Con un aforo inusual, debido al cumplimiento estricto de las medidas de seguridad por incidencia de la COVID-19, aunque con una nutrida representación de las instituciones, estamentos, organizaciones y entidades, el Palacio de la Diputación de Ciudad Real se ha convertido esta mañana en altavoz contra la violencia de género y de la justa demanda de protección a las víctimas de esta lacra social que siega vidas de mujeres y menores.
Hasta un total de 41 en lo que va de 2020 en nuestro país y más de 1.000 desde que se comenzaron a elaborar estadísticas en España, hace 17 años.
Bajo el lema «Nos queremos vivas, os queremos vivas», el Palacio de la Diputación se ha enfundado del morado que hace más visible la noble causa y el difícil reto de acabar con la violencia contra las mujeres para acoger un acto institucional en el que el presidente anfitrión, José Manuel Caballero, ha reclamado la unión de toda la sociedad frente a una lacra que hay que seguir combatiendo, aun más, si cabe, en tiempos de pandemia. Lo urgente, según ha dicho, es salvar vidas, pero no hay que olvidar que el confinamiento agrava los daños de quienes viven con sus verdugos y que, en muchos casos, son agredidas hasta la muerte.
Para Caballero, el lenguaje no es neutral, los hombres que matan a las mujeres son «asesinos». No ha dudado en confesar que le enerva y que le resulta «ofensivo», escuchar posibles motivos, con más razón si quien habla es un representante político, para justificar al culpable sin dedicarle ni un solo segundo a la víctima.
Considera, no obstante, alentador que se desarrollen actos como el de hoy, al que asisten hombres y mujeres de muy diversa procedencia, en los que se reivindica que aspiramos a vivir en una sociedad decente, madura y avanzada.
«Estamos aquí porque queremos una sociedad que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijas e hijos; porque queremos una sociedad donde se castigue a los agresores y se proteja a las víctimas de manera integral, ofreciéndoles una respuesta social y laboral que no las revictimice; porque tenemos un compromiso de levantar el velo de silencio que oculta lo que según Naciones Unidas es el crimen encubierto más frecuente en el mundo», ha dicho.
Desde la Diputación de Ciudad Real se aplican en combatir la violencia de género, aunque Caballero reconoce que queda mucho por hacer, que todos y todas podemos hacer más por muchas razones, tantas como vidas de mujeres que siguen sufriendo y viven amenazadas porque no están seguras y no son libres sólo por ser mujeres. En este sentido, ha anunciado que, como institución provincial, se han marcado el reto y el compromiso de garantizar los recursos necesarios para luchar con más fuerza contra la violencia machista en las zonas rurales.
Ha precisado, no obstante, que tan importante como proteger a las víctimas es la prevención y la sensibilización frente a la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes. Por eso estima conveniente incorporar al currículo educativo formación específica en igualdad y en educación afectivo sexual, así como elaborar programas contra la violencia de género a través de las redes sociales.
Ha afirmado, asimismo, durante su intervención que no podemos ser meros espectadores, que tenemos la obligación de actuar de inmediato y atender el grito, «a veces silencioso», de miles de mujeres. Sobre todo porque tenemos que conseguir que aflore el miedo y el sufrimiento que, hasta ahora, está oculto por temor a sentirse abandonadas por las familias, la sociedad o las instituciones.
En otro orden de cosas, la vicepresidenta quinta y responsable del Área de Atención a las Personas, Igualdad y Participación, Petra Sánchez Bonales y las diputadas provinciales Cortes Valentín y María Teresa Ortega han dado lectura a la declaración de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se incide en la necesidad de una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúen en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19. Y se recuerda también que las instituciones deben continuar con la prestación de servicios y la puesta en marcha de soluciones innovadoras para proteger los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo.
El acto institucional ha comenzado y finalizado con la actuación de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza José Granero de Puertollano: Carme Portus, Macarena Alonso, Claudia Villar y Marta Espinosa. A través de una conmovedora coreografía, las bailarinas han acercado a las personas asistentes a la lacra de la violencia machista, poniendo de manifiesto que el arte tiene una forma profunda de comunicar, a veces más profunda que las palabras. Para todas ellas Caballero ha tenido palabras de agradecimiento y ha destacado que ayuden con su actividad a visibilizar la cultura durante la pandemia.
En el patio del Palacio provincial se han dado cita la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo; la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros; la presidenta de la Audiencia provincial, María Jesús Alarcón; el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en Castilla-La Mancha, Jesús Gil y representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como varios miembros de la Corporación provincial y senadores, entre otras autoridades.
Reproducimos a continuación el manifiesto íntegro de la FEMP:
«Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la Diputación Provincial de Ciudad Real reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad.
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros.
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de la protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad.
Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad.
Este desafío pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas.
En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo.
Para ello, desde la Diputación Provincial de Ciudad Real: -Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.
-Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección.
-Reivindicamos el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles.
-Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
-Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.
-Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor en el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID.
-Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
-Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género.
-Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas.
-Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo».
Llamar lacra a algo que ha provocado 1.000 muertes en 17 años, diría que es un poco exagerado, y lo digo COMPARATIVAMENTE con otras causas de muerte que pasan desapercibidas porque parece ser que ni dan votos ni generan subvenciones.
Y es que las mujeres del mundo rural permanecen muchos años, una media de 20, en relaciones de maltrato y violencia de género antes de ser capaces de denunciar o verbalizarlas……
Eso es una generalización bastante atrevida. Se te va a echar encima el Ministerio de la verdad, bueno, al medio del que has copiado ese texto y que se hace eco de estudios llevados a cabo por parte interesada. Y cuando digo parte interesada me refiero al Ministerio de Igualdad que tiene que buscar datos, aunque sean mínimos, para justificar su existencia.