El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado este miércoles el convenio de colaboración con Cruz Roja para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética, una iniciativa que cumple 10 años apoyando a familias con dificultades para hacer frente a los suministros básicos en sus hogares.

Durante el acto de firma, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado el fortalecimiento de este programa dentro del Sistema de Protección Social de Castilla-La Mancha y ha recordado que, desde su puesta en marcha en 2016, ha permitido atender a 147.183 personas en la región (69.959 de ellas menores) y conceder 42.132 ayudas directas para evitar cortes de suministro y situaciones de vulnerabilidad energética.

El convenio, rubricado por la consejera y el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, pone en valor una década de colaboración institucional y el impacto de este plan en la protección de miles de familias vulnerables.

En el acto también han participado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; la presidenta provincial de Cruz Roja en Toledo, Rosa Almoguera; la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa María Quirós; y el coordinador autonómico de Cruz Roja, Jesús Rodríguez Ángel.

Durante su intervención, García Torijano ha señalado que estas ayudas permiten dar respuesta a situaciones urgentes en los hogares y ha recordado que “cuando hablamos de pobreza energética hablamos de familias que pueden mantener la luz encendida o la calefacción en invierno”.

Asimismo, ha explicado que esta prestación “se puso en marcha con la llegada del gobierno del presidente Page con el objetivo de reconstruir y acompañar a la ciudadanía en un momento en el que la Comunidad Autónoma estaba muy dañada”.

10 años de protección a las familias

La consejera ha destacado que el Plan Regional contra la Pobreza Energética se ha consolidado como una herramienta estable de apoyo a las familias vulnerables, gracias a su financiación garantizada y a la coordinación entre administraciones y entidades sociales. En este sentido, ha recordado que el programa ha permitido atender el 100 % de las demandas detectadas a través de los Servicios Sociales.

Solo en 2025 se han concedido 2.222 ayudas en el marco de este programa, “lo que demuestra que la prestación sigue siendo necesaria”. El plan cuenta con una dotación anual de 500.000 euros consignada en los Presupuestos de Castilla-La Mancha, lo que permite actuar con rapidez ante situaciones de dificultad económica que pueden derivar en cortes de suministro.

García Torijano también ha subrayado el impacto del programa en la infancia, destacando que cerca de 70.000 menores han sido protegidos a través de estas ayudas durante la última década y ha recordado que “se hizo en distintas líneas de acción y de trabajo para combatir la pobreza, un trabajo que llevamos haciendo a lo largo de estos 10 años y en el que estamos viendo cómo, poco a poco, porque no es fácil, se van revirtiendo esas situaciones”.

Convenio con Cruz Roja y coordinación con los Servicios Sociales

La renovación del convenio con Cruz Roja refuerza una colaboración institucional que ha demostrado su eficacia. A través de este acuerdo, la organización social participa en la gestión de las ayudas para garantizar que lleguen con rapidez a las familias que más lo necesitan.

En este sentido, la consejera ha destacado que “en materia de vulnerabilidad energética el tiempo es determinante” y ha añadido que “el sistema responde”, subrayando además que se trata de “un modelo eficaz y eficiente y queremos seguir manteniendo este modelo de colaboración” con Cruz Roja.

Un programa consolidado dentro del sistema de protección social

El Plan Regional contra la Pobreza Energética se ha consolidado como una prestación estable dentro de las políticas sociales de Castilla-La Mancha, basada en la planificación, la financiación garantizada y la colaboración con el Tercer Sector.

En este contexto, la consejera ha reconocido que la evolución del contexto internacional puede influir en la situación de muchas familias. “Ojalá no hiciera falta tener que resolver este tipo de ayudas, pero esperamos poder dar respuesta en un contexto internacional que todos sabemos que es muy inestable y que suele afectar especialmente a las personas más vulnerables. Por ello, estas ayudas quizás este año sean más necesarias que nunca y esperamos que sean suficientes para poder acompañar a nuestra ciudadanía”, ha afirmado.

Un total de 63 centros educativos y más de 6.600 alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha participan en un proyecto piloto para mejorar la competencia lectora desde edades tempranas. Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una visita que ha realizado, en la mañana de hoy, al IES ‘Federico García Lorca’ de la ciudad de Albacete.

En su intervención, Amador Pastor ha señalado ante los medios de comunicación que se trata de una experiencia piloto puesta en marcha en este curso escolar, la cual está dirigida a alumnado de cinco años de Segundo Ciclo de Infantil, primero de Primaria y Primero de Educación Secundaria.

Todos estos alumnos y alumnas están ubicados en 35 colegios y 38 institutos de la región. La iniciativa incluye pruebas de valoración del nivel lector, intervención personalizada, enseñanza de la lectoescritura basada en evidencia científica y acciones específicas de comprensión lectora en Secundaria.

El programa contempla, además, actuaciones preventivas, inclusivas y de apoyo a las familias, con talleres que, en el mes de febrero, han reunido a 310 familias de Infantil, Primaria y Secundaria.

Amador Pastor ha señalado que el pilotaje, denominado ‘Proyecto Lector’ e incluido dentro del Programa de Mejora de la Competencia Lectora (PMCL), pretende mejorar la competencia lectora del alumnado desde edades tempranas, reforzando la comprensión lectora y la lectoescritura para prevenir dificultades de aprendizaje y reducir el fracaso escolar, especialmente en los centros con mayor vulnerabilidad educativa.

“El Proyecto Lector nos está demostrando que evaluar la lectura desde edades tempranas permite detectar a tiempo las dificultades y ofrecer apoyo antes de que aparezcan problemas escolares mayores. Los datos revelan que un 25% del alumnado de 1º de Primaria y un 18% de 1º de ESO presentan riesgo lector, y que 653 estudiantes ya están recibiendo refuerzo específico. Además, la colaboración entre profesorado y familias resulta clave para mejorar la comprensión lectora y favorecer el éxito educativo.”, ha sentenciado Amador Pastor.

Precisamente, en relación con la formación del profesorado, el consejero ha explicado que se ha puesto en marcha un itinerario específico en competencia lectora dirigido a dotar a los docentes de herramientas y estrategias eficaces para la enseñanza de la lectura.

Destaca el ‘Curso Marco de Competencia Lectora’, que ha registrado 900 inscripciones, cuadruplicando la oferta inicial. Este itinerario formativo incluye la mejora de la competencia lingüística, la organización y gestión de bibliotecas escolares y el desarrollo del propio Proyecto Lector, además de programas de acompañamiento a los centros y elaboración de materiales didácticos.

 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido esta mañana en la reunión del Intergupo del Vino en el Comité de las Regiones, que se celebra en Bruselas, la incorporación de jóvenes al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. “En la incorporación de jóvenes y la mano de obra joven y la iniciativa empresarial en el sector del campo, nos jugamos que la demostración de que todo lo invertido hasta ahora es un éxito, pero también que el campo sigue siendo clave y estratégico en la economía de medio y largo plazo para Europa”. 

García-Page, que ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reconocido a este respecto que “en Castilla-La Mancha nos hemos aplicado a fondo en las políticas de incorporación de jóvenes. De hecho, Castilla-La Mancha supone ahora mismo cerca de la mitad de todos los jóvenes que se están incorporando en España al sector primario”.

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido que para mantener la soberanía alimentaria de los 27 y rentabilizar todo lo invertido en el sector primario, es necesaria la incorporación de jóvenes al campo. “Es absolutamente clave disponer de fondos económicos, nadie se debiera rasgar las vestiduras porque realmente hemos invertido muchísimos miles de millones de euros a lo largo de mucho tiempo para sostener el campo y para darle efectividad, para reestructurarlo y para adaptarlo.  Sería bastante triste si finalmente, y a la vuelta de varias generaciones, el campo se abandona y se abandona realmente por los propios europeos”, ha matizado.

García-Page ha retomado la reivindicación que ya hiciera ayer en el seno del Comité de las Regiones y es que el campo no puede ser la víctima indirecta o directa del esfuerzo que hay que hacer en este momento en seguridad, “porque estaríamos desprotegiendo la seguridad interior, la cohesión, los objetivos tradicionales. Si se quiere hacer un esfuerzo en seguridad, tiene que ser un esfuerzo adicional, no puede ser a costa de políticas que requieren de constancia y que llevan generaciones planteándose”.

En este contexto, ha subrayado que Castilla-La Mancha, que es la gran productora de vino del planeta, considera de gran importancia que la intervención sectorial vitivinícola tenga carácter obligatorio y traducirlo fundamentalmente en seguridad en la producción y en las medidas de innovación y de cambios que esta intervención supone.

“Nos importa sobre la calidad, las condiciones para adaptar las nuevas producciones a las nuevas demandas que se están produciendo particularmente con el blanco, y regular la dinámica de esta intervención y ese carácter obligatorio”, ha matizado, al tiempo que se ha mostrado convencido de “apostar, e incluso incrementar, el margen de apoyo para la promoción en terceros países”.

Solo un 12% de los agricultores europeos son considerados agricultores jóvenes

Por su parte, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que también ha hecho alusión al relevo generacional, ha explicado que, en la actualidad, apenas un 12% de los agricultores europeos son considerados agricultores jóvenes. De ahí que para Martínez Lizán, el debate que se abre ahora con la renovación del próximo periodo de la PAC no debe ser solo un debate agrario, “sino que debe ser una prioridad de futuro”.

Por ello, ha pedido que el nuevo documento sea una PAC fuerte y que “tenga una financiación vinculante, obligatoria, una apuesta integral por el desarrollo rural y, sobre todo, por una eliminación drástica del exceso de burocracia que en este momento hay”. En opinión del consejero de Castilla-La Mancha, “no solo hablamos de un relevo en materia agraria, sino de un montón de condicionantes que deben ir acompañados del tutelaje también de nuestras experiencias vividas en el campo por las personas mayores y que, además, creo que también las cooperativas pueden jugar un papel fundamental”. 

Incorporar a la mujer en el mundo rural, en el mundo agrario

“Creo que se debe dotar de medidas de acompañamiento, tanto medidas fiscales y administrativas, como hemos hecho en el caso de Castilla-La Mancha, con una ley pionera que se estableció para luchar contra el despoblamiento, pero también por la apuesta de incorporar a la mujer en el mundo rural, en el mundo agrario, ya que ha realizado un trabajo constante toda la vida, y nunca ha estado visibilizado”, ha añadido.

Los representantes del Gobierno regional han defendido, a su vez, el acceso al agua y la disponibilidad de la misma para el desarrollo agronómico general.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que no está justificado mantener el actual ritmo de trasvases como si la abundancia fuera la norma y sin contar con unas nuevas reglas de explotación que garanticen una transición ecológica justa para la sostenibilidad del río Tajo y la cuenca cedente.

Así lo ha asegurado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, durante el desayuno informativo organizado hoy por la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss en Toledo, en el que ha acompañado a su directora, Beatriz Larranz. En el encuentro, Muro ha destacado la colaboración imprescindible entre la Cátedra y la Agencia del Agua, que ha permitido elaborar la segunda propuesta técnica, enviada el pasado mes de diciembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Montserrat Muro ha lamentado que desde el Levante se pretenda que, debido a las lluvias registradas en febrero, se vuelva a gestionar el trasvase “como si la abundancia fuera la norma”, ha dicho, a lo que ha añadido que “durante décadas, el sistema de embalses de Entrepeñas y Buendía ha funcionado con un modelo pensado para maximizar los trasvases, sin asegurar su equilibrio a largo plazo”.

“Ese modelo ha generado niveles crónicamente bajos, más situaciones de excepcionalidad y una creciente fragilidad en las reservas de agua en la cuenca”, ha reiterado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Por ello, ha señalado que “mantener los embalses bajos, como ha ocurrido históricamente, ha aumentado la volatilidad del trasvase y ha puesto en riesgo la salud del río Tajo, por lo que no habrá estabilidad si no protegemos el recurso del que todos dependemos”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha afirmado la directora de la Agencia del Agua, “seguimos insistiendo al Gobierno de España en que tiene que cambiar la dinámica del trasvase, que no puede ser que se siga manteniendo una situación ajena a la realidad y ajena al cambio climático”. Muro ha explicado que todos estos recursos que se trasvasan “van a ser una merma de capacidad de regulación de los embalses de cabecera, lo que va a originar no solo problemas en el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños, sino también que se dilapide una reserva estratégica de agua de calidad mientras las reglas de explotación no contemplen ninguna otra circunstancia más que lo que hay ahora mismo estipulado”.

Caudales ecológicos y no mínimos, con una reserva estratégica de agua

A este respecto, Montserrat Muro ha recordado que, si no se actúa, se seguirán incumpliendo de forma sistemática las sentencias judiciales que avalan los planteamientos de Castilla-La Mancha de contar con un nuevo modelo de gestión en los embalses y que “por el río Tajo circulen unos caudales ecológicos reales y no mínimos”. Esto supone contar con una reserva estratégica de agua para poder garantizar los abastecimientos.

La directora de la Agencia del Agua ha valorado que los embalses de cabecera se encuentran actualmente en Nivel 1, lo que supondrá autorizar trasvases máximos de 60 Hm³ por parte de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, a pesar de que aún quedan pendientes de trasvasar 108,75 Hm³.

Asimismo, Muro ha criticado que el Gobierno de España pretenda esconderse detrás de recursos pendientes para aplazar hasta 2027 el cambio de las reglas de explotación y ha recalcado que Castilla-La Mancha seguirá insistiendo en los tribunales, con la nueva demanda que se está preparando durante este mes, donde hasta ahora siempre se han reconocido los planteamientos técnicos y la razón del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide en Europa una moratoria de la directa Marco del Agua “que está incluida en la ley” y asegura que no permitirá la revisión o extinción de derechos en materia de agua para la región.Así lo ha trasladado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; que ha confirmado que el presidente García-Page lo reclamará en su intervención ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones.

“Pedimos esta moratoria que permite la ley para que podamos continuar con el desarrollo de nuestras actividades y, al mismo tiempo, podamos proteger los espacios naturales”, ha explicado. Además, ha indicado que “compartiendo los objetivos que plantea la directiva y reconociendo en lo que nos ha beneficiado en materia de reconocimiento de derechos a Castilla-La Mancha, entendemos también que es el momento de revisarla y, sin duda, de establecer una moratoria”.

Desde Bruselas, Caballero ha incidido en que “podrá haber orientaciones distintas, objetivos distintos, pero en ningún caso vamos a permitir desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la revisión o extinción de derechos en materia de agua”. Asimismo, ha expresado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se lo está trasladando con mucha claridad también al Gobierno de España “para que no haya ni ajustes ni revisiones de derechos de agua en el sector agrario”.

José Manuel Caballero ha remarcado también que «si lo conseguimos, podemos decir que seguiremos con nuestra actividad buscando siempre la sostenibilidad”. Ha asegurado que desde el Gobierno regional están convencidos de “tener el respaldo del resto de comunidades autónomas de España y también la comprensión de otras regiones de Europa que entienden que las leyes están para mejorar vida de la gente y no para hacer imposiciones que pueden tener efectos muy negativos como sería la aplicación radical de esta directiva Marco del Agua».

El Gobierno regional trabaja con todos los actores implicados en materia de agua

“Es verdad que podemos tener acuíferos que tienen más dificultades, pero tenemos que dar respuestas conjuntas y consensuadas con el sector”, ha afirmado. Por este motivo, ha incidido en la actitud de escucha y colaboración el sector. “Tenemos que escuchar a los agricultores, a las organizaciones conservacionistas y a los ayuntamientos, pero hay que buscar soluciones conjuntas que garanticen un desarrollo sostenible, que impulsen el potencial agrícola que tenemos y que tenga en cuenta la sostenibilidad”, ha remarcado.

En el marco del Comité Europeo de las Regiones, Caballero ha avanzado que, como va a trasladar García-Page, “compartimos los objetivos y los criterios que regulan la resiliencia hídrica en Europa, que han beneficiado mucho a Castilla-La Mancha en infraestructuras y en derechos, pero también tenemos que saber que el agua es vida y el agua sirve para el desarrollo socioeconómico; por eso no vamos a permitir ningún tipo de recorte”, ha concluido.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha recordado que el Gobierno de España “tiene encima de la mesa nuestras propuestas para garantizar la vida en un espacio importante como son las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana”. Sobre este tema, ha señalado que “creemos en lograr un equilibrio entre conservar un espacio natural como son las Tablas de Daimiel, del que nos sentimos muy orgullosos, y al mismo tiempo, desarrollar una actividad agraria que sea sostenible y que aporte riqueza y bienestar”, ha explicado.

Caballero ha señalado que “en tanto en cuanto no existan otras alternativas, que no existen en estos momentos; no cabe ninguna posibilidad de recortar o de prescindir de una actividad agraria que es rentable y que a nuestro juicio es sostenible”. Ha recordado que “tenemos una apuesta clara en Castilla-La Mancha por conseguir un sistema que garantice el abastecimiento, que sea absolutamente sostenible y que tenga en cuenta toda la tecnología que existe en el mercado para ahorrar agua y para que esté en las mejores condiciones”.

Castilla-La Mancha trasladará al Intergrupo del Vino su apuesta por la reestructuración del viñedo

Por lo que respecta a la reunión de mañana del Intergrupo del Vino, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, las medidas contempladas en el Paquete del Vino deben contribuir al “blindaje absoluto de un sector estratégico para la región que supone una aportación fundamental para el desarrollo de la economía y el empleo en nuestros pueblos”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, lo ha manifestado en estos términos y ha añadido la necesidad de que la Unión Europea “asegure el presupuesto que necesita un sector que contribuye de manera tan decisiva a la economía de todas las regiones de Europa y que en Castilla-La Mancha se materializa en el 5 por ciento de nuestro PIB”.

Desde Bruselas, Julián Martínez Lizán ha defendido que, en políticas vitivinícolas, el Ejecutivo autonómico mantiene que “no podemos estar de acuerdo con arranques indiscriminados de viñedo en nuestro territorio porque supondría un grave peligro para la descapitalización de las cooperativas y peligraría la continuidad de las mismas”. Y, en cualquier caso, teniendo en cuenta las necesidades de agricultores y parcelas dentro del territorio “apostaríamos por un arranque muy quirúrgico, muy pequeño en dimensión que podría facilitar la salida digna de algunos agricultores”.

Por otro lado “también creemos que es fundamental el refuerzo de las líneas de actuación en cuanto a la promoción del vino terceros países, además aprovechando la coyuntura de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha puesto de manifiesto en estos últimos días y que pueden suponer un baluarte importante en la comercialización y la consecución de más valor añadido en esos países que han firmado los acuerdos con la UE”.

Por lo que respecta a la reestructuración, el consejero ha asegurado que “juega un papel fundamental para intentar adaptar nuestros viñedos y sobre todo las elaboraciones posteriores del vino a la demanda de los consumidores”. Por esta razón, Castilla-La Mancha considera muy importante el reforzamiento de esta línea de actuación para garantizar que todos aquellos viticultores que quieran realizar estos procesos de transformación tengan cobertura en sus peticiones.

“De esta manera tendremos el éxito que en Castilla-La Mancha estamos desarrollando respecto a otras comunidades autónomas, incluso otros países, en la venta de nuestros vinos, sobre todo porque se orientan esas restructuraciones al 70 por de lo pedido a viñedo de uva blanca”, ha afirmado el consejero. Además, Castilla-La Mancha puesta por reforzar el presupuesto de la reestructuración por encima de otras actuaciones de la Intervención Sectorial Vitivinícola.

Por último, el consejero ha abogado por apalancar el papel que los subproductos tienen en la fase de destilaciones, “con ese refrendo de poder aumentar las aportaciones económicas destinadas a esta cuestión, al igual que el refuerzo de VINATÏ, de las actuaciones de mejora y consolidación y ampliación de nuestras cooperativas y bodegas porque es lo que garantiza que esa calidad en el vino embotellado es la que refrenda mayor rentabilidad a las explotaciones de los viticultores”.