Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido, en el segundo punto del orden del día, sobre el Canon de la Directiva Marco del Agua en Castilla-La Mancha, que desde el Grupo Parlamentario Vox han solicitado suprimir, mientras que el PP ha pedido una moratoria para los ayuntamientos y el PSOE ha defendido que «es de obligado cumplimiento y no se puede eludir».
El diputado de Vox José Cobo ha comenzado el debate para señalar que el llamado canon del agua es «un impuestazo». «Es un impuesto real, indirecto, de finalidad extrafiscal y no se trata de un impuesto por un servicio recibido, sino una figura fiscal que graba el consumo de agua con un supuesto objetivo de modificar un comportamiento lesivo del ciudadano en el uso de este recurso».
Así, se ha preguntado si puede considerarse lesivo el uso doméstico que hacen de manera responsable los hogares o penalizar el consumo básico en un contexto de inflación, para responder que el canon «es una pérdida de poder adquisitivo y un aumento de los costes energéticos y del nivel de vida que convierte al ciudadano en responsable último de los fallos estructurales del sistema de gestión de agua de Castilla-La Mancha», de la que ha responsabilizado tanto a PSOE como a PP.
«En lugar de resolver las deficiencias de inversión en infraestructuras se traslada el coste al contribuyente bajo la apariencia de un tributo medioambiental de exigencia obligada, cuando no es así. Ustedes no tratan de incentivar conductas sostenibles, sino de obtener ingresos adicionales», ha subrayado.
En este sentido, el parlamentario de Vox ha reiterado que ‘populares’ y socialistas «son responsables de esta situación» y que «solo» Vox «se mantiene firme y con las ideas claras». «Este impuesto es injusto y debe dejar de aplicarse de manera inmediata», ha dicho, para agregar, dirigiéndose a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que «el que contamina paga».
La resolución de Vox, que ha sido rechazada, pide a las Cortes de Castilla-La Mancha que insten al Gobierno regional a la eliminación del canon del agua «de manera inmediata» en la región «por su perjuicio para las familias y negocios».
CUESTIÓN «PROFUNDAMENTE SOCIAL, ECONÓMICA Y MORAL»
Desde el PP, el diputado Santiago Lucas Torres ha indicado que el canon, «lejos de ser una cuestión técnica, es una cuestión profundamente social, económica y moral». «Un canon que se disfraza de verde, de medioambiental, de sostenible, pero que en realidad lo es un sablazo fiscal a las familias, a los autónomos, a las empresas y especialmente a nuestros ayuntamientos».
Bajo su punto de vista, se trata de una «decisión política recaudatoria, improvisada y sin diálogo» con los municipios que, según ha añadido, llega «en el peor momento posible» con una crisis de precios, la inflación «disparada» y miles de familias y negocios «intentando simplemente llegar a final de mes».
Ha rechazado el argumento del Gobierno regional y del PSOE de que viene impuesto desde la Unión Europea para afirmar que «nadie» en Europa exigía aplicar un impuesto como este, «con esta estructura ni esta agresividad». «De hecho, comunidades como Madrid y Murcia no lo cobran y son tan europeas como nuestra región. Ni la Unión Europea ni lo impone, ni Bruselas les ha pedido jamás que castiguen a los ayuntamientos por las fugas de sus redes en el agua».
También ha criticado el «desastre» en la gestión del canon desde la Consejería de Hacienda, para afirmar que los modelos tributarios 46 y 050 son «un laberinto burocrático» y los ayuntamientos y empresas no entienden cómo autoliquidarlos. «La propia Consejería no es capaz de dar explicaciones al procedimiento y han solicitado una asistencia técnica por 1,2 millones de euros a empresas sin experiencia acreditada».
Por todo ello, el PP pide en su resolución, que ha sido rechazada, una «paralización inmediata» del canon del agua o, de lo contrario, una moratoria de cinco años «como mínimo» para que los ayuntamientos no tengan que pagar el canon del agua por las fugas de sus redes de baja y la creación de un fondo específico, finalista y plurianual, gestionado con criterios objetivos y técnicos para la renovación de las redes municipales de agua.
UN DEBATE «INCOHERENTE»
El diputado Álvaro Toconar ha defendido la postura del PSOE para comenzar reprender al PP por llevar a las Cortes debates «incoherentes» y afirmar que «miente» no sólo a la ciudadanía sino a sus propios alcaldes al pedir ahora una moratoria. «Manda –el presidente regional del PP, Paco Núñez– a todos los alcaldes del PP a que se maten en la puerta de Fuensalida a hacer el ridículo y 13 días antes él ya había presentado una propuesta para pedir una moratoria».
Ha defendido así que es una tasa que viene de una Directiva Marco del Agua que es «de obligatorio cumplimiento y no se puede eludir». «Ustedes –ha dicho al PP– como partido serio que son, deberían saber que si no se cumplen las obligaciones fiscales que exige la Unión Europea, no solo es que haya sanciones, sino que se pueden perder fondos como los necesarios para hacer la tubería manchega o fondos Feader».
Por todo ello, ha pedido al PP que sea serio en el debate y le ha afeado que haya subido los impuestos en los ayuntamientos en los que gobierna preguntándose si a los ‘populares’ no les preocupan las familias que tienen que afrontar estos aumentos, que ha cifrado en hasta mil euros al año por servicios básicos.
La propuesta de resolución del PSOE, que ha sido aprobada, solicita a la Junta seguir invirtiendo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas, continuar desarrollando el canon del agua como instrumento financiero al servicio de la «gestión eficaz» del ciclo integral del agua y seguir aunando esfuerzos junto a ayuntamientos y diputaciones para que parte de los fondos obtenidos a través del canon contribuyan a reducir las pérdidas estructurales existentes en las redes municipales de agua.
LA MÁXIMA DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha cerrado el debate para señalar que se ha establecido este canon para seguir ayudando en la depuración de agua, «siguiendo la máxima que establece la Directiva Marco del Agua». Algo que ha dicho que tiene un coste no solo para tener agua «en cantidad y calidad» sino que también «cuando tenemos que devolver parte del agua que no utilizamos a los cauces».
Todo ello, ha proseguido, conlleva «una necesidad importante» de infraestructuras. Así, ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha no cobra a ningún ayuntamiento por las infraestructuras que le realiza, algo que solo sucede en esta región. «Castilla-La Mancha solo cobra el canon de depuración y el canon de aducción, que son los gastos de gestión», ha añadido.
Gómez ha hecho balance para afirmar que en los últimos diez años el Gobierno regional ha puesto a disposición de los municipios 959,5 millones de euros para crear infraestructuras hidráulicas. «También se han puesto en funcionamiento medidas, a través del Gobierno de España, para la mejora de las infraestructuras relacionadas con las pérdidas del agua en alta en materia de abastecimiento para municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que ha beneficiado a 90.000 habitantes de la comunidad autónoma de 144 municipios».
Finalmente, ha preguntado al presidente regional del PP cómo piensa acometer todas las infraestructuras que son necesarias en la región si deroga el canon del agua. «Yo no lo entiendo, por qué las cifras no cuadran. Si queremos pagar menos impuestos, pero queremos que el Gobierno de Castilla-La Mancha realice más infraestructura, pues ya me dirán ustedes a mí de dónde están esos árboles maravillosos que tienen dinero colgando de sus hojas y que podemos ir a recolectar. Porque yo desconozco completamente cómo se puede hacer. Eso es imposible».
