Cuando un ciudadano pide ayuda a los políticos tras tres años de calvario con el Ayuntamiento de Valdepeñas

José Antonio Jaime Plaza.- Después de haberme tranquilizado por la expulsión de la portavoz de VOX del pleno de Valdepeñas del día 7 febrero, me dirijo a los medios para dar una noticia de primera mano, por ser la persona causante de tal hecho.

Esta señora, estaba leyendo un escrito mío (de José Antonio Jaime Plaza), el de un ciudadano cualquiera que ha sido atropellado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y al Señor alcalde no le pareció apropiado que leyera eso. Y después de las advertencias correspondientes la expulsó del pleno. Y ahora, como digo, una vez tranquilizado, me dirijo a la prensa, radio, televisión que quiera escucharme, para que a través de ellos, se pueda comunicar a los ciudadanos lo que les puede ocurrir, en caso de caer en manos de un ayuntamiento que viene denegando durante más de tres años y medio un acto licito demostrado por la Ley, como es hacer una gasolinera en una parcela de uso industrial.

Ni que decir tiene que tengo las pruebas para demostrar lo que digo. Y por eso pedí a la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valdepeñas que expusiera esto, cuando llegara el punto 7 del pleno, por estar relacionado con dicha gasolinera, pues en este punto se trataba de anular unos decretos que eran nulos de pleno derecho, pero que me impidieron ilegalmente hacer un acceso para la gasolinera denegada, el ayuntamiento dio su brazo a torcer y los anuló.

Como las personas tenemos un aguante y como quiera que el tema está judicializado, y la justicia tarda lo que tarda, viendo la injusticia y la oportunidad del pleno opté por pedir que el ayuntamiento anulara también los decretos denegatorios de la gasolinera por tener tanto derecho a ello, como el ayuntamiento de anular los del acceso (mea culpa) y como yo no lo puedo hacer, pretendía que lo hiciera quien no los debería haber redactado y los anulara.

Es decir, se trataba de un acto de trámite legal justo y efectivo. Y esto justifica sobradamente la intervención de la portavoz de un partido de la oposición como VOX, a la cual se lo pedí por ser periodista, pero en nombre de todos los partidos de la oposición tal y como ella misma dijo, con el fin de que ayudaran a un ciudadano que sufre una injusticia manifiesta durante el tiempo, más que suficiente, y no sabemos cuánto más.

No sé si será una coincidencia, pero me he enterado hace poco, que cercana a mi parcela existe una instalación con gasolinera de aparcamiento de camiones propiedad del ayuntamiento y dada dicha cercanía, que no pueda ser esto el motivo de una denegación tan cerrada, cuando el ayuntamiento está advertido de que yo puedo hacer esa gasolinera, como he demostrado en el recurso de reposición. Siempre me quedará la duda de las intenciones del ayuntamiento, pero no es normal todo lo que ha pasado y sigue pasando.

ESCRITO PARA LEER EN EL PLENO DE FEBRERO DE 2022

El ciudadano D. José A. Jaime Plaza se dirige a nosotros, (partidos de la oposición) aprovechando que se van a anular dos decretos del acceso, que le afectan positivamente, pidiéndonos ayuda, ante lo que él llama tardanzas e ilegalidades del ayuntamiento de Valdepeñas, pues dice que tres años y medio soportando denegaciones ilegales es insoportable.

Refiere que pidió el 30/07/2018 compatibilidad para hacer una gasolinera en su parcela 25 del polígono 157. Esta le fue denegada por una notificación del concejal de urbanismo, que contenía un informe del arquitecto jefe de sección de urbanismo denegando tal compatibilidad el 9/08/2018.

Este Sr. dice que se dedicó en cuerpo y alma a estudiar el tema, y dio pasos intermedios presentando 2 alegaciones (no contestadas) y un estudio de viabilidad el 15/03/2019, que se tardó 11 meses en contestarlo, denegado igualmente. No estando de acuerdo con el informe, este Sr. el 15 de Mayo 2019 presentó denuncia por presunta prevaricación del arquitecto, por haber descubierto ya arbitrariedades y falsedades en el informe mencionado del arquitecto. Y el 25 de ese mes, lo recusó puesto que el arquitecto no daba señales de vida.

En sustitución del mismo, el alcalde puso a pesar de no ser funcionaria a la jefa del servicio de obras (contratada), y ésta por adopción del informe del arquitecto, denegó el estudio de viabilidad y la compatibilidad, sin ser competente para ello. Cuando estuvo totalmente seguro de que el informe del arquitecto era inválido, por no aplicar el régimen de suelo rústico de reserva, que estaba permitido por art 67. De la TRLOTAU, presentó proyecto el 30/03/2020.

Viendo que el ayuntamiento no había contestado el 21/07/2020, habiendo pasado más del tiempo tasado, se auto-otorgó la licencia de obra de acuerdo a la Ley por silencio administrativo positivo, la que fue ilegalmente denegada el 11/08/2020 en decreto 2020D02438, ya que esta acción es un acto prohibido por la ley. Y lo que es tan importante, la nulidad de pleno derecho del referido decreto como demuestra el recurso de reposición que presentó el 24/09/2020.

También demuestra este recurso que son nulos todos los decretos que se basen en el informe del arquitecto demostrado invalido, y doblemente nulos, si están firmados por la Jefa de servicio de obras, que adopta dicho informe por no estar cualificada. Estas acciones de ilegalidad, junto al nombramiento irregular de la jefa del servicio de obras, hicieron que este Sr. denunciara por presunta prevaricación del alcalde y del Secretario general en el juzgado nº2 de Valdepeñas el 9/04/2021. Y a la Jefa de servicio de obras, por aceptar un cargo para el cual no estaba cualificada, por ser contratada y no funcionaria. Con fecha 15/02/2021 (a los cinco meses) por medio de decreto 2021D00462 del expediente 2020URB00165 el Sr. Jaime recibe lo que debería ser la contestación al recurso de reposición presentado el 24/09/2020, pero no había ninguna contestación al recurso, y dicho decreto era denegatorio de nuevo, basado en el informe inválido.

Por eso presentó demanda contencioso- administrativa en Marzo de 2021, que era lo único que podía hacer. Otro despropósito más, demostrativo de las muchas tardanzas e ilegalidades cometidas por el ayuntamiento. Dice este Sr. que este decreto es nulo también, por ausencia de informes técnico y jurídico, y denegar la licencia de obra. Y el ayuntamiento prefirió alargar el tiempo, en lugar de aplicar la ley correspondiente demostrada en el recurso.

Prosigue este Sr. relatando que, el juzgado Nº2, en dos años y más de siete meses a pesar de ser un procedimiento abreviado, lo único que ha hecho es tomar declaración a este Sr., para que se ratificara en las denuncias (en la última el 27/09/2021, él mismo demostró la invalidez del informe del arquitecto ante el abogado de este y el Juez) de esto hace ya más de cuatro meses. Este retraso se debe a que hay un juez suplente bastantes meses, que parece permanecer a la espera de que vuelva la juez titular.

Esperemos que vuelva pronto. Desde el 15/02/2021 en que estuvo citado el arquitecto para declarar, hasta ahora no ha declarado, por una serie de aplazamientos del juzgado (un año de retraso). Para colmo añadido el Sr. Jaime se ha enterado, de que existe una gasolinera del ayuntamiento en polígono Entrecaminos muy cercana a su parcela, y podría ser este el motivo de tanta denegación ilegal, para no tener competencia cercana. Por lo que pide también al alcalde, que justifique tanta ilegalidad junta en un mismo expediente ,el 2020URB00165, o bien tome cartas en el asunto, como ha hecho en el caso del acceso, anulando todos los decretos de este expediente al ser nulos de pleno derecho igualmente, tomando medidas inmediatamente y conceder las licencias de obra que se otorgó este Sr. legalmente el 21/07/2020 vigentes en ambos casos (gasolinera y acceso), por silencio positivo, además, dice, que el silencio positivo lo es por razón de la materia, que en el caso examinado encuentra su cobertura competencial en los artículos 149.1.13ª y 25ª de la Constitución Española.

De manera que no se pueden prohibir las licencias, con una ley autonómica como pretende el ayuntamiento con la TRLOTAU. Y tiene que aceptar el imperativo legal de la jerarquía normativa de una ley básica estatal. De otro modo, dice este Sr., llegaremos a más de cinco o seis años dada la lentitud de los juzgados, y para entonces hacer una gasolinera no tendrá sentido.

El ayuntamiento lo está haciendo bien para él si quiere quitarse la competencia. Pero todo el daño infligido, y sus consecuencias, previsiblemente lo tendrán que pagar los ciudadanos de Valdepeñas, sin tener culpa. Y este Sr. dice que no tenía que haber soportado ninguna denegación ilegal, ni tener que defenderse, siendo que la gasolinera según ley la podía haber hecho por imperativo legal, de no haber sido por el atropello y ansias denegatorias del ayuntamiento, que ha demostrado ser muy incompetente por ello, o lo que puede ser peor.

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