincial hace un esfuerzo adicional para garantizar la sostenibilidad del servicio, los municipios están contribuyendo con cantidades inferiores a las que marcan los Estatutos”, explica el presidente del SCIS, Julián Triguero.
En este sentido, hay que precisar que estos ayuntamientos aportarán en 2026 un total conjunto de 7.581.472,15 euros, frente a los 6.422.083,20 euros de 2023, lo que representa un incremento global del 15,2% en tres años. Este incremento no se aplica de forma individual a cada municipio, sino que se reparte entre todos los consistorios conforme a su porcentaje de participación, por lo que sería un error grave entender y afirmar que se haya subido un 15% a cada municipio.
El incremento medio anual previsto para 2026 es del 4,2% -lineal e igual para los cinco ayuntamientos que aportan-, un porcentaje moderado y justificado por la necesidad de atender las inversiones previstas y el encarecimiento general de suministros y servicios. Y aun así, hay municipios que con los Estatutos en la mano están ahorrando más de un 15% gracias al esfuerzo adicional que asume la Diputación. Por ejemplo, un parque que en 2026 aportará 1.058.890,76 euros debería contribuir con 205.776,35 euros más si se aplicara estrictamente la fórmula estatutaria.
Con las cifras oficiales en la mano, la dirección del SCIS considera “falsa e injustificada” la afirmación del PSOE de que “se vuelve a cargar el peso del servicio sobre los ayuntamientos”, cuando los datos demuestran exactamente lo contrario: la Diputación asume un esfuerzo económico mayor, mientras que los municipios pagan por debajo de su aportación teórica, beneficiándose de la cobertura financiera provincial.
El presidente, Julián Triguero, matiza además que las declaraciones del PSOE “son el mejor ejemplo de que sus datos carecen de credibilidad y de que su oposición es meramente destructiva hacia quienes gestionamos el Consorcio. No están preocupados por mejorar el servicio ni por la calidad de vida de los ciudadanos, que es para lo que estamos los servidores públicos”.
Respecto a la afirmación socialista de que el presupuesto fue retirado “por graves errores”, desde el SCIS se recuerda que simplemente se dejó sobre la mesa para corregir un error técnico en las aportaciones municipales, un ajuste que no afectaba al montante total del presupuesto ni a ninguno de sus capítulos de gasto, y que fue subsanado en la siguiente sesión del Consejo de Administración.
Desde la dirección del Consorcio se defiende que el presupuesto se ha elaborado con rigor técnico, transparencia y responsabilidad. “Nuestra prioridad es garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio público, y hacerlo con equidad entre administraciones, en base a criterios técnicos y no políticos”, subraya el presidente.
Asimismo, Triguero lamenta profundamente tener que salir una y otra vez a los medios de comunicación para desmentir informaciones erróneas o tergiversadas, y espera que esta no sea la tónica general a partir de ahora. “Las cuentas del Consorcio son públicas, se aprueban en los órganos colegiados con representación de todos los municipios y se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por tanto, cualquier interesado puede contrastar los datos con total transparencia. Lo que no se puede hacer es manipularlos con fines políticos ni confundir a los ayuntamientos y a la ciudadanía”, concluye.
