El comité de huelga de los funcionarios de la administración de justicia ha anunciado este martes en un comunicado que ha acordado por unanimidad suspender el parón indefinido que comenzó el pasado 17 de abril y se recrudeció el 22 de mayo hasta que haya un nuevo Gobierno, si bien ha avisado de que el «conflicto» continúa.
«La huelga indefinida queda aplazada hasta la constitución del nuevo Gobierno resultante de las elecciones generales» del 23 de julio, por lo que el Ejecutivo que salga de las urnas «ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo», ha dicho el comité de huelga, formado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCCO y UGT.
Asimismo, ha subrayado la necesidad de hablar con «otros responsables de Justicia», al considerar que al actual Ministerio de Pilar Llop «está en clara descomposición», a juzgar por «la cobarde actitud de sus máximos responsables», a los que culpa de permanecer «ausentes» de este «grave conflicto».
Así, ha achacado el inicio de la huelga a la «ineptitud» del Ministerio de Justicia y su continuidad al hecho de que haya permanecido «enrocado y a la defensiva», puesto que «sigue sin presentar propuesta alguna para abrir un proceso de negociación».
En este sentido, recuerda que «la situación no ha cambiado desde el pasado 13 de junio», cuando se produjo la última reunión. En las tres celebradas, no se ha debatido oferta económica alguna por parte de Justicia, que en el último encuentro ofreció su compromiso de retomar la negociación una vez superado el 23J y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga lo rechazó y optó por encerrarse unos días en el Ministerio.
En este contexto, uno de los últimos movimientos del comité de huelga ha sido solicitar una medicación extrajudicial, reprochando al departamento de Llop que «no ha respondido». En cualquier caso, ha avisado de que recurrirá a los tribunales para «hacer valer esta obligación legal».
Con todo, lo han calificado como «un Ministerio, amparado por su Gobierno, que no escucha, y que sólo sabe imponer su criterio vulnerando derechos fundamentales y humillar a sus empleados y empleadas públicas y que niega el derecho a la negociación colectiva».
«Ya que al Ministerio de Justicia no le importa la Justicia, la situación es muy grave y también creemos que es hora de, una vez más, ser más responsables que nuestros dirigentes políticos», han afirmado los cuatro sindicatos.
LA LLEGADA DE LAS VACACIONES
Por otro lado, han expuesto que, a pesar de que «la gran repercusión pública» de las movilizaciones muestra «el apoyo de la sociedad», «la llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación».
A ello han añadido «el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente».
Por todo ello, han acordado suspender la huelga indefinida, «pero dejando claro que el conflicto continúa». De hecho, han convocado ya dos jornadas de huelga general, una el 11 de julio, con una concentración ante el Palacio de La Moncloa, y otra el día 20, con un acto de protesta coincidiendo con la inauguración de la Presidencia española de la UE en materia de Justicia.
Además, han aclarado que seguirán «con las presiones a los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional» para explicar sus reivindicaciones y «para que el próximo Gobierno tome nota y sepa que tiene una cuenta pendiente antes de iniciar la propia legislatura».
También han anticipado que el miércoles pondrán a disposición de todos los funcionarios de justicia «un catálogo de funciones para arrojar luz sobre lo que se debe y no se debe hacer sobre la máxima de que ‘no se hace nada sin la presencia del juez o del LAJ cuando así lo exige la ley'».
Al hilo, han instado a los profesionales del sector –abogados, procuradores y graduados sociales– a que, en vez de culparles por los trastornos ocasionados, «exijan en los tribunales el cumplimiento estricto de esta obligación legal so pena de nulidad de actuaciones».
CASI TRES MESES DE HUELGA
Cabe recordar que los funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo –tras dos meses de huelga– con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales. Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea.
El acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cifras quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.
«No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de ‘ellos’, también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna», han incidido este martes.
