Existe un claro déficit de identificación, representatividad y liderazgo por parte de determinadas asociaciones y organizaciones empresariales cuyos objetivos deberían estar centrados en apoyar las exigencias de los autónomos y las pymes ante el gobierno de turno en lugar de compadrear con el poder. Los autónomos y las pymes (entre otras inclemencias políticas, burocráticas, legislativas, económicas, etc.) siguen pagando unas cuotas a la Seguridad Social excesivas (la tarifa plana de la Ley de Emprendedores es positiva pero se trata de una medida recaudadora e insuficiente) y soportando una agobiante presión fiscal que merma la competitividad e, incluso, la viabilidad de las mismas. Actualmente y debido a cuestiones de mera subsistencia empresarial, multitud de pymes se encuentran en una terrible encrucijada, puesto que deben elegir entre caminar hacia el concurso de acreedores o bucear en la economía sumergida. Algunas empresas que seleccionan esta segunda opción poseen un modelo de negocio viable pero tanto las trabas de la Administración como el entorno económico adverso no les dejan seguir otra dirección.
No es comprensible que las pymes, que aproximadamente conforman el 98% de nuestro tejido empresarial y crean el 80% del empleo en España, estén siendo expoliadas por parte de las Administraciones Públicas y, en concreto, por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Además, las pymes y los autónomos representan al colectivo empresarial que está sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis política, institucional y económica que está convirtiendo a España en un país tercermundista.
¿En qué medida es culpable el sistema fiscal actual del gran tamaño de la economía sumergida española (el 20% de nuestro PIB, aproximadamente)?
¿Tenemos los españoles un sistema fiscal diseñado con el objetivo de favorecer únicamente a la Administración y que, de forma paralela, asfixia a las pymes, a los autónomos y a las familias de clase media? ¿El sistema fiscal español resta crecimiento a nuestra economía y afecta negativamente a la creación de empleo? ¿Los impuestos que pagan los españoles están erróneamente diseñados y estructurados?
Numerosos expertos en materia fiscal atestiguan que nuestro sistema impositivo está obsoleto, tanto es así, que el Gobierno tiene previsto reformarlo (esperemos que la futura reforma no la firme Montoro). También desde Bruselas aconsejan a España que acometa una reforma a tal efecto acompañada de una reducción de la Administración y del gasto público improductivo al objeto que la recaudación fiscal no sea absorbida por las triplicidades administrativas y, al contrario de lo que sucede en la actualidad, pueda ser destinada a activar la economía productiva.
¿Ha cometido un error el Gobierno al subir los impuestos en plena recesión, intentado con ello combatir el déficit a través de un injusto y brutal ajuste fiscal?
¿España dejara atrás la recesión en el tercer trimestre del presente año o continuará la misma en 2014? ¿Podría abandonar nuestro país la actual recesión y, después de un amago de recuperación económica, volver a entrar en otra nueva recesión? ¿Se recuperará nuestra economía y crecerá en 2014, tal como pronostica el Gobierno, o en ningún caso antes de 2015 según las previsiones del FMI? ¿Es posible que nuestra economía se japonice y sufra un duradero estancamiento?
Ciertamente, a España le queda un pedregoso camino que recorrer antes de experimentar un crecimiento económico sostenido, esta es la única premisa que debemos aceptar como referencia válida.
Desde 2007 se han destruido en España cerca de cuatro millones de empleos y varios cientos de miles de negocios. Consecuentemente, será difícil darle la vuelta a este proceso económico destructivo. No obstante, nuestro país podrá crecer y crear empleo si gana la batalla de la productividad, para ello, deberá transformar su ineficiente sistema productivo en un modelo sostenible. Pero antes, deberíamos levar algunas anclas: tenemos un sistema financiero que, según la troika y a pesar de la inyección de liquidez, se encuentra en un círculo vicioso debido a que las necesidades de capital provocan que las pymes y las familias no tengan acceso al crédito; nuestro mercado laboral no es flexiseguro; el consumo interno sigue en cotas mínimas debido a los impuestos confiscatorios del Gobierno; la Administración sigue gastando improductivamente sin controlar la deuda pública…
Igualmente, en España, tanto el modelo electoral y la estructura de los partidos políticos como el sistema judicial están diseñados a medida de los intereses de la casta política propiciando la aparición de la corrupción. ¿Es posible reducir el tamaño de nuestra economía sumergida con una casta política corrupta, unos partidos políticos antidemocráticos y una Justicia politizada? No es un asunto baladí, puesto que está en juego una recaudación que podría rozar los 20.000 millones de euros.
El sistema político corrupto actual es uno de los factores que impide a España crecer y justifica las razones por las que la economía sumergida está socialmente aceptada.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
Vaya panfleto neoliberal…. El análisis necesario es el que incide en que la presión fiscal en España es proporcionalmente elevadísima en el IVA, en los impuestos indirectos, sin embargo es relativamente baja en los impuestos directos.
Y no sólo eso, es que la presión fiscal que garantizan los impuestos sobre las rentas son demasiado altas para las rentas bajas y muy bajas, o casi inexistenten para las grandes rentas. El último tramo de nuestro IRPF tendría que ser del 90 %, o al menos del 75 % como en Francia. Y lo mismo en el impuesto de sociedades, lo que redundaría en una mayor tasa de inversión de las empresas y en menos reparto de dividendos, que ya basta de que nos roben.